El Tribunal Oral en lo Criminal (TOCF) 8 porteño reanudará el martes 8 de febrero el juicio a la abogada Julieta Estefanía Bonanno por los crímenes del narco mexicano Rodrigo Alexander Naged Ramírez y su hijo John Naged. El fiscal Marcelo Colombo sostiene la acusación contra la letrada como «coautora del delito de homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, con el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de armas de fuego en dos hechos los cuales concurren de manera real». En otras palabras: por haberle facilitado el acceso al sicario para matar a su cliente y al hijo. En el debate, según pudo saber Encripdata, el acusador presentará una pericia caligráfica que reafirmará algo que ya se conocía: que Bonanno sabía que el cártel para el que trabajaba la víctima lo estaba buscando para asesinarlo y ella no hizo nada para salvarlo.

Todo comenzó el 4 de junio de 2018: esa noche, la abogada fue a visitar a su cliente, pero cuando bajó él y su hijo para abrirle la puerta, el sicario aprovechó para meterse en el edificio. A los pocos minutos, los dos terminaron con un tiro en la cabeza. La letrada, que dijo haber sido encerrada por el asesino en el lavadero, fue la que llamó al 911. En su mano izquierda y en su pantalón, tenía restos de pólvora. Llamativamente, siendo la única que podía reconocerlo, el misterioso hombre que cometió el doble crimen de Belgrano a ella la dejó viva.

El 7 de junio de 2018, el juez federal Adrián González Charvay ordenó arrestar a Bonanno. En su casa, los detectives encontraron un papel: «Naged Ramírez: lo van a matar» y «muerto». Aunque la indagatoria es el acto de defensa por excelencia, Bonanno no habló en la instrucción ni en lo que va del juicio. Ni de esos papeles ni de la suerte que tuvo frente al sicario.

Para que no quedaran dudas de que la abogada sabía que a su cliente lo iban a matar, el fiscal le solicitó al tribunal una medida de instrucción suplementaria: una pericia caligráfica sobre los papeles secuestrados en la casa de Bonanno. Esta pericia acaba de concluir. Se agregará automáticamente al debate. Encripdata pudo saber que quien escribió esas dos frases -«Naged Ramírez: lo van a matar» y «muerto»- era, obviamente, Bonanno. Los peritos caligráficos confirmaron que era su letra.

Esas frases no eran premonitorias, eran incriminadoras.

Hoy juegan en su contra.

De lo que se sabe de la vida de Bonanno, nada cierra. Tampoco en su corta trayectoria como abogada. A sus 29 años, apareció en el 2017 de la nada para defender a Naged Ramírez y otros tres mexicanos por las «Bobinas Blancas». Ellos no eran los dueños de los 1862 kilos de cocaína secuestrada sino solamente los responsables de la logística para contrabandearla desde la Argentina hacia Canadá. Un informante alertó a la Drug Enforcement Administration (DEA) y, entonces, la agencia antidrogas estadounidense le avisó a la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal (PFA). En la instrucción, Max Rodríguez Córdova declaró como «imputado colaborador» ante el fiscal Pedro Rebollo, pero el juez González Charvay no lo aceptó como «arrepentido». Ya elevado a juicio, el tribunal suspendió el proceso contra Naged Ramírez por las secuelas que le dejó el accidente cerebrovascular (ACV) sufrido en la cárcel. En otras palabras: si Naged Ramírez fue el informante de la DEA, como sugirió el fiscal Gabriel González Da Silva en el juicio por las «Bobinas Blancas«, le salió mal porque terminó atrapado o si pensaba declarar como «arrepentido», aunque no pudiera hablar por su estado de salud, no le habría pasado nada porque su compatriota aportó datos a la investigación -más allá de que el juez rechazó utilizarla- y no le pasó nada en prisión.

En toda esa trama, estuvo la abogada. No en la instrucción ni en el juicio, pero en una entrevista con el periodista Ricardo Ragendorfer, de Télam, insinuó que a su cliente lo mataron porque, una vez recuperado, pediría hablar. Es cierto: muchas veces, los jefes del cártel buscan silenciar a los que quieren contar lo que saben para salvarse, pero otras veces los dueños de la droga ordenan ejecutar a quien consideran responsable de perder los millones en «oro blanco». Como en este caso.

En Bahía Blanca, los jueces Pablo Díaz Lacava, Pablo Candisano Mera y Pablo Larriera sentenciaron en septiembre a 15 años de cárcel al mexicano Rodríguez Córdova, el «arrepentido» que no fue, 14 años a sus compatriotas Jesús Madrigal Vargas y GIlberto Acevedo Villanueva, 6 años a los argentinos Amilcar Darío Martino y Marcelo Rafael Cuello, 5 años a su hermano Darío Maximiliano Cuello y 5 años a Emmanuel García.

En la Ciudad de Buenos Aires, el tribunal reanudará el debate el 8 de febrero. Está muy avanzado: solo queda recibir dos declaraciones testimoniales y analizar tres medidas de prueba, una de estas, justamente, la pericia caligráfica. Luego, los alegatos y las últimas palabras de la acusada, que se las guardaría como hasta ahora. A finales de marzo o principios de abril, los jueces darían a conocer la sentencia condenatoria o absolutoria.

Más allá del veredicto, existen dos cosas que quedarán en la oscuridad: cuál era el cártel dueño de la droga.

La otra y más importante: quién es el misterioso sicario del que nada se sabe desde hace tres años y medio.