Esta semana el presidente Alberto Fernández le habló a los mercados y les pidió que "entiendan" que la Argentina está dispuesta a recorrer el camino anunciado por la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, y que apunta a reducir el déficit fiscal, en sintonía con las demandas del FMI.

"A partir de ahora no vamos a gastar más de lo que tenemos", prometió Batakis en su primera conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda tras haber reemplazado, de urgencia, a Martín Guzmán en el cargo. La funcionaria procuró así llevar tranquilidad a los operadores de la "city" porteña al cabo, en aquel momento, de una semana de alta volatilidad cambiaria.

"Que los mercados entiendan", remarcó luego Fernández: "La Argentina está dispuesta a hacer lo que dijo esta mañana la ministra: controlar el gasto público, seguir el camino de descenso del déficit fiscal paulatinamente para que esto no se convierta en un ajuste que dañe a la gente", sostuvo.

Batakis insistió en que el país cumplirá con éste y con los demás requisitos incluidos en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero sus palabras, al igual que las del presidente de la Nación, lejos estuvieron -al menos por ahora- de proporcionar para el Gobierno el efecto deseado, el objetivo pretendido, es decir, comenzar a generar confianza.

La reacción de los mercados esta semana, con una nueva disparada del dólar blue y subas también en las cotizaciones de las versiones financieras del billete estadounidense -hasta $300 por unidad para la venta-, entre otros actos reflejos de agentes bursátiles, operadores y cambistas en general, dejó una vez más en evidencia la profunda crisis de credibilidad que afecta al Gobierno nacional.

La palabra del jefe de Estado y de sus funcionarios en general está devaluada, no es creíble. Si bien no se trata ésta de una situación novedosa para la administración Fernández -sobre todo después de las fiestas en la Quinta Presidencial de Olivos durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus-, sí encuentra ahora a la gestión del Frente de Todos (FdT) y al primer mandatario en particular transitando por un momento sumamente delicado.

Y sin credibilidad es virtualmente imposible generar confianza.

Está por verse si en efecto el Gobierno tomará la decisión de achicar el gasto público y se arriesgará a pagar el costo político que supone para el oficialismo cumplir con la hoja de ruta pespunteada por el FMI, justo antes del comienzo de una nueva campaña electoral en la Argentina y con el kirchnerismo redoblando esfuerzos para despegarse de las medidas de ajuste que pueda impulsar la Casa Rosada.

El movimiento obrero sale a la calle

De cualquier manera, no solamente en la "city" porteña desconfían de la palabra oficial: diversas encuestas muestran que un porcentaje significativo de la población espera que la situación económica empeore en los próximos meses y hasta en la "oficialista" Confederación General del Trabajo (CGT) se encendieron luces de alerta y el movimiento obrero marchará por primera vez durante la gestión de Fernández para reclamar acciones concretas para combatir la inflación.

El sindicalismo planea salir a las calles el próximo 17 de agosto, en momentos de una efervescencia social en aumento que ocasionó esta semana que líderes piqueteros críticos del Gobierno marcharan en el centro porteño junto con referentes populares afines al FdT, como el presunto "amigo" del papa Francisco Juan Grabois, que amagó en los últimos días con romper sus vínculos con la alianza oficialista.

Este cóctel de riesgo que combina intranquilidad social con un incipiente nerviosismo sindical -especialmente al ver y comprobar cómo se dispara mensualmente el costo de vida en el país, lo que redunda en la generación de más pobreza- se produce incluso en un contexto de debilitamiento político de la figura de Fernández como presidente de la Nación, sumado a la crisis de credibilidad anteriormente mencionada.

El jefe de Estado, y el albertismo en general, quedó "tocado" tras la renuncia de Guzmán, cuya salida del Gabinete nacional resultó sumamente nociva para el Gobierno, dado que el ahora ex ministro de Economía era visto como "un hombre sensato" y una "voz autorizada" por el llamado "círculo rojo", pese al incesante fuego amigo que recibía de parte del kirchnerismo.

Su portazo produjo un deterioro adicional a la reputación de la administración Fernández y está claro que la llegada de Batakis no alcanzó de momento para enmendar ese daño, sino por el contrario: crecen los temores de que se vuelva a desatar una hiperinflación en el país, mientras consultoras privadas estiman que el "piso" del aumento mensual de los precios minoristas en julio sería del 7 u 8 por ciento.

En medio de este escenario complejo, y cuando resta poco más de un año para las próximas elecciones presidenciales, aún no está claro si la coalición gobernante podrá en definitiva ponerse de acuerdo, dejando de lado sus internas, y avanzar con políticas que ciertamente tengan como premisa atender y resolver los problemas más acuciantes de la sociedad.

En lo inmediato, da toda la sensación de que esa mancomunidad de criterios no será posible y que el FdT, esa criatura electoral concebida en 2019 por Cristina Fernández de Kirchner y que tan exitosa resultó ser en las urnas aquel año, se dirige rumbo a un contundente fracaso en la gestión, tanto por desaciertos propios como por factores exógenos: por ejemplo, el estropicio económico causado por la epidemia global de Covid-19 y las secuelas internacionales de la guerra en Ucrania tras la invasión rusa de febrero pasado.

Inquietudes sobre el mandato presidencial

Así las cosas, en los recovecos del poder se escucharon en los últimos días algunas voces inquietas refiriéndose a la gestión de Fernández y si llegará -o no- al final de su mandato, en especial si el jefe de Estado siente que ha perdido el control sobre su propia administración. En la Casa Rosada, mientras tanto, afirman que la gobernabilidad está garantizada, lógicamente.

Quedó dicho que, en este contexto, el kirchnerismo procura desmarcarse de las decisiones que eventualmente supongan un costo político para el oficialismo e incluso Cristina, utilizando la cuenta oficial de Twitter del Senado, se preocupó esta semana en salir a negar que hubiera acordado con Fernández y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, endurecer el cepo al llamado "dólar turista".

Como líder de un proyecto político que ha demostrado en los últimos tiempos tener pensamiento estratégico, la titular del Senado es probable que considere que el Gobierno ya no dispone del tiempo necesario para impulsar decisiones clave desde el punto de vista macroeconómico y llegar a recoger -electoralmente hablando- los frutos antes de los próximos comicios generales.

Por consiguiente, sus expectativas podrían centrarse, de cara a 2023, en mantener su caudal político sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde cuenta con un interesante capital de votos casi cautivos en el populoso Conurbano, y tratar de construir desde allí una alternativa opositora al próximo Gobierno, pensando en una eventual victoria de Juntos por el Cambio en la Nación el año que viene.

Esa alternativa opositora, sin dudas, se vería robustecida en caso de que el kirchnerismo logre mantenerse en el poder en la Provincia -donde, sin segunda vuelta, las elecciones se resuelven por un voto más o un voto menos- y reúna un número significativo de legisladores nacionales: justamente por este motivo es que viene tomando fuerza el operativo clamor para que Cristina sea candidata en 2023.

"Es posible que el objetivo no sea tanto ganar, sino juntar legisladores y sumar en el Congreso recursos políticos, es decir, diputados y senadores, para resistir desde la oposición, pensando eventualmente en regresar en 2027", dijo al respecto el politólogo Lucas Romero, director de Synopsis Consultores, en declaraciones a NA.

De cualquier manera, si los comicios previstos para el año que viene fuesen el próximo domingo el 35 por ciento de los bonaerenses votaría por Juntos -con el diputado nacional y aspirante a la Gobernación provincial Diego Santilli al tope de las preferencias- y el 34% al FdT, con el actual mandatario, Axel Kicillof, como el dirigente político más elegido, según un relevamiento de la firma Opina Argentina divulgado en los últimos días.