"Lo estamos monitoreando". La escueta pero inequívoca frase pertenece a un informante calificado de la agencia antinarcóticos de los Estados Unidos (DEA), que opera en la región sudamericana y el "objetivo" del seguimiento es Leonardo Cositorto, el excéntrico titular del holding Generación Zoe, que también se encuentra en la mira de la Procuraduría Especializada en Lavados de Activos (PROCELAC) de la Argentina.

La mención refiere a una labor que no solo estaría desarrollándose en la Argentina, sino también en varios países de la región y de Europa. "Tenemos elementos para sospechar que a través de estas firmas se estaría lavando dinero proveniente de actividades ilícitas, como el narcotráfico", sostuvo la fuente en diálogo con Data Clave. La sospecha no solo está fundada en la difusión periodística de los arriesgados métodos para convocar inversionistas que apuesten por sus "emprendimientos", sino también en otros elementos de peso, como por ejemplo sus reiterados viajes y los sugestivos movimientos de dinero.

"Tanto Cositorto como Maximiliano Javier Batista -integrante de su conglomerado empresarial- efectuaron una gran cantidad de viajes en el último año a Panamá, Paraguay, Perú, Brasil, Bolivia, México y Colombia, que estamos cruzando con la información de movimientos financieros que no tienen sustento documental y que podrían tratarse de maniobras de lavado de activos", amplió el informante en diálogo con este portal.

Desde comienzos de 2021, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) avanza con una investigación preeliminar a raíz de una denuncia contra el “holding” monitoreados por los gobiernos de Argentina y Paraguay, debido a los altos rendimientos que ofrece en dólares a sus inversores. El organismo anti lavado que depende del Ministerio Público Fiscal pidió una serie de medidas de prueba al Banco Central, a la CNV y a la AFIP para certificar los datos que figuran en la denuncia.

Todo se originó por una presentación de la Asociación Civil para el Desarrollo de Ecosistemas Descentralizados, integrante de la comunidad cripto argentina. “Desde nuestra área de legales hace tiempo que venimos siguiendo las acciones e intervenciones públicas de las distintas empresas del grupo ZOE y sus responsables. Hay elementos suficientes para que la justicia investigue y compruebe si es que a través del coaching coercitivo, la formación educativa y las finanzas, quienes llevan adelante este grupo empresarial realizaron un fraude conocido como esquema ponzi o estafa piramidal, además de otros posibles delitos como captación de ahorro no autorizada y manipulación del mercado", dijo la ONG en ese momento.

La investigación preliminar busca elementos para comprobar “la posible comisión de los delitos tipificados en los arts. 172, 309 y 310 del Código Penal de la Nación” e imputa “en virtud de la complejidad de los hechos a todo aquel que sea penalmente responsable por los delitos contra la propiedad y contra el orden económico señalados”. Desde la PROCELAC comentaron que “se pidieron las primeras medidas para chequear datos y profundizar la denuncia”. 

Ya desde el año pasado la Comisión Nacional de Valores (CNV) intimó a las empresas de Cositorto a cesar en forma inmediata “toda invitación u ofrecimiento público de negociación o de cualquier otro acto jurídico con valores negociables dirigido a personas en general o a sectores o grupos determinados y de todo asesoramiento en materia de mercado de capitales y cualquier otra actividad de intermediación en la oferta pública”.

Entre diez y quince son las empresas asociadas al conglomerado Zoe que ofrecen educación financiera, coaching ontológico y espiritual. Además, mediante su billetera digital, promete rendimientos en dólares del orden del 7,5% al 10% mensual o de hasta el 120% anual. Los negocios del grupo incluyen ramificaciones en el universo del fútbol profesional (Deportivo Español y Chacarita conocen bien a Cositorto) y una hamburguesería.

A fines del año pasado, la CNV emitió una alerta internacional y comunicaciones específicas a los reguladores de Colombia, España y Paraguay –países donde se ha detectado actividad de estos sujetos- informando la apertura del sumario y alertando a los demás reguladores y al público inversor en general sobre los hallazgos de la investigación (Fuente: Data Clave).