En su segundo discurso de apertura de sesiones ordinarias como presidente de la Nación, Alberto Fernández realizó una serie de promesas de gestión. Chequeado seleccionó 10 para analizar su grado de cumplimiento.

Del análisis surge que fueron cumplidos sólo 3 de los compromisos asumidos por el jefe de Estado. Uno se encuentra incumplido y 6 fueron calificados por este medio como promesas “en proceso, demoradas”. Ninguno está en “proceso, adelantado”.

• Cumplida: la promesa se llevó a cabo en el plazo previsto.

• En proceso, adelantada: se tomaron parte de las medidas necesarias y se trabajó para lograr la promesa, aunque todavía no está cumplida.

• En proceso, demorada: se avanzó poco o nada en las medidas necesarias para cumplir con el compromiso, pero todavía podría lograrse en el resto del período de mandato.

• Incumplida: la promesa tenía un plazo establecido que no se cumplió o los resultados muestran que la situación avanzó en la dirección contraria a lo previsto.

Las calificaciones forman parte de un método para analizar el cumplimiento de promesas por parte de los presidentes de la Nación que se emplea desde 2015 y que sirvió para evaluar año tras año toda la gestión del antecesor de Fernández, Mauricio Macri (Cambiemos) y, hasta el momento, los 2 primeros años de mandato de Fernández.

En esta nota te contamos de qué se trata cada una de las promesas que el actual Presidente hizo ante la Asamblea Legislativa en su última visita al Congreso, el 1º de marzo de 2021, y en qué situación se encuentra cada una.

 

1. “Durante el primer semestre de 2020 la pobreza aumentó 5,4 puntos porcentuales (de 35,5% a 40,9%). Es una situación grave, que vamos a revertir”.

EN PROCESO, DEMORADA

De acuerdo con datos del INDEC, en el primer semestre de 2021 (último dato disponible) el 40,6% de las personas se encontraban bajo la línea de la pobreza. La cifra significa una caída respecto del segundo semestre de 2020, cuando la pobreza había llegado al 42%, y se ubica levemente por debajo del 40,9% del primer semestre de 2020, período que tomó el Presidente.

Sin embargo, el 40,6% que arroja el último informe oficial de pobreza sigue muy por encima de los niveles registrados previos a la pandemia (35,5% y 35,4% en el primer y segundo semestre de 2019, respectivamente), hacia el final de la gestión de Mauricio Macri (Cambiemos). Es decir, se avanzó poco en las medidas necesarias para cumplir con el compromiso, pero todavía podría lograrse en el resto del período de mandato. Por eso, la promesa de Fernández se encuentra en proceso, demorada.

2. “Seguiremos consiguiendo las vacunas para cumplir con nuestros objetivos”.

CUMPLIDA

El Plan Estratégico para la vacunación contra la COVID-19 en la Argentina, publicado el 30 de diciembre de 2020 en el Boletín Oficial, establecía como propósito “vacunar al 100% de la población objetivo (personal de salud, personal estratégico, personas mayores de 60 años y personas de entre 18 y 59 años con factores de riesgo) en forma escalonada y simultánea”. Según el Ministerio de Salud de la Nación, se trataba de 23 o 24 millones de personas para lo cual se precisaban 54.431.000 dosis (considerando que cada esquema consta de 2 dosis y existe una tasa de pérdida estimada del 15%).

Desde el inicio del Plan Estratégico y hasta el 23 de diciembre último, el país recibió 99.700.395 dosis de vacunas de 6 diferentes laboratorios: Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer, Moderna y Cansino. Como contamos en esta nota, en marzo llegaron 2,5 millones de dosis, en abril 5,9 millones, en mayo la misma cifra, en junio 8,1 millones, en julio 16,1 millones, en agosto 8,4 millones, en septiembre 19 millones, en octubre 16,2 millones, en noviembre 7,3 millones y en diciembre 900 mil dosis.

Esto permitió alcanzar no sólo a la población objetivo, sino comenzar a vacunar a mediados de junio a las personas entre 18 y 59 años sin factores de riesgo, a fines de julio a los adolescentes y el 12 de octubre a los niños mayores de 3 años. Al 20 de diciembre último, el 82,1% de la población había comenzado su esquema de vacunación y el 69,1% lo completó. Además, se empezaron a aplicar dosis adicionales y de refuerzo.

 

3. “Vamos a instituir una agencia nacional en la que estén representadas todas las provincias del litoral para participar primero del proceso licitatorio y para controlar después el efectivo cumplimiento de las obligaciones del nuevo concesionario de la Hidrovía Paraná-Paraguay”.

CUMPLIDA

El 25 de agosto último, el Presidente creó por decreto el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, para la hidrovía Paraná-Paraguay, que es un corredor natural de transporte fluvial de más de 3.400 kilómetros de largo, que se extiende a través de los ríos Paraná y Paraguay, y permite la navegación continua entre los puertos de la Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

El organismo funciona bajo el ámbito del Ministerio de Transporte de la Nación y, tal como lo prometió Fernández, cuenta con la participación de las 7 provincias ribereñas (Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe), con sede en Rosario. Tiene como objetivo llevar adelante el proceso licitatorio para su nueva concesión, tema que causó una controversia interna dentro del Frente de Todos.

 

4. “Debemos hacer que los precios se estabilicen”.

INCUMPLIDA

La inflación de 2021 fue del 50,9%: el segundo registro más alto del país en 30 años. El dato corresponde al Índice de Precios al Consumidor (IPC), del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y significa un aumento de 14,8 puntos porcentuales respecto de la inflación registrada en 2020, el primer año de gestión de Fernández.

Los resultados muestran que la situación avanzó en la dirección contraria a lo previsto, por eso la promesa de Fernández está incumplida.

 

5. “La recuperación de los ingresos reales constituye un elemento fundamental para el crecimiento. Esa recuperación es un objetivo prioritario para 2021”.

EN PROCESO, DEMORADA

En diciembre de 2021, los salarios terminaron 2,5 puntos porcentuales interanuales por encima de la inflación, según datos del INDEC. Esto se explica por un incremento del 5,6 puntos de los salarios formales (privados y públicos) y una caída de 10 puntos en los salarios informales.

Sin embargo, pese a la foto de diciembre, la variación de los salarios fue muy irregular en 2021 y durante 6 meses se registraron caídas interanuales (con picos de 10 puntos en febrero y marzo).

Esta irregularidad se evidencia en la masa salarial percibida efectivamente por los trabajadores registrados. El registro de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) del Ministerio de Trabajo de la Nación muestra que, si bien en diciembre último los sueldos aumentaron 1,5% interanual real, cayeron en 10 de los 12 meses del año y sólo se recuperaron en los últimos 2.

Además, en el promedio de todo el año (sumando las remuneraciones de los 12 meses) la caída es de 3,3% en relación con 2020.

Por lo tanto, la promesa se encuentra en proceso, demorada, porque se avanzó poco en las medidas necesarias para cumplir con el compromiso. El último dato oficial muestra que los salarios formales le ganaron a la inflación en diciembre de 2021, pero ese crecimiento no está consolidado porque durante 10 de los 12 meses del año los sueldos cayeron.

 

6. “Crearemos un programa para acercar al sector productivo a las y los jóvenes de 18 a 24 años que terminaron sus estudios básicos y necesitan insertarse en el mundo del trabajo”.

CUMPLIDA

El Gobierno nacional lanzó durante el último año el programa Te sumo, que tiene como objetivo la incorporación al mercado laboral de jóvenes, en particular en PyMEs. Pueden participar de la iniciativa “jóvenes de 18 a 24 años que se encuentren en situación de desempleo y cuenten con los estudios secundarios completos”, según se explica en el sitio oficial del programa que administran en conjunto el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Trabajo de la Nación.

Se puede acceder a través de 2 modalidades: en primer lugar, se puede realizar un periodo de hasta 6 meses de entrenamiento para el trabajo (EPT), con la opción de contratar a los jóvenes. En segundo lugar, se puede acceder directamente a su contratación a través de una Agencia Territorial u Oficina de Empleo.

Ambas modalidades reciben apoyos por parte del Estado. Si se opta por el entrenamiento, el programa les paga directamente a los jóvenes trabajadores. Mientras que si se elige la contratación, el Estado no solamente aporta para el salario, también hace un aporte a la empresa y reduce sus contribuciones patronales. Los beneficios para las PyMEs son mayores en el caso de que contraten jóvenes mujeres, travestis, transexuales o transgénero; y personas con discapacidad.

Durante un acto de lanzamiento del programa, en julio último, el ministro Martín Kulfas indicó que “el objetivo en la primera etapa es incorporar 50 mil jóvenes”. Chequeado se comunicó con el Ministerio de Trabajo y la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo, para conocer el número total de personas y PyMEs incluídas en el programa pero al momento de la publicación de esta nota no había recibido respuesta. Ante esta negativa, este medio realizó un pedido de acceso a la información pública para acceder a estos datos y publicará la respuesta en caso de recibirla.

 

7. “También avanzaremos con la urbanización de barrios populares. En 2021 serán 400 barrios”.

EN PROCESO, DEMORADA

Según información que la Secretaría de Integración Social y Urbana (SISU) -que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación- facilitó a Chequeado, a la fecha el Gobierno nacional avanzó con 389 intervenciones en 422 barrios. Del total de proyectos -que mayormente comprenden la ejecución de obras de infraestructura básica- sólo se concluyó el 7%, mientras que en el 41% de los casos los trabajos están sin iniciar.

La SISU aclaró a este medio que el Presidente se refirió en su discurso a dar un “primer paso” en la urbanización de barrios populares. Aún si se tomara dicho criterio, el compromiso asumido por el jefe de Estado se cumplió a medias, pues en poco menos de la mitad de los casos las obras aún no llegaron al territorio. Por esto, esta promesa se encuentra en proceso, demorada.

 

8. “Mi objetivo final es poder lograr tarifas diferenciales según la capacidad patrimonial de quien recibe el servicio”.

EN PROCESO, DEMORADA

El Decreto 1020 -publicado el 16 de diciembre de 2020 en el Boletín Oficial- habilitó al Gobierno nacional a iniciar un proceso de segmentación tarifaria, con el objetivo de redistribuir los subsidios entre los usuarios de menores ingresos.

En febrero último, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) presentó una propuesta para excluir de los subsidios a casi 500 mil usuarios del AMBA que viven en zonas de alto valor inmobiliario, pero no aclaró cuáles fueron los criterios utilizados. Por su parte, aún no se conoció públicamente la propuesta del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). Es decir, que dicha segmentación aún no empezó y al día de hoy tampoco se conoce en detalle cómo se llevará a cabo este proceso.

En 2021, los subsidios energéticos superaron los US$ 10.500 millones, y en 2022 podrían alcanzar los US$ 15.000 millones. El Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió un comunicado referido al primer entendimiento con el Gobierno argentino para un acuerdo sobre la deuda en el que indicó que “reducir los subsidios a la energía de manera progresiva será fundamental para mejorar la composición del gasto público”.

Por lo tanto, la promesa se encuentra en proceso, demorada, dado que se avanzó poco en las medidas necesarias para cumplir con el compromiso, pero todavía podría lograrse en el resto del período de mandato.

 

9. “Ampliaremos la distribución de netbooks llegando a más de 500 mil computadoras”.

EN PROCESO, DEMORADA

Dos meses después de la apertura de sesiones, el 4 de mayo último, Fernández anunció la puesta en marcha del Plan Federal Juana Manso desde la planta de BGH, una de las fabricantes de las computadoras, con la promesa de invertir $ 20 mil millones para entregar 633 mil netbooks a estudiantes de escuelas secundarias de todo el país.

Sin embargo, hasta el 15 de noviembre de 2021, de acuerdo con un pedido de acceso a la información respondido a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), las netbooks distribuidas llegaban a 27.844, repartidas entre 12 provincias. Al poco tiempo, el diario Clarín publicó datos oficiales del Ministerio de Educación nacional, donde se consigna que al 7 de diciembre último había 45.824 netbooks repartidas en 19 provincias. Se trata de un incumplimiento que supera el 90% en ambos casos respecto de la meta inicial.

El gerente de la Cámara Argentina de Multimedia, Ofimática, Comunicaciones y Afines, Carlos Scimone, explicó: “Actualmente la producción de netbooks está prácticamente regularizada pero con cierto atraso por una serie de inconvenientes que se suscitaron por la pandemia y por las partes y piezas que tienen que venir desde China. La tanda de 633 mil equipos estaría completa entre marzo y abril, en consecuencia se podrían entregar equipos en cantidad desde el inicio de las clases”.

Y agregó: “La situación en la que está la demanda mundial y los problemas de China para regularizar la producción de chips van a seguir produciendo inconvenientes, aunque no tan graves como los de 2021”.

Por eso, la promesa se encuentra en proceso, demorada. Es decir que se avanzó muy poco en el compromiso asumido un año atrás, pero se puede cumplir la promesa en lo que resta del período.

 

10. “Iniciaremos la construcción de 14 Centros Territoriales en distintas provincias del país para abordaje integral de las violencias por motivos de género”.

EN PROCESO, DEMORADA

La construcción de Centros Territoriales Integrales de Políticas de Género y Diversidad es una iniciativa incluida en el Plan Nacional de Acción Contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022, diseñado por la administración de Alberto Fernández.

Según detalla el mismo plan, “estos dispositivos de abordaje integral de situaciones de violencias por motivos de género llevarán a cabo políticas de prevención, asistencia, protección y fortalecimiento del acceso a la justicia desde una perspectiva interseccional e integral”. Además, se indica que este diseño fomenta la gestión “integrada” entre la Nación, las provincias y municipios, y organizaciones comunitarias y de la sociedad civil.

El Gobierno nacional aspira a que todas las jurisdicciones tengan al menos un centro pero en esta etapa se prevé la construcción de 14 centros, a cargo del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el Ministerio de Obras Públicas.

Según informaron a Chequeado desde el Ministerio de las Mujeres, “ya se iniciaron los expedientes del proceso licitatorio de 21 proyectos”. Tres de estas iniciativas tendrán destino en la Provincia de Buenos Aires, 2 en Salta y una en Catamarca, Chaco, Chubut, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Misiones, Río Negro, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán y Jujuy.

“El trabajo que llevó adelante el Gobierno Nacional en 2021 implicó la gestión de los fondos, la identificación de los terrenos, la elaboración de los proyectos en cada caso según las demandas y necesidades de cada territorio, el inicio del proceso licitatorio tanto para la refuncionalización de edificios existentes o para la construcción de edificios nuevos”, explicaron desde la cartera liderada por Elizabeth Gómez Alcorta.

Por su parte, desde el área de Comunicación del Ministerio de Obras Públicas agregaron que uno de los proyectos ubicados en la Provincia de Buenos Aires, en Quilmes, en particular, está “en ejecución” y el de Santa Rosa, la Pampa, está próximo “a iniciar”.

Según detalla el informe de avance del plan a julio último, el proyecto ubicado en Quilmes es “refuncionalización”, es decir que se adaptará un edificio ya existente. Además, al momento de la publicación de esta nota ninguna de las 2 carteras había detallado el estado de avance en el proceso licitatorio de las obras restantes.

Por esto, se trata de una promesa en proceso, demorada. Porque se avanzó poco en las medidas necesarias para cumplir con el compromiso, pero todavía podría lograrse en el resto del período de mandato.