Entre las muchas incongruencias que atraviesan el sistema económico argentino, sin duda alguna entre las más importantes debería figurar la coparticipación a los 135 municipios que componen la provincia de Buenos Aires. Aunque no se hable demasiado de dicho régimen, sus características son, a todas luces, absurdas, injustas y muy discrecionales.

Así lo demuestra al menos un análisis realizado sobre las partidas que recibirán las comunas a lo largo de 2022, datos que el gobierno bonaerense comunica siempre durante los meses de enero y febrero. Allí se descubrirá, por ejemplo, que distritos con un nivel socioeconómico alto entre la mayoría de sus habitantes reciben 8 veces más de dinero per cápita que localidades con altos niveles de pobreza.

Para peor, los fundamentos que explican dichas partidas nunca se dan a conocer.

El régimen de coparticipación provincial se estructura a partir del llamado Coeficiente Único de Distribución (CUD), creado el 2 de junio de 1995 mediante elDecreto 1069/95, que ordenó, a su vez, la Ley 10.559 promulgada el 22 de octubre de 1987, que establecía el reparto a las comunas. Pero el CUD, cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de Hacienda, surge de una disposición muy compleja y estrafalaria.

El gobierno de la provincia se queda con el 83,86% de los recursos. En su artículo 1°, la ley 10.559 afirma que “las Municipalidades recibirán en concepto de coparticipación el 16,14% (dieciséis con catorce por ciento) del total de ingresos que percibe la Provincia en concepto de impuestos sobre los Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario, Impuesto a los Automotores, Impuesto de Sellos, Tasas Retributivas de Servicios y Coparticipación Federal de Impuestos”, determinando el criterio por el cual serán distribuidos los recursos:

Un 58% entre todos los distritos de acuerdo a la siguiente fórmula:

_ El 62% en proporción directa a la población, excepto el Municipio de la Costa, Pinamar, Villa Gesell y Monte Hermoso, donde se toma en cuenta además una porción del caudal turístico que reciben

_ El 23% en forma proporcional a la inversa de la capacidad tributaria “per cápita”, ponderada por la población

_ El 15% en proporción directa a la superficie del partido

Un 37% entre las Municipalidades que posean establecimientos oficiales para la atención de la salud -con o sin internación.

Y el 5% restante se distribuye entre aquellas que cubran servicios o funciones transferidos por la aplicación del Decreto-Ley 9347/79, publicada en el Boletín Oficial el 8 de junio de 1979 en plena dictadura militar, y que sufriera con el tiempo diversas modificaciones. Corresponde básicamente a servicios de acción social.

De este estrambótico esquema derivan nada menos que los fondos que les gira la provincia a las municipalidades.

Tomando como referencia las partidas destinadas durante 2021, que se pueden hallar en la web del ministerio de Hacienda provincial, encontramos, por ejemplo, que una localidad como Tigre, uno de las más ricas de todo el territorio bonaerense, recibió, en números redondos, $136.600 per cápita, mientras que José C. Paz, uno de los partidos más pobres, percibió apenas $17.500.  

El dato surge de dividir el total de fondos coparticipados a cada municipio, medidos en pesos, por la cantidad de habitantes de acuerdo al censo 2010. Más casos: General Pueyrredon, tercer distrito electoral de la provincia, con 6.300 millones de pesos de fondos girados durante todo el año, y una población de 656.000 habitantes, recibió apenas $9.600 por cabeza, siendo de este modo uno de los más perjudicados. Bahía Blanca, por caso, recibió $12.000.

En el otro extremo, incluso por encima de Tigre, se encuentra otro de los municipios más ricos de toda la provincia, Vicente López, que a pesar de lo cual, recibió $183.300 per cápita (4.400 millones de pesos con 24.000 habitantes). Más incongruencias: Mar Chiquita, con un extenso territorio, pocos habitantes y siendo una zona eminentemente rural, percibió $74.300 ($1.070 millones y 14.400 personas).

Cabe admitir que las inconsistencias no reconocen colores políticos. Municipios k, como Quilmes con la camporista Mayra Mendoza, Lomas de Zamora, el bastión del Jefe de gabinete del gobernador Axel Kicillof, Martín Insaurralde (foto), y La Matanza, recibieron apenas $11.200, $11.000 y $10.700, respectivamente. En ese pelotón también se encuentra La Plata, conducida por el macrista Julio Garro, con $10.000 per cápita (7.850 millones de pesos y 787.000 habitantes).

En una zona intermedia, hallamos el Partido de la Costa, con $45.300, General Madariaga ($45.500), Alberti ($58.800), y Pehuajó ($54.000). Como contrapartida, uno de los municipios más pobres de toda la provincia, Florencio Varela, recibió $12.400 por cabeza.

Aunque, como se dijo, las incongruencias existentes no reconocen de banderías políticas, en 2022, los 10 distritos más beneficiados con la coparticipación son gobernados por el Frente de Todos, tal como este medio ya consignó.

Ellos son: Escobar, General Las Heras, Alberti, Pehuajó, Lomas de Zamora, Carlos Tejedor, San Fernando, Mar Chiquita, Luján, y Tigre. Es más: de las primeras 30 comunas con mayor coparticipación, solo 11 pertenecen a la oposición, es decir, poco más del 33%.

Esto surge a partir del índice que arroja el Coeficiente Único de Distribución (CUD), en comparación con 2020 y 2021, ya que el año pasado el gobierno de Axel Kicillof no actualizó los datos, debido a la pandemia de coronavirus.

Por ejemplo, el municipio más beneficiado en 2022 fue Escobar, que pasó de tener 1,02% a 1,22% del total de la coparticipación, es decir, que tuvo una mejora del 19,5% en relación al porcentaje del período anterior. Pero no se sabe bien por qué.

Es que la administración bonaerense nunca muestra los números finos del CUD. Es decir, no da a conocer los fundamentos por los que arribó a aquellos porcentajes.

Así lo consigna un análisis de los índices para 2022 realizado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), al concluir que “no se advierte patrón común que explique las modificaciones”. Y arriesga que “la variación anual del coeficiente que se le asigna a cada comuna depende casi con exclusividad del Régimen de Salud”, que explica el 37% del total coparticipado.

La razón fundamental de aquella conclusión subyace en el hecho de que tanto el territorio como la población, los otros factores que componen el CUD, ofrecen muy pocas variaciones a lo largo del tiempo. No así el sector de la salud.

Pero allí también hay inconsistencias.

Una ciudad como Mar del Plata, de las más grandes de la provincia, no posee camas propias de internación, al no tener, inexplicablemente, un hospital local. Ello redunda, invariablemente, en una merma en los fondos que le gira la provincia.

“A esos efectos”, continúa el análisis de ASAP, “los municipios presentan mensualmente por declaración jurada a la Región Sanitaria a la cual pertenecen, la información vinculada a los establecimientos de salud, las camas disponibles, el nivel de complejidad y de ocupación, las consultas médicas, cantidad de pacientes, etc”. 

Pero ello también puede generar algunas suspicacias, ya que los Directores de las Regiones Sanitarias son designados por el gobierno bonaerense. Una vez cumplimentado aquel paso, la información pasa al Ministerio de Salud provincial, que a su vez deriva los datos a Hacienda, para la confección del CUD.

La provincia de Buenos Aires está dividida en 12 Zonas Sanitarias. Un breve repaso a las mismas deja al descubierto las marcadas desigualdades del sistema de salud pública provincial, lo que impacta inevitablemente en el régimen de coparticipación. 

Un ejemplo. La Región Sanitaria I abarca el 25% de la superficie provincial, con una población estimada de 655.792 habitantes, siempre de acuerdo al censo 2010. La localidad más importante es Bahía Blanca. Pese a la amplia extensión territorial, la ciudad bahiense apenas recibió en 2021 $12.000 per cápita.

Para resaltar la importancia del sistema de salud en la determinación del CUD que le corresponde a cada distrito, la Resolución 644/2021 emitida por el gobierno de Axel Kicillof, afirmaba que los índices para 2022 “resultan de una excepcionalidad metodológica derivada de los efectos de la pandemia Covid-19”.

Pero hay más. Tomando el período 2018-2022, hay localidades como Alberti, que subieron un 32,6% su coeficiente, seguido por Exaltación de la Cruz con un 29,2%. Por su parte, importantes distritos como La Plata y Avellaneda apenas subieron 4,5% y 0,5%, respectivamente. Peor aún, partidos como General Pueyrredon y La Matanza cayeron en su coparticipación en los últimos 5 años (1,1% y 4,8%). También cayó Bahía Blanca: 1,7%.

Aunque se destaca la importancia de la salud en la determinación del CUD, tampoco el sector por sí mismo logra explicar tales inequidades.

Los puntos más cuestionados del actual esquema, según un análisis de la Universidad de General Sarmiento, “estriban en dejar de lado el criterio de superficie por no representar una atribución justa en relación a las necesidades de gasto de las diferentes comunas, considerar las necesidades existentes de cada municipio, y principalmente abandonar el componente de salud en el esquema de reparto, ya que debido a las deficientes políticas públicas existentes desde hace décadas, se torna muy desigual dicho criterio”.

La desigualdad del régimen no es nueva. Si se retrocede 20 años, y se toma como base los datos proporcionados por el censo 2001, un estudio del año 2008 arrojó algunos datos muy ilustrativos al respecto: 

_ Los 10 municipios que recibieron mayores ingresos per cápita apenas representaban el 0,60% de la población bonaerense y aportaban menos del 1% del PBI provincial. Entre ellos, las localidades de Puán, General Guido, Pila, y Maipú, entre otros.

_ En contraste, los 10 distritos más perjudicados por el reparto concentraban el 27% del total de habitantes y representaban el 23% del Producto Bruto. Algunos de ellos eran General Pueyrredón-Mar del Plata-, Tres de Febrero, Lanús, Lomas de Zamora y Quilmes (estos últimos, dos de los tres partidos más poblados del conurbano).

Con casi 16 millones de habitantes, una superficie aproximada de 308.000 km2, y un 40% de pobreza, la provincia de Buenos Aires presenta realidades absolutamente diferentes en su territorio.

Aunque también las comunas debieran revisar la asignación de sus recursos, se torna evidente que el actual régimen de coparticipación favorece la concentración de poder en la administración bonaerense.