Los diputados bonaerenses del Frente de Todos (FdT) pidieron este martes el juicio político del procurador de la provincia Julio Conte Grand por presunto mal desempeño de sus funciones, al estar sospechado de participar de la mesa judicial integrada por exfuncionarios del gobierno de María Eugenia Vidal con el supuesto fin de espiar y armar causas judiciales contra dirigentes opositores y sindicalistas.

"Como representantes del pueblo de la provincia de Buenos Aires tenemos el deber y la responsabilidad de avanzar con este mecanismo que nos confiere la Constitución provincial y la ley 4434 de juicio político al Procurador General de la provincia", anunció el titular del bloque del FdT, Cesar Valicenti.

El pedido de juicio político fue anunciado por representantes de esa bancada en conferencia de prensa en el Auditorio del Anexo de la Cámara de Diputados provincial en la ciudad de La Plata.

El inciso 2 del art. 73 de la Constitución bonaerense establece que es competencia de la Cámara de Diputados acusar ante el Senado a distintos funcionarios provinciales por delitos en el desempeño de sus funciones o falta de cumplimiento de los deberes a su cargo.

La vicepresidenta del bloque del Frente de Todos, Susana González, detalló que la nota con el pedido de juicio político "será sometida a sesión extraordinaria, con las 2/3 partes se podrá hacer prosperar la denuncia, o no, y si prospera se debe designar una comisión integrada por 5 miembros que deberán verificar la documentación que se aporte y requiera para poder formalizar la acusación ante el Senado y que el Senado haga su juicio de mérito al juicio político al Procurador y decida el apartamiento preventivo".

En el texto, firmado por los 43 legisladores del oficialismo, se destacan tres elementos tenidos en cuenta para el pedido: "La pertenencia partidaria del Procurador General a la fuerza opositora Juntos y su subordinación funcional a los líderes de ese espacio político, expresadas en la foto tomada a Julio Conte Grand almorzando junto al ex Presidente Mauricio Macri el pasado 9 de diciembre; la manifiesta persecución judicial montada desde estructuras del Ministerio Público del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, sostenida e impulsada desde el orden nacional con instalaciones en territorio bonaerense y producción de inteligencia ilegal; y la efectiva instrumentalización del Ministerio Público bonaerense para llevar adelante un plan de persecución judicial a gremialistas que dejó en evidencia el video que tomó estado público el pasado 27 de diciembre".

En tanto, el vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados, Ruben Eslaiman, fue otro de los oradores de la conferencia. "Hoy decimos basta, no queremos más espionaje, más escuchas, ni que se persiga, ni que se espíe a ningún ciudadano de la provincia, sea quien sea, estas cosas no pueden seguir sucediendo en nuestro país ni en la provincia de Buenos Aires", dijo.

Los tres legisladores brindaron un detallado recorrido por varias medidas y acciones tomadas por Conte Grand en relación a la presunta manipulación y armado de causas a opositores a la gestión de Gobierno de Cambiemos y el hostigamiento a funcionarios judiciales que tenían a su cargo causas que implicaban a exfuncionarios de ese espacio.

"Hemos sido testigos todos los bonaerenses y los argentinos de una dinámica política y judicial de la que fuimos víctimas todos porque ese método afecta a toda la sociedad y es un medio para llegar a un fin", destacó Valicenti

La diputada Susana González destacó por su parte que "en esta provincia, con la aprobación de Vidal y Cristian Ritondo, se sentaron bases de la AFI cuyo objetivo era investigar, perseguir y encarcelar a actores que tenían que ver con la política, el sindicalismo y las organizaciones sociales, incluso a estudiantes secundarios y hasta a familiares del submarino ARA San Juan".

La diputada, en su exposición, también recordó la persecución macrista a periodistas, y citó el caso de los 357 despedidos sin causa de la agencia de noticias Télam, durante la administración de Cambiemos.

En declaraciones a esta agencia, González puntualizó que "hay más videos sobre otras reuniones en ese mismo lugar", en referencia a la sede porteña del Bapro, "con esos mismos exfuncionarios y otros, pero siempre con el mismo fin de construir prueba armada para iniciar mediante el lawfare la denuncia en los medios de comunicación, luego encontraban sobres y escuchas debajo de la puerta e iniciaban causas judiciales".

La legisladora recordó que uno de los dirigentes que sufrió persecución fue el intendente de Ensenada, Mario Secco, quien durante este año será enjuiciado por un incidente ocurrido en la Legislatura provincial en diciembre de 2017, causa en la que Conte Grand "colocó dos fiscales que no estaban de turno" y promovió un cambio de carátula de "desobediencia" a “coacción agravada".

Durante la conferencia, Eslaiman detalló que se citará a los funcionarios judiciales de Lomas de Zamora Gabriel Vitale y Enrique Ferrari; a Pablo y Hugo Moyano; a la interventora de la AFI, Cristina Caamaño; a Marcelo Villegas y Gustavo Ferrari, exministros de Vidal; al senador Juan Pablo Allan y al intendente de La Plata, Julio Garro, y que pedirán "oficio a la AFI por las filmaciones y teléfonos encriptados".

Por otro parte, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak dispuso el allanamiento del despacho del senador provincial de Juntos por el Cambio Juan Pablo Allan, en el marco de la causa conocida como "Mesa judicial bonaerense", el mismo expediente en el que el dirigente sindical de La Plata Juan Pablo "Pata" Medina fue aceptado como querellante.

La causa fue iniciada tras el hallazgo de un video en el que espías, empresarios y exfuncionarios del Gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal se muestran proclives a diseñar una estrategia para encausar a dirigentes sindicales.

El actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, respaldó en las últimas horas a la senadora nacional Juliana Di Tullio, y consideró como "vergonzosa" la difusión de un comunicado del Consejo Federal de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores de la República Argentina en defensa de Conte Grand.

"Una vergüenza esta defensa corporativa y el ataque a una senadora nacional que sólo está diciendo lo que resulta evidente en este escándalo", posteó el mandatario provincial en sus redes sociales.

El gobernador luego citó a Di Tullio, quien había cuestionado que el Consejo Federal de Procuradores haya hecho un comunicado "sobre las opiniones de una senadora nacional en el recinto" durante la sesión del pasado 29 de diciembre en la Cámara alta.

"Es curioso: no se expresan sobre la mesa ilegal y estatal para perseguir sindicalistas; eso no afecta la convivencia democrática", ironizó la senadora.

En la sesión, la legisladora había defendido un proyecto de declaración de su autoría -que el Cuerpo votó por unanimidad- en el que responsabilizó a Conte Grand como autor de “un accionar ilegal”.

En su alocución, Di Tullio repudió "las maniobras en 2017 de los gobiernos de Mauricio Macri (Nación) y María Eugenia Vidal (Provincia) para armar causas judiciales contra dirigentes sindicales" en el marco del video difundido días atrás en donde el exministro de Trabajo, Marcelo Villegas, habló de la necesidad de impulsar una "Gestapo antigremial".

En ese marco, la senadora aseguró que el procurador bonaerense era "un delincuente" y dijo que "debe ser sometido a juicio político".

Frente a esto, el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal, planteó el lunes que "las expresiones desmedidas e injuriantes (...) lesionan en modo directo el normal funcionamiento de las instituciones y el respeto por la división de poderes".

Por su parte, Susana González, consideró este miercoles que el procurador bonaerense "no puede estar un minuto más" en ese cargo y remarcó que, por ello, la bancada oficialista presentó un pedido de juicio político contra el funcionario judicial.

En declaraciones a El Destape Radio, la legisladora indicó que el oficialismo impulsa la remoción Conte Grand por "mal desempeño" en el ejercicio de sus funciones, al considerar que estuvo vinculado con la mesa judicial.

Es dable rememorar que la semana pasada, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, presentó una denuncia ante la justicia federal de La Plata luego de que encontrara en ese organismo un disco que contenía una grabación realizada el 15 de junio de 2017, en la que funcionarios del Gobierno de Vidal y agentes de inteligencia supuestamente orquestaban una persecución y armado de causas a organizaciones sindicales, mientras mantenían un encuentro con empresarios platenses de la construcción.

En el video difundido que ahora investiga la Justicia federal aparecían, entre otros, el por entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas; el exministro de Infraestructura provincial, Roberto Gigante; Adrián Grassi, exsubsecretario de Justicia bonaerense; Juan Pablo Allan, senador provincial; y el intendente de La Plata, Julio Garro, además de empresarios y los agentes de inteligencia Sebastián De Stefano, director de jurídicos de la AFI y Darío Biorci, por entonces cuñado y jefe de gabinete de Silvia Majdalani, subdirectora de la AFI.

En el encuentro, Villegas expresaba su deseo de tener una "Gestapo" -la policía política del régimen nazi- para accionar contra los gremios en Argentina.

Al respecto, la diputada sostuvo que en la mesa judicial bonaerense, "había ministros del gobierno de María Eugenia Vidal, funcionarios de la AFI, el intendente de La Plata, Julio Garro, y el senador Juan Pablo Allan".

"Allí, ellos hablaban muy livianamente de un 'paraguas protector' acordado con el procurador de la Corte para que lograr que prosperen ciertas denuncias o adquieran volumen", señaló González.

Luego, explicó que "está claro que para que prospere la denuncia y se genere una comisión investigadora se requiere solamente una mayoría simple" y apuntó que "para elevar la acusación al Senado, una vez que la comisión emita el dictamen, se requiere mayoría especial (dos tercios)".

Así, González contó que como en Diputados el FdT es la primera minoría con 43 legisladores sobre un total de 92 y en el Senado está empatado con Juntos en 23 senadores "estamos hablando con todos" para poder impulsar el juicio político.

"Creemos que Juntos no va a poder mirar para un costado porque ellos se erigieron todos estos años como defensores dela república y la institucionalidad y es muy difícil esta situación", reflexionó González.

No obstante, aclaró que se trata "solamente de una investigación", en la que el procurador "sigue gozando del principio de inocencia" y "el debido proceso se tiene que respetar".

"Hay que ver si la prueba que se acumula genera indicios vehementes y semiplena prueba de que cometió un delito y que era jefe de una asociación ilícita con otros funcionarios del gobierno para el armado de causas en la provincia", añadió.

En ese sentido, la legisladora enfatizó: "No creo que ninguno de Juntos por el Cambio mire para otro costado porque eso sería convalidar el entramado de la mesa judicial y encubrirla. Están en una situación crítica y muchos legisladores bien habidos van a terminar acompañando. No digo el grupo que responde a Vidal, pero el resto de legisladores del PRO y del radicalismo no van a dejar que eso pase".

Posteriormente, aseveró que la comisión investigadora estará conformada por cinco miembros que deberán instruir la denuncia, recopilar pruebas, tomar declaración testimonial, solicitar informes, pedir causas judiciales que haya sobre el tema en la provincia y, a partir de allí, "emitir un dictamen si hay pruebas suficientes para elevar la acusación a la Cámara de Senadores".

"Si el dictamen prospera con el voto de los dos tercios, tres diputados son los que van a sostener en el Senado en el juicio político la acusación y defender la prueba", agregó.

"Depende de nosotros que esto no quede en el terreno de la impunidad y se visibilice cada vez más. No se trata de si a mí me gustan o no dirigentes sindicales como (Juan Pablo) el 'Pata' Medina o (Omar) el 'Caballo' Suárez. Si son delincuentes, hay que hacer la denuncia, acumular pruebas, procesarlos y condenarlos con el debido proceso y con garantías", razonó.

La diputada peronista dijo que la mesa judicial "tenía un objetivo: atacar gremios, atacar trabajadores para poder precarizarlos y que nadie levante la cabeza y poder para poder aplicar su modelo económico".

"Es nuestra responsabilidad instalar que si esto lo hacen con funcionarios políticos o dirigentes gremiales, qué queda para la gente. El procurador es quien debe dar instrucciones a los fiscales en el momento de los procesos para elevar la acusación. Él es el gran inquisidor, donde acusa a quien quiere y cuida a los que son suyos", cerró.