Luego de más de un año y medio de vigencia, el DNU 690 se convirtió en una norma de carácter prácticamente testimonial, cuyos alcances están muy limitados por la gran cantidad de operadores actuando al amparo de medidas cautelares, tanto directamente como a través de cámaras empresarias. Sin embargo, se trata de medidas transitorias, que no resuelven la cuestión de fondo sino únicamente sus efectos mientras dura su vigencia, aunque ésta puede extenderse bajo determinadas circunstancias. En definitiva, una situación que no es favorable para nadie. No lo es para los operadores, quienes siguen operando bajo un contexto precario. Tampoco lo es para el gobierno, cuya principal decisión en materia de TIC de su gestión termina siendo simbólica, devaluando ostentosamente su autoridad.

Quizás por esto hacia fines del año pasado, desde la Jefatura de Gabinete, el gobierno convocó a las empresas y al regulador Enacom para iniciar un diálogo cuyo objetivo sea permitir la salida del estancamiento en la relación entre ambas partes como consecuencia del mencionado DNU. Hubo una reunión a fines de diciembre, aunque no arrojó nada nuevo. Unas semanas después, en el marco de la conferencia de prensa por el lanzamiento comercial del MNVO Imowi, el vicejefe de Gabinete abogó por una “desjudicialización” de las telecomunicaciones. Sin embargo, más que llamados al diálogo, lo que hace falta es revisar una medida que desde su génesis suscitó el rechazo de los operadores, sin importar el origen de su capital, su tamaño o el tipo de servicios prestados. Grandes empresas, PyME y cooperativas, ISP y cableras, nacionales y extranjeras, todas expresaron su repudio al DNU. Nunca se había logrado tanto por la unidad de la industria.

Cabe aclarar que el problema principal no es tanto la declaración de servicio público sino la voluntad del gobierno de interferir en la fijación de precios. Es más, la declaración de servicio público sin regulación de precios podría servir para destrabar añosos conflictos que surgen a la hora de los despliegues, como compartición de infraestructuras, tendidos de fibra, habilitaciones de antenas y otras, que son, luego del tema precios, motivo de profunda preocupación para todo tipo de operadores con planes de despliegue.

Sin embargo, el pedido de “desjudicialización” chocó con un contexto que no ayudó a darle credibilidad a las intenciones del gobierno. En los primeros días del año el Enacom autorizó un aumento del 9,8% a partir de enero, pero que sólo alcanza prestadores de servicios TIC de menos de 100.000 clientes. La decisión se vio agravada por el hecho de que el último aumento autorizado por el Enacom correspondió al mes de julio del 2021. Desde entonces, la inflación fue del 20,3%, más del doble del aumento autorizado que alcanzó únicamente a operadores chicos. Sin dudas, no fue el mejor gesto para iniciar un diálogo.

Está claro que el tema libertad de precios será fundamental para avanzar en la tan pretendida “desjudicialización”: difícilmente alguno se baje de su cautelar si no le garantizan poder fijar precios libremente.

El estado de situación también impacta a futuro. Por más que faltan definiciones técnicas para comenzar a planear la llegada de 5G a Argentina, no deja de ser menos relevante el contexto actual de judicialización. Pensar en grandes desembolsos de empresas en espectro y nuevas redes sin tener la certeza de poder fijar precios acordes que permitan recuperar las inversiones necesarias se presenta como algo de difícil aceptación. Todo en un marco de compleja situación macroeconómica. Una combinación letal.

Como se puede observar, no se trata simplemente de dialogar. Hacen falta propuestas concretas y viables que sean sostenibles en el tiempo. De lo contrario, las reuniones que puedan tener serán simples visitas de cortesía.