El Congreso dio media sanción al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El proyecto original tenía dos artículos. El primero era la autorización al Poder Ejecutivo para refinanciar la deuda con el FMI contraída en el 2018 y el segundo era el memorando del acuerdo (la “letra chica”). La oposición acordó con el oficialismo aprobar sólo el primer artículo (la autorización del refinanciamiento) pero no el memorando. En su lugar estipuló que el Poder Ejecutivo instrumentará, en uso de sus facultades, las acciones necesarias para cumplir con las metas previstas en el acuerdo.

En términos simples, la oposición quiso evitar el default con el FMI, pero eludió involucrarse en las políticas del acuerdo. Esta actitud puede explicarse por varios motivos, pero hay un tema muy polémico: los subsidios energéticos. En especial porque el acuerdo plantea una seria inconsistencia. Afirma que los subsidios energéticos se reducirán en un 0,6% del PBI, pero a la vez declara que las tarifas de luz y gas se ajustarán por debajo de la inflación.

La pregunta que cabe hacerse es cuál es la situación de los subsidios económicos. Según un informe elaborado por el Instituto de Desarrollo Social Argentino (IDESA) sobre la base de datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), las cuentas de la Administración Publica Nacional en enero-febrero 2022 muestra las siguientes tendencias:

• Los ingresos totales crecieron 3% por encima de la inflación.

• El gasto primario (sin intereses de deuda) creció 16% por encima de la inflación.

• Los subsidios energéticos crecieron 105% por encima de la inflación.

Estos datos muestran que ajustar las tarifas de luz y gas por debajo de la inflación genera un crecimiento exponencial en los subsidios energéticos. El impacto de la guerra en Ucrania agregará en el futuro un factor adicional de presión, pero la dinámica explosiva de los subsidios energéticos es pura consecuencia de decisiones internas. Administrar con criterios oportunistas las tarifas de los servicios públicos es una política que aplicó el gobierno anterior –hoy en la oposición– y se profundizó con el gobierno actual.

Como consecuencia del congelamiento de tarifas en el 2021 los subsidios se duplicaron, pasando de $500 mil millones a $1 billón anual. El gasto en subsidios energéticos equivale así al doble de lo que el Estado nacional asigna a asignaciones familiares, similar al que demanda pagar el sueldo a todos los empleados públicos nacionales y equivalente a los presupuestos de 10 provincias argentinas juntas (Jujuy, Formosa, La Rioja, Catamarca, Santiago, San Luis, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego). Frente a estas enormes desproporciones seguir insistiendo con aumentos de tarifas de luz y gas por debajo de la inflación es claramente insostenible.

Con mucha soltura se tiende a asignar a factores exógenos las responsabilidades por la decadencia argentina. Por ejemplo, se culpa al Covid-19 por la crisis argentina cuando el país ya estaba en crisis antes de la aparición del virus. También se exagera la importancia del FMI ignorando que, si la deuda en lugar de refinanciarse se condonara, la Argentina seguiría en crisis. Ahora se usará la guerra de Ucrania para desviar la atención de la irracional política tarifaria. La contrapartida de exagerar responsabilidades a factores externos es que se elude la causa principal de la decadencia: el mal funcionamiento del Estado. Temas externos desplazan a las cuestiones sustanciales que habría que abordar internamente para superar el problema crónico: la tendencia del Estado a gastar por encima de los ingresos y dar servicios públicos deficientes.

La invasión a Ucrania seguramente será usada como nueva excusa para justificar el fracaso de la “segmentación” de las tarifas y el consiguiente aumento de los subsidios energéticos. Ante la evidencia de que es imposible cumplir con las metas acordadas con el FMI existe el riesgo de que se use el argumento del impacto de la guerra de Ucrania sobre los precios de los productos agropecuarios para aumentar las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Esto potenciará las distorsiones y la conflictividad política y, lo más negativo, servirá para seguir eludiendo el ordenamiento integral del Estado.