El martes último comenzó el juicio oral y público por la Masacre de Napalpí, la matanza de más de 200 miembros de los pueblos indígenas Qom y Moqoit –según cifras oficiales– realizada por policías, gendarmes y colonos el 19 de julio de 1924 en Chaco (que entonces aún no era una provincia sino un territorio nacional), durante la presidencia de Marcelo T. de Alvear.

La masacre sucedió durante una huelga de integrantes de pueblos originarios y de criollos que exigían una retribución justa por la cosecha de algodón en el lugar actualmente conocido como “Colonia Aborigen Napalpí”, a 150 kilómetros de Resistencia.

De acuerdo con diferentes relevamientos, durante 45 minutos la policía descargó más de 5 mil balas de fusil sobre la población de Napalpí. Las víctimas fueron aborígenes y cosecheros de Santiago del Estero, Corrientes y Formosa, aunque un 90% de todos ellos pertenecían a comunidades originarias. Unos 38 niños lograron escapar de la matanza, pero luego al menos la mitad fueron entregados como sirvientes en las localidades de Quitilipi y Machagai, mientras que el resto murieron en el camino y sólo quince adultos lograron sobrevivir.

En 2014, el Estado argentino, a través del Ministerio Público, comenzó a investigar los eventuales delitos de lesa humanidad cometidos en Napalpí, y solicitó la apertura de un juicio por la verdad.

En octubre de 2018 el Equipo de Antropología Forense (EAAF) comenzó una investigación en el lugar donde -según testimonios- ocurrieron los hechos de la masacre y donde se encontrarían las fosas comunes en las que habrían sido enterrados los muertos. Durante el año siguiente se iniciaron los trabajos de excavación con resultados positivos, según reportó el EAAF, y se lograron identificar restos de una víctima, enterrada a poca profundidad en el terreno de una vivienda que fue escenario de la masacre.

También en 2019 estos hechos fueron reconocidos por la Justicia Federal como un crimen de lesa humanidad, es decir que los sucesos son imprescriptibles y pueden aún ser juzgados. Los crímenes de lesa humanidad engloban los actos que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y son, junto a los crímenes de guerra, los delitos más graves que el hombre puede cometer y un agravio para la humanidad en su conjunto.

En el juicio llevado a cabo por el Juzgado Federal N°1 de Resistencia, que cuenta con el Estado chaqueño como querellante, no habrá imputados ni responsabilidad penal ya que se encuentran fallecidos, aunque sí declararán sobrevivientes y descendientes de las víctimas, así como investigadores del suceso. El juicio es crucial porque buscará esclarecer la verdad oficial de los hechos y porque se convertirá en el primer juicio de la historia argentina que investigará un genocidio contra pueblos indígenas. Así lo señaló la jueza Zunilda Niremperger en la primera audiencia.

Según reportó Télam, el primer día de la audiencia contó con la reproducción de una serie de cortos audiovisuales con registros de entrevistas realizadas a Pedro Balquinta, sobreviviente de la Masacre, de 105 años -ya fallecido- y a Rosa Grillo, de 114, la única persona viva que presenció aquel genocidio.