El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación informó que el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) obtuvo un aumento presupuestario de $4.000 millones para su utilización en 2022 con el objetivo de fortalecer el combate de incendios forestales.

La cartera indicó que los fondos del sector rondarán los $6.700 millones para este año. Incluye -según el comunicado- el financiamiento proveniente del fideicomiso creado con anterioridad para el manejo del fuego y compuesto por una alícuota del tres por mil de pólizas de seguro.

Además, se otorgaron $50 millones adicionales al presupuesto de Parques Nacionales para el combate y prevención de incendios forestales. Estos incrementos se oficializaron en el Boletín Oficial mediante la Decisión Administrativa 145/2022.

Por su parte, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentó un documento donde detalló el dinero invertido por el Estado en el manejo de incendios forestales que, según datos del presupuesto abierto, difieren de las cifras oficiales. ACIJ reveló que se asignaron $2.696,09 millones para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, “esto es un 28% menos que lo gastado en valores reales (ajustados por inflación) en 2021”.

En esta línea, Andrés Nápoli -director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)- en comunicación con El Auditor.info mencionó que “el aumento en términos presupuestarios no significa nada si el dinero no está bien aplicado”. 

2021 en cifras

A comienzos de año, el Ministerio de Ambiente informó que -conforme los datos reportados por las provincias- el 2021 finalizó con la superficie afectada por quemas “más baja de los últimos 5 años”. Detalló que durante ese periodo se redujeron un 70% las áreas afectadas por incendios forestales en relación al periodo anterior.

Las provincias son las responsables del cuidado de sus recursos naturales. Según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, tienen que reportar los focos de incendio, solicitar recursos al Ministerio de Ambiente nacional, a través del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, administrarlos mediante una autoridad competente, y suministrar información confiable sobre el alcance del fuego y los daños ocasionados.

Desde FARN señalaron que el acceso a la información de las provincias es muy básico, “no se sabe dónde, cómo, ni de qué manera va el dinero a las provincias”.

Por otro lado, hay regiones que aún no han reglamentado la Ley del Manejo del Fuego. Esta norma (Nº 27.604) fue sancionada el 4 de diciembre de 2020 y promulgada a través del Decreto 1038/2020. Busca proteger los ecosistemas de los incendios accidentales o intencionales y prohíbe la venta de terrenos incendiados en plazos de entre 30 y 60 años para evitar prácticas especulativas y emprendimientos inmobiliarios.

Incendios en Corrientes

El Ministerio de Ambiente informó que la superficie estimada afectada por el fuego -reportada entre 01/01/2022 y 15/02/2022- en Corrientes es de 81.204 hectáreas, más del 30% del total relevado (258.794 hectáreas).

Una investigación satelital realizada por técnicos de la estación experimental El Sombrero del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) estimó que se quemaron 195.614 hectáreas pertenecientes a los Parques Nacional y Provincial Iberá, y propiedades privadas que están en la zona. Se perdió el 15,7% de los Esteros del Iberá, el humedal más grande de Argentina. 

“El manejo del fuego hay que trabajarlo en múltiples dimensiones, hace falta una normativa de ordenamiento ambiental del territorio para su protección en Corrientes”, afirmó el abogado de FARN. En referencia a los siniestros en el litoral, Nápoli indicó que el 90% de los incendios son producidos por el hombre y la mayor parte de estos son intencionales.

“Cuando surge una crisis de esta magnitud, la agenda ambiental se pone arriba. Cuando el incendio se apaga, la agenda ambiental se sepulta debajo de las cenizas”, reflexionó el director de FARN.   

Emergencia Ígnea Nacional 

En enero de este año, a través del Decreto 6/2022, el Poder Ejecutivo Nacional declaró la emergencia ígnea en todo el territorio de la República Argentina por el plazo de un año y creó un grupo de trabajo presidido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, con el fin de adoptar las medidas que resulten necesarias para propiciar y atender con carácter inminente la presupresión y combate de incendios forestales, la restauración de las zonas afectadas y la prevención de nuevos focos.

Sin embargo, FARN denunció que esta declaración llama a una coordinación estatal que ya debiera estar dándose desde 2012 cuando se sancionó la Ley 26.815 de Manejo del Fuego. Pese a esto, “solo hubo avances parciales”, expresaron desde la ONG.