Un foro de fisicoculturismo, una presentación por mail y un kilo de prueba por correo a solo 500 dólares. Aunque parezca mentira, así empezó a operar una de las células que más toneladas de efedrina traficó hacia México. El encargado de esa célula, acaso una «gerencia» dentro de una estructura más grande, era Julio Enrique García Mena. Su nombre no es conocido en la Argentina, pero no era otro que el jefe de Ibar Esteban Pérez Corradi. También de Maximiliano Darío Romero, alias «Fantasma». Acusado de haber desviado 9050 kilos del precursor de oro para fabricar metanfetaminas, la jueza federal María Servini ordenó el 31 de agosto de 2018 su captura internacional. Asentado en la Heroica Puebla de Zaragoza, capital del estado de Puebla, lleva casi cuatro años prófugo de la Justicia argentina. Pero en su país también lo buscan.

Rafael Cervantes padre e hijo acusaron a principios de junio a García Mena por los delitos de «asociación delictuosa y despojo permanente» de acuerdo a los artículos 183, 183 bis y 408 fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, según la denuncia a la que tuvo acceso Encripdata, por hechos sucedidos en la misma época en la que viajaba frecuentemente a Buenos Aires para supervisar el tráfico de efedrina a gran escala.

El 9 de febrero de 2008, los Cervantes alcanzaron un principio de acuerdo con García Mena para venderle la hacienda Vicencio, en San José Chiapa, Tepeaca, Puebla, que venía arrendando desde el año anterior. El precio: 1,1 millón de dólares. Sin embargo, todo quedó en la nada porque el interesado no se presentó el 12 de febrero en la escribanía para firmar los papeles.

Ante ese desplante, los dueños dieron por terminada la negociación. El inquilino, en cambio, no solo dejó de pagarles el alquiler sino que también denunció como suya la finca. En consecuencia, los Cervantes activaron un juicio de desalojo, ya para el 2014, pero durante el proceso descubrieron que alguien había falsificado sus firmas y la de un notario público sobre el contrato que nunca llegaron a firmar con García Mena.

A la hora de buscar asesoramiento, los Cervantes no dieron vueltas: fueron con el abogado Javier Coello Trejo, más conocido como el «fiscal de hierro», quien, como subprocurador de la lucha contra el narcotráfico, encabezó el operativo para atrapar el 8 de abril de 1989 a Miguel Ángel Félix Gallardo, líder del primer gran cártel mexicano: el de Guadalajara. Al «jefe de jefes», un tribunal lo condenó a 37 años de prisión por el crimen de Enrique «Kiki» Camarena, agente de la Drug Enforcement Administration (DEA) de los Estados Unidos. Para Héctor Berrellez, el agente especial de la DEA que investigó lo sucedido con su colega, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la misma DEA estuvieron implicados: según afirmó en El último agente de la DEA (Amazon), a «Kiki» lo torturaron tanto para comprobar cuánto sabía de la operación Irán-Contras que al final se les fue de las manos.

Cansados de no poder entrar a su propia hacienda, los Cervantes se plantaron el 20 de marzo de este año en la entrada, pero del otro lado varias personas que no se identificaron los corrieron a puras amenazas: «Lárguense de inmediato, si se vuelven a presentar o insinuar algo, los mataremos», fueron las palabras, como dejaron asentadas en la denuncia.

Por investigaciones privadas, los Cervantes pudieron saber que quienes se encuentran dentro de Vicencio son Mario del Olmo González y Enrique Núñez Quiroz, por eso también los incluyeron en la denuncia así como a Raúl Ponce de León Saldaña por ser quien en representación de García Mena firmó en 2007 el contrato de arrendamiento que se dejó de pagar en 2008.

En esos años, Julio Enrique García Mena se la pasaba entre Puebla y Buenos Aires, donde compró todo el edificio de la calle Valentín Gómez 3550 para que su célula pudiera operar tranquilamente. Con dos buenos proveedores, como Pérez Corradi y Romero, consiguió al menos 9050 kilos de efedrina para enviar a México. Cuando declaró como «arrepentido», Pérez Corradi explicó que pagaba alrededor de 500 dólares el kilo a Josue Ezequiel Fuks -instalado desde 2009 en Israel, que no tiene acuerdo de extradición con Argentina- y se lo revendía a 1500 a García Mena. Parte de la diferencia era para «la membresía» de la Policía Federal (PFA). Uno de los «recaudadores» ascendió tanto que ahora tiene un cargo clave en la lucha de la fuerza contra el narcotráfico. Al cruzar la frontera, desde Tijuana hasta Heroica Matamoros, ese kilo se convertía en metas, ice o crystal, dosis por miles, para los compradores y en oro para los vendedores.

Si bien en aquella época operaron varias células, la jueza Servini sospecha que al menos tres trabajaron, tal vez sin saberlo, para la misma organización narcocriminal: la de García Mena, de la que Pérez Corradi y Romero fueron sus proveedores; la de Rodrigo Pozas Iturbe, para la que trabajó Leopoldo Bina, una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez; y la de Roberto Espinoza Ortíz, menos conocida pero también importante.

García Mena tenía varias líneas de contrabando: una era a través de «mulas», la mayoría oriundas de Tijuana, como Miguel Humberto Flores Rodríguez, Miguel Ángel Rodríguez Viveros, Juan Carlos Miranda Peña, Isquian Israel Ruiz Ontiveros y Carlos Elguezabal Flores, que, tras despegar de Buenos Aires, querían llegar hasta la fronteriza con 22 kilos de efedrina, pero los policías los frenaron el 24 de octubre de 2007 en el aeropuerto de Ciudad de México.

La célula de Espinoza Ortiz, por su parte, llegó a enviar 1129 kilos de efedrina desde una sucursal de DHL hasta Monterrey, Nuevo León, como si fueran polvos de helado para diversas cadenas del rubro.

La de Pozas Iturbe, en cambio, lo hacía desde la sede del Correo Argentino en Retiro, a metros de los Tribunales Federales de Comodoro Py. Así «coronó» 1436 kilos entre septiembre de 2007 y julio de 2008 hacia México y Guatemala. El 29 de julio fue el último envío: llamativamente, lo «cortaron» en la Aduana de Ezeiza. Más llamativo fue que estaba rebajada en un 33% con azúcares.

Por diversas características en común a la hora de operar y por teléfonos que hacían de puente entre las células, la jueza Servini sospecha que García Mena, Espinoza Ortíz y Pozas Iturbe al final respondían al mismo capo. Casualmente o no tanto, para esa época Benjamín Arellano Félix y Osiel Cárdenas Guillen coincidieron en El Altiplano. En esa cárcel de máxima seguridad, más conocida como La Palma, el líder del Cártel de Tijuana y el capo del Cártel del Golfo sellaron una alianza para enfrentar al Cártel de Sinaloa de Ismael «Mayo» Zambada y Joaquín «Chapo» Guzmán, como lo reconoció el por entonces subprocurador de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República (PGR), José Luis Santiago Vasconcelos: «Al estar juntos, prácticamente en el mismo espacio físico, hay una alianza. No habíamos tenido evidencias para poderla afirmar, pero ahora sí la podemos afirmar, se ha tenido noticia de la presencia de algunos representantes de ‘los Zetas’ en el área de los Arellano y también noticia de gatilleros de los Arellano en la zona de Tamaulipas».

A Osiel, México lo extraditó a los Estados Unidos el 20 de enero de 2007.

A Benjamín, recién el 29 de abril de 2011.

A decir de las operaciones de sus representantes, esa alianza habría seguido en pie en Buenos Aires al menos hasta mitad del 2008, cuando el tráfico de efedrina quedó al descubierto por el triple crimen de General Rodríguez.

Por toda esa trama por demás compleja, la jueza Servini espera hace rato que las autoridades de México atrapen de una buena vez a García Mena y otros seis acusados y los extradite junto a otros cuatro traficantes -algunos son miembros de la familia de Julio Enrique- ya detenidos para poder avanzar con el último tramo de «la ruta de la efedrina».

Los Cervantes, que siguen atentamente las noticias de Buenos Aires, solicitaron que la Policía lleve adelante el aseguramiento de Vicencio -y también del folio real donde consta la titularidad registral- para que se lo restituyan lo antes posible mientras un juez investigue a García Mena y compañía.