Ninguno de los 19 condenados por la tragedia de Once, el mayor siniestro ferroviario de la historia argentina, del que hoy se cumplen diez años, está actualmente en la cárcel.

De la primera tanda en ser juzgados, la mayoría de los 18 condenados ya agotaron la pena o accedieron a los regímenes de progresividad que les permite gozar de la libertad condicional, bajo condiciones de conducta que deben cumplir so pena de volver a prisión.

Es el caso de la mayoría de los directivos de Trenes de Buenos Aires (TBA), que uno a uno fueron egresando de los penales de Ezeiza y Marcos Paz. El ex titular de TBA Claudio Cirigliano, condenado a siete años de prisión, aún cumple esa pena pero en su domicilio, beneficio al que accedió por razones de salud.

Los hechos ocurridos aquel 22 de febrero de 2012 fueron juzgados en dos etapas; en la segunda, el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, recibió la pena de cinco años y ochos meses de prisión.

El ex ministro estuvo dos años y medio preso (en distintas modalidades) pero por otras causas. Si bien su condena por la tragedia de Once fue ratificada en 2020 por la Cámara Federal de Casación Penal, aún resta un pronunciamiento final de la Corte Suprema y hasta entonces el fallo no estará firme.

En ese hipotético caso se abrirán dos escenarios: en el primero, la posibilidad del cumplimiento en la modalidad domiciliaria, en la que De Vido transcurrió los últimos meses del tiempo en que estuvo anteriormente detenido; en el segundo, una discusión jurídica sobre si el tiempo que ya permaneció detenido se debe computar como parte del cumplimiento de esta nueva condena.

Esa discusión probablemente se produzca también en torno a la situación de Ricardo Jaime, quien está preso por otras causas pero fue excarcelado en 2020 por los sucesos de Once.

Una enrevesada situación procesal habilitó a una revisión de su condena por administración fraudulenta y estrago culposo agravado por los muertos que causó, y en ese contexto el Tribunal Oral Federal número dos resolvió su excarcelación en este expediente.

Paolo Menghini, padre de uno de los 52 muertos en el siniestro ferroviario y cabeza de una de las querellas, aceptó reiteradamente que “el tiempo pasa, los plazos se cumplen y las penas se extinguen”, pero  manifestó reiteradamente la indignación de los familiares de las víctimas por las reducciones en los plazos para recuperar la libertad por “estímulo educativo”.

En ese sentido, uno de los principales apuntados fue el ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, pero otros condenados de menor relevancia pública también redujeron sus tiempos entre rejas gracias a los estudios que cursaron en prisión, incluso en prisión domiciliaria.

El motorman de la formación siniestrada, Marcos Córdoba, condenado a tres años y tres meses de prisión, recuperó su libertad en 2020 y por el paso del tiempo la pena en su contra ya expiró. La causa fue instruida en primera instancia por el difunto juez Claudio Bonadio y por el fiscal Federico Delgado.

Los funcionarios y los empresarios condenados argumentaron siempre que la formación Chapa 11 que se estrelló contra el extremo de llegada de los andenes de la estación de Once frenaba correctamente y que el siniestro se debió a un error humano sólo atribuible a Marcos Córdoba.

Para la Justicia, el mal estado de conservación de las formaciones, producto del desvío de los subsidios que el Estado pagaba para el adecuado funcionamiento de los trenes, contribuyó a la tragedia y potenció sus consecuencias.