El rol que han asumido distintos organismos del Estado en sensibles causas de corrupción desde que llegó al poder el gobierno de Alberto Fernández ha generado muchas suspicacias. En especial la AFIP, la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera (UFI), que se han retirado como querellantes en expedientes como “La ruta del dinero k”, “Los Sauces-Hotesur”, y la de los “Cuadernos de las coimas”, por citar solo los más emblemáticos que involucran a dirigentes y empresarios vinculados al kirchnerismo, empezando por la ex mandataria Cristina Kirchner.

Esta situación se produce en un contexto enrarecido. En septiembre de 2020, la interventora de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), Cristina Caamaño, presentó una denuncia ante la Fiscalía Federal 2 de Mar del Plata, a cargo de Daniel Adler, por un supuesto espionaje ilegal realizado durante el Gobierno de Mauricio Macri a familiares de los tripulantes fallecidos en el submarino ARA San Juan. El material de inteligencia, se dijo, habría sido encontrado en soportes digitales en la Delegación Mar del Plata de la AFI: “Fueron hallados puntualmente en tres discos rígidos diferentes. que incluían 29 archivos digitales”.

La misma Caamaño ahora halló un video donde se muestra al ex ministro de Trabajo de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal diciendo que si fuera por él, crearía una Gestapo contra sindicalistas, en obvia referencia a la policía secreta de Hitler. También el material fue hallado en discos rígidos.

Estas son apenas 2 ejemplos de lo que intenta instalar el kirchnerismo: que en la Argentina hubo un law fare, es decir, una persecución judicial y mediática contra sus líderes. De hecho, hace pocas semanas se organizaron unas desopilantes jornadas en el predio de la ex Esma llamadas “«El lawfare en América Latina y su impacto en la vigencia de los derechos humanos”.

Pero para imponer el relato, no alcanza solamente con avanzar contra la justicia. También se torna necesario cooptar organismos estratégicos del Estado, más vinculados a aspectos técnicos que políticos. Esta maniobra no hace más que generar un debate sobre quienes deberían estar al frente de dichas oficinas públicas, si figuras elegidas por el gobierno de turno o personas que lleguen al cargo mediante mecanismos más sofisticados.

Oficina Anticorrupción (OA)

El 14 de mayo de 2020, la OA, a cargo de Félix Crous, reconocido miembro de la agrupación judicial K Justicia Legítima, anunció que abandonaba su rol como querellante en las causas llamadas “Los Sauces” y “Hotesur”, donde a fines de noviembre de este año fue sobreseída la vicepresidente Cristina Kirchner, sus hijos, y varios imputados más.

Cinco meses después, el 20 de octubre de 2020, la Oficina Anticorrupción fue por más: dejó de ser querellante en todas las causas penales en las que era parte, exactamente 32 expedientes, con la excusa de poner más “el foco en la prevención y menos en el avance de casos de corrupción”.

Las causas principales que decidió abandonar son las conocidas como “La Ruta del Dinero k”, “Vialidad”, “Cuadernos”, “Yacimientos Carboníferos Río Turbio”, entre otros. Si bien algunos de ellos ya están elevados a juicio oral, y otros ya tienen condena, como “La Ruta del dinero K”, no deja de ser una decisión muy llamativa.

El art 2, inciso e del Decreto 102/99 del 29 de diciembre de 1999, que reglamentó la creación de la Oficina Anticorrupción, creada durante el gobierno de Fernando De la Rúa ni bien asumió, a través de la ley 25.233, establece que la OA puede “constituirse en parte querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado”. En los hechos, ello implica que tiene acceso al expediente, puede pedir medidas de prueba, indagatorias, detenciones y aportar documentación, lo que no es poco.

En la página web del organismo, entre sus funciones se destaca: “Trabajamos para fortalecer la ética y la integridad en la administración pública nacional, a través de la prevención e investigación de la corrupción y la formulación de políticas de transparencia”. Cuando decidió retirarse como querellante de las causas, Crous señaló que “a mi entender, se permitió de manera errónea que organismos públicos sean querellantes en muchas causas. En este caso se investigan delitos de lavado de activos y no es materia de la Oficina Anticorrupción”.

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)

Apenas asumido el nuevo gobierno, fue nombrada al frente de la AFIP Mercedes Marcó del Pont, ex jefa del Banco Central durante el gobierno de Cristina Kirchner y muy allegada a la actual vicepresidente.

El 8 de septiembre de 2021, el organismo tributario desistió de ser querellante en el juicio contra Cristobal López, Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray en el caso “Oil Combustibles”. Y más recientemente, el ente recaudador convalidó un pedido de la ex mandataria para no abonar una deuda de $8 millones, suscribiendo “la nulidad de los títulos ejecutivos” solicitados.

La razón técnica aducida es una presunta irregularidad en la notificación de la Orden de Intervención (OI). La ex jefa de Estado, en uno de sus descargos, manifestó que debió ser notificada en un domicilio distinto al domicilio fiscal, que es donde la AFIP siempre cursa sus intimaciones y órdenes.

Pero la contribuyente fue notificada. Efectivamente, se realizó la notificación pertinente en el domicilio fiscal declarado por ella, Alcorta 76, en la ciudad de Río Gallegos, que es donde funciona el estudio de su contador Victor Manzanares.

En febrero de 2020, Cristina Kirchner había formulado una presentación a la AFIP denunciando presuntos “manejos ilegales y operativos clandestinos” durante el gobierno de Mauricio Macri. Luego de ello, el 14 de diciembre del mismo año, fue el propio organismo, a través de su titular, Mercedes Marcó del Pont, el que amplió la denuncia, donde, haciéndose eco de lo señalado por su jefa, advirtió sobre la existencia de una “matriz de persecución política”.

Pero en la denuncia, la vicepresidente no niega la existencia de la deuda, ni tampoco la de sus hijos Máximo y Florencia. A pesar de ello, el organismo tributario validó los argumentos esgrimidos por ella.

También cabe mencionar que a través de la Disposición 487 del 13 de diciembre de 2019, fue designada en la AFIP la abogada Silvia Traverso como Directora General de Aduanas, quien, según fuentes del organismo, “fue una estrecha colaboradora de Marcó del Pont en la Fundación FIDE (Fundación de Investigaciones para el Desarrollo)”, cuya Presidente en uso de licencia es la jefa de la AFIP. Además de ello, siempre de acuerdo a las fuentes citadas, “no tiene ninguna experiencia en el complejo tema aduanero”. Traverso es vocal en la mencionada Fundación.

Por otra parte, mediante la Disposición 278 publicada en el Boletín Oficial con fecha 2 de julio de 2021, la Administración Federal de Ingresos Públicos confirmó sugestivos y trascendentes cambios internos en la Dirección Regional Mar del Plata que habían sido anticipados un mes antes a través de un correo interno.

El dato más contundente fue la presencia de Horacio Curien, un hombre estrechamente ligado al ex mandamás de la AFIP, Ricardo Echegaray, que si bien no aparece en la Disposición formal, sí fue mencionado en el mail que envió el titular de la Regional Mar del Plata, Mariano Pérez Rojas, donde afirma que lo designará como “Director Regional Adjunto”, un cargo que formalmente no existe.

Pero además de Curien, hubo cerca de 30 nombramientos y desplazamientos. La Regional Mar del Plata es una de las más importantes del país, abarcando las localidades de Balcarce, Necochea, Pinamar, Tandil y Ayacucho, y fue clave a la hora de determinar la maniobra con facturas apócrifas que habrían beneficiado a Lázaro Báez, presunto testaferro de los Kirchner, que originalmente comenzaron en Bahía Blanca.

La AFIP está integrada por la Dirección General de Aduanas (DGA), la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social (DGRSS). La DGI es el principal organismo recaudador de los recursos públicos, cuya Jefa actual es nada menos que Virginia García, ex cuñada del diputado Máximo Kirchner,

Unidad de Información Financiera (UIF)

La UIF fue creada el 5 de mayo del año 2000, a través de la ley 25.246, con el objetivo central de “prevenir, detectar y contribuir al control penal del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, al recupero de bienes producto del delito y al desarrollo de propuestas político-criminales en la materia”. El organismo es presidido desde el pasado 7 de diciembre Juan Carlos Otero, quien asumió luego de la renuncia de Carlos Cruz, que lo conducía desde enero de 2020.

En los 2 años de gestión con el nuevo gobierno, el organismo no impulsó ninguna acción tendiente a explicar la conexión entre unos bienes embargados por la justicia en unas islas británicas y el dinero proveniente del ex secretario privado de los Kirchner, Daniel Muñoz, fallecido en mayo de 2016, en un desprendimiento de la causa de los cuadernos de la corrupción k.

Pero además de ello, tampoco hizo nada para lograr la cooperación de la justicia de los EEUU para dar con un abogado y empresario clave en esta trama, Sean Lawrence Sullivan, con pedido de captura internacional desde febrero de 2019.

Al igual que la Oficina Anticorrupción, la UIF se retiró como querellantes de importantes causas vinculas a la corrupción k. En cambio, se instituyó como tal en el expediente que investiga la existencia de 950 cuentas de argentinos radicados en el exterior, que no habrían sido declaradas en el país por una suma cercana a US$ 2.600 millones.

Dicha investigación penal se originó tras “una presunta protección de evasores por parte de las autoridades que tuvieron a su cargo la dirección de la AFIP hasta el 10 de diciembre de 2019, ya que esta Agencia habría ocultado la información relativa a esas cuentas”, se indicó.

También en junio de 2020, la Unidad de Información Financiera pidió ser querellante en el caso Vicentín, al sostener que la firma en cuestión “integra un grupo empresario con una situación económico-financiera saludable y habría remitido buena parte de sus ganancias al exterior mediante maniobras, que se presentan al menos como sospechosas”, en aparente connivencia con ex funcionarios del Banco Nación durante el gobierno de Macri.

Durante la gestión de Mariano Federici y María Eugenia Talerico, entre 2016 y 2019, se produjo un aumento del 135% en la cantidad de querellas asumidas por la UIF, pasando de 70 registradas en 2015, a 165 en 2019.

En agosto de 2020, la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade, presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de reforma de la UIF. Entre otras cosas, afirmaba que  las autoridades del organismo debieran ser seleccionadas “mediante concurso público de oposición y antecedentes por una Comisión Ad-Hoc”, integrada por un conjunto de notables. El proyecto nunca fue tratado en el recinto, por lo que el 28 de febrero de 2022 perderá estado parlamentario. Este asunto será tratado por este medio en un próximo artículo.

Luego de las derrota oficialista en las PASO del último 12 de septiembre, algunos funcionarios del gobierno ligados estrechamente a Cristina Kirchner presentaron sus renuncias. Pero ni siquiera amagaron con hacerlo Félix Crous y Mercedes Marcó del Pont.

Las razones son obvias.