El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó una evaluación sobre el programa Stand By otorgado en el año 2018 al país. El documento fue usado para profundizar el cruce de acusaciones sobre las responsabilidades en la crisis. Una lectura más objetiva lleva a confirmar que la principal causa de la larga decadencia argentina es el crónico déficit fiscal y que éste trasciende las diferencias de administraciones. Según el Ministerio de Economía, en los últimos 60 años no hubo déficit fiscal sólo en 6. Pero aún en estos 6 años, que transcurren entre el 2003 y el 2008, el superávit se consiguió gracias a que la contabilidad pública no registraba como gastos los juicios que generó la falta de movilidad de las jubilaciones ni los intereses de deuda que no se pagaban porque se estaba en default. Es decir que, bien medido, se acumulan 6 décadas de desequilibrio fiscal.

La contundencia de esta evidencia lleva a plantear que la necesidad más imperiosa es sanear las cuentas públicas. Para lograrlo, frecuentemente se considera como prioridad corregir el sobredimensionamiento del plantel de empleados públicos. Pero con el mismo énfasis se plantea que es imposible por razones políticas y sociales.

La pregunta relevante que cabe hacerse es si efectivamente el gasto en personal es el más decisivo como determinante del déficit fiscal. Tomando datos del Ministerio de Economía y del Banco Central y considerando a los intereses que paga el Banco Central por sus pasivos como parte del gasto público total nacional, el Instituto de Desarrollo Social Argentino (IDESA) observó que:

• El gasto en personal representa el 9% del gasto público nacional.

• El gasto en subsidios a la luz, gas y transporte representa el 12%.

• El gasto en intereses pagados por el Tesoro y el Banco Central representa el 19%.  

Estos datos muestran que el gasto en salarios de los empleados públicos es menor que lo que el Estado nacional gasta en subsidios a la luz, gas y transporte. Asimismo, representa menos de la mitad de lo que el Estado nacional paga de intereses por sus deudas. Claramente que el abordaje para equilibrar las cuentas públicas pasa mucho más por los subsidios económicos y los intereses que por los recortes al empleo público.

Esto lleva a plantear con énfasis que el factor más urgente y decisivo para reducir el déficit fiscal son los subsidios. Aun cuando el sinceramiento tarifario sea gradual y contemple la situación de las familias de menores ingresos, hay amplio espacio para reducir los subsidios económicos. Con menos subsidios el déficit puede ir disminuyendo y junto son ello surge la posibilidad de pagar menos intereses por la deuda. Tanto los intereses que paga el Banco Central por las Leliq y pases que debe colocar en los bancos para absorber los excesos de emisión monetaria, como los que paga el Tesoro por la deuda que emite para financiar el déficit. Después del gasto social, los subsidios y los intereses son los dos ítem que más pesan en el gasto público y están entrelazados. La reducción de los subsidios trae aparejado la reducción de los intereses.

En materia de empleo público el principal desafío no es reducir la masa salarial sino mejorar su productividad. Es cierto que hay muchas áreas del Estado donde hay personal redundante, sin funciones relevantes, alta desmotivación y con bajos niveles de competencia para la función pública. Corregir estos desvíos es muy importante, no tanto por los ahorros que puede llegar a generar, sino porque permitirá elevar la capacidad de gerenciamiento público. Abordar con un enfoque moderno e innovador la administración de los recursos humanos dentro del Estado es un tema prioritario porque es un paso decisivo en la búsqueda de un sector público más eficiente.

Es falso el argumento de que no se puede reducir el déficit fiscal porque no es viable corregir el sobredimensionamiento de empleados públicos. Las evidencias muestran que para comenzar a corregir los desequilibrios de las finanzas públicas es mucho más urgente y pertinente poner racionalidad en las tarifas de los servicios públicos. Esto no solo permitirá corregir inequidades en favor de personas de ingresos medios y altos fuertemente concentradas en la región metropolitana sino también reducir el déficit fiscal. Reduciendo el déficit fiscal la cuenta de intereses a pagar también se morigerará.

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