Como sucede cada 1º de marzo, esta semana el presidente Fernández dio su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. El mismo cubrió distintos temas de la agenda de gobierno, donde no faltó el capítulo telecomunicaciones, con confirmaciones y alguna sorpresa.

Entre las confirmaciones, quedó claro que el proceso de “desjudicialización” que había sugerido el vicejefe de gabinete en el mes de enero parece lejos de concretarse. El presidente mencionó que durante el mes de enero, las telecomunicaciones registraron el mayor aumento de precios entre los rubros que componen el IPC (índice de precios al consumidor) porque algunos jueces dictaron medidas a favor de empresas que impidieron la aplicación del DNU 690. Conviene aclarar que los aumentos de precios tienen que ver principalmente porque se trata de una industria desenvolviéndose en una economía con una inflación anual del 50,7%, según datos del INDEC para el mes de enero. Por lo tanto, y para ser más precisos técnicamente, se trata más de una actualización de precios que de un aumento real. Así, el presidente utilizó la situación para su provecho en la tensión con la Justicia y más particularmente con la Corte Suprema de Justicia, situación que no es nueva. El titular del Poder Ejecutivo expresó que los jueces dictaron medidas cautelares en favor de empresas prestatarias del servicio, impidiendo la aplicación del DNU 690. Si bien esto es cierto, fue un paso más allá al afirmar que “a casi dos años de dictadas esas medidas cautelares no se expiden sobre el diferendo ni los tribunales que las dictaron ni la Corte Suprema que añeja la cuestión en algún armario“, para luego subir la apuesta política señalando que “esto que acabo de describir no es otra cosa que un acto de complicidad judicial con el poder económico“. Una acusación muy fuerte que deberá mostrar su eficacia.

Por otro lado, resultó revelador que no hubiera mención alguna al tema 5G. El mismo generó cierta controversia en las últimas semanas entre las declaraciones del titular del Enacom (afirmando que la subasta se haría a mediados de año) y la desmentida del Canciller, el tema parece haber quedado definido. No hizo referencia al tema 5G en el discurso (si bien podría ser importante no sólo en términos de conectividad sino también en recursos para el Estado), lo que indicaría que la discusión está saldada a favor de la postura expuesta por el Canciller. Por lo tanto, no pareciera que la subasta de 5G esté en la agenda de este año.

En relación con Arsat, el presidente sorprendió al anunciar la construcción del Arsat SG-2, que sería el 4º satélite producido en Argentina por la empresa. No hubo más detalles (tampoco era el ámbito), pero sorprendió el anuncio en momentos en que Argentina sufre importantes restricciones presupuestarias, más aún para gastos en divisas que no abundan sino todo lo contrario.

Por otra parte, ratificó la actualización de la REFEFO (Red Federal de Fibra Óptica), con el objetivo de ampliar 10 veces la capacidad de tráfico. Una medida que sin dudas será muy valorada por los prestadores que operan en el interior del país, especialmente aquellos fuera de los principales centros urbanos. También afirmó que, en materia de escuelas, durante el 2022 está previsto conectar a 10.000 más de éstas.

Así, entre ratificaciones y sorpresas, el presidente dejó entrever que para los que quizás sean dos de los principales temas del sector, la judicialización del DNU 690 y la llegada de 5G, habrá que seguir esperando por novedades.