Nadie podía esperar que quien muy suelto de cuerpo le dijo a uno de los diarios más influyentes del planeta que no cree en los planes, fuera a tener un Plan B. Por eso tiene lógica que cuando Martín Guzmán dio las hurras y se fue, el Presidente haya demorado casi 30 horas en anunciar el nombre de su sucesor. Y que ni siquiera pudiera elegir a una figura encumbrada, capaz de apaciguar los ánimos de los mercados, hipersensibles en semejantes circunstancias.

Así y todo, lejos ha estado el gobierno de ceñirse al manual de emergencias recomendado para situaciones de este tipo. En lugar de rodearla de respaldos para darle musculatura, la primera semana de Silvina Batakis al frente del Palacio de Hacienda transcurrió con ella en un segundo plano tratando de armar su equipo, tarea que concluyó recién el viernes. Tuvo solo una foto individual con el Presidente, al jurar, y otra grupal, en un acto en el que se incorporaron medicamentos al programa Precios Cuidados. El lenguaje gestual de esa actitud solo puede sugerir una cosa: que Alberto Fernández prefiere despegarse de su ministra… Increíble.

Batakis arrancó su segunda semana rodeándose el lunes de ministros para dar una conferencia de prensa antes que abrieran los mercados. Pero sus anuncios se dieron de bruces con una constante de esta administración, siempre propensa a mostrar menos ejecutividad que la necesaria. La ministra habló de congelar el ingreso de trabajadores al Estado, pero el Boletín Oficial la contradijo durante los diez días siguientes, hasta que cuando ya todo el mundo advertía sobre esa contradicción, recién entonces se publicó el decreto confirmando lo anunciado el 11 de julio.

Si la segunda semana de Batakis no consiguió buena receptividad de parte de los mercados, peor fue la siguiente. El domingo pasado trascendió una convocatoria a los gobernadores para reunirse el lunes con la ministra de Economía, impulsada por el desdibujado jefe de Gabinete. Pero el lunes la ministra apareció rodeada de solo cinco mandatarios: Axel Kicillof (Buenos Aires), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Raúl Jalil (Catamarca). Una foto demasiado modesta para el respaldo político buscado. El fracaso de la convocatoria generó pases de facturas y desgaste para la ministra a la que se pretendía empoderar.

La crisis financiera devino en crisis cambiaria, pero sobre todo es política. El desconcierto predomina en lo más alto del poder y un botón de muestra es que en los días más álgidos la respuesta oficial fuera que en unos días “habría anuncios”. Esto es, se anunció que habría anuncios en fecha a determinar… Para garantizar su eficacia, las medidas se comunican cuando están listas; lo contrario solo alienta versiones y reacciones adversas.

En este contexto, a nadie debe sorprender la disparada del dólar, la suba imparable del riesgo país y el hundimiento de los bonos argentinos. Sobre todo si se le agrega que el kirchnerismo en general y la vicepresidenta de la Nación en particular han omitido respaldo alguno hacia la nueva gestión económica. Las únicas referencias de la exmandataria al tema fueron sus fuertes críticas al “revoleado” Martín Guzmán. Incluso se hizo trascender desde el Instituto Patria que contrariamente a lo que se pensaba originalmente, el aval de Cristina se había limitado a no objetarla. A este paso, ya hay quienes comparan a Silvina Batakis con Juan Carlos Pugliese, el ministro de Economía que sucedió a Juan Sourrouille cuando a Alfonsín se le incendiaba la economía.

Peor será que la admiradora de Gelbard se convierta en Celestino Rodrigo.

Las urgencias de la presidenta del Senado parecieran correr por otro andarivel, según quedó claro esta semana con la andanada audiovisual que desató en las redes sociales contra los integrantes de la Corte Suprema. Coordinada con el resto del kirchnerismo, en cuyo marco Martín Soria -quien quedará en la historia como el ministro de Justicia con peor relación con la Corte- la calificó como “la cabeza de un Poder Judicial corrompido”. Miembro del Consejo de la Magistratura, el senador camporista Mariano Recalde decía al mismo tiempo no tener “la menor duda que deberían estar sometidos a juicio político estos cuatro jueces”; mientras el exmiembro de la CSJN Raúl Zaffaroni daba un paso más allá al alertar sobre “un mecanismo en marcha para proscribir a Cristina Kirchner en 2023”.

La campaña en ciernes pareciera anticiparse a las complicaciones judiciales de la vicepresidenta. A partir del 1 de agosto se iniciará el alegato del fiscal Diego Luciani en la causa en la que ella está acusada de ser jefa de una supuesta asociación ilícita mediante la cual Lázaro Báez fue beneficiado por la adjudicación de la obra pública en Santa Cruz. Serán varias jornadas a lo largo de las cuales Luciani derramará lluvia ácida sobre Cristina. En el corto que difundió esta semana, la vicepresidenta aseguró que el Tribunal Oral Federal N° 2 donde se desarrolla el juicio “ya tiene la condena escrita y firmada”. El fallo saldrá antes de fin de año y se ve que la propia imputada no es nada optimista.

Ese es el tribunal ante el cual Cristina Kirchner se plantó en diciembre de 2019 advirtiendo que a ella la historia ya la absolvió.  Esa es precisamente su obsesión: cómo quedará en la historia. No le alcanza con la certeza de que no irá presa si eventualmente es condenada: quiere ser declarada inocente, y ese objetivo aparece ahora complicado, con posibilidades incluso de que Casación revierta sobreseimientos dictados en causas cuyos juicios no llegaron a iniciarse. Responsabiliza de eso a quien ella eligió para encabezar la fórmula del Frente de Todos, a propósito de sus aceitados contactos con el Poder Judicial. Está claro que ese es el peor de los incumplimientos que ella le adjudica a su delegado.

Recordemos que la primera baja significativa que Alberto Fernández sufrió entre “los suyos” fue la de su amiga Marcela Losardo, eyectada del Ministerio de Justicia a instancias de la vice. Claro está que su reemplazante Martín Soria, embanderado en la causa cristinista, tampoco logró objetivo alguno, salvo haber empeorado definitivamente la relación con la Corte Suprema.

Los ataques a la Justicia en general y la Corte en particular, hicieron su contribución al mal clima. La crisis económica es sobre todo política y todos los analistas coinciden en que una eventual solución recién llegará con el cambio de gobierno. La pregunta es si la olla a presión aguanta 17 meses más.

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio le dedicó el martes un comunicado muy duro al Presidente y la vice, adjudicándoles la responsabilidad del “descalabro”. Sobre ella dijeron asistir a “la persecución de un interés meramente personal que pone ante el abismo a toda la Nación”.

Desde la principal oposición, Hernán Lacunza, el exministro de Economía del final de la gestión Cambiemos que hoy es uno de los que trabaja en el armado de programas a implementar a partir de diciembre de 2023, si es que Juntos por el Cambio vuelve al poder, es drástico al trazar un oscuro panorama frente a la crisis económica. Sostiene que en los diez días que sucedieron al discurso en el que Batakis buscó mostrarse dispuesta a impulsar un fuerte plan de racionalización de gastos del Estado, se aumentó el gasto: el gobierno le dio $60.000 millones para las obras sociales de la CGT, se insiste desde el oficialismo con el Salario Básico Universal y hasta se siguen impulsando viajes de egresados. Y le agrega “empleados públicos que siguen ingresando al Estado”, remarcando que “lo más básico no lo pudo cumplir”.

El viernes fue otra jornada de versiones diversas. Mientras los voceros oficiales insisten en hablar de un panorama positivo en el que solo les falta reducir la inflación, fuera del aire -algunos- se sinceran confesando sus temores. Admiten que semanas como las últimas dos no pueden extenderse en el tiempo y reconocen que la ministra de Economía puede transformarse en fusible. Ahí crecen las chances de la opción que ofreció Sergio Massa, que no incluye a Batakis, cuyo cargo en Interior aún no ha sido cubierto.

En Juntos por el Cambio reina la cautela. Sus principales referentes han mantenido más reuniones que las que se han promocionado y en todas analizan las peores alternativas. No harán nada por empujar a nadie; prefieren asistir a una situación inédita: que la bomba engendrada en una gestión peronista no le estalle al sucesor.

Tuitera sin filtro, la diputada del PRO Sabrina Ajmechet transparentó sus expectativas con demasiada crudeza: “El peronismo la estrelló en 1973-1976, pero quedó en el olvido porque dictadura militar. Estamos ante la oportunidad de que el peronismo la estrelle y que después venga algo mejor. Estamos ante la mayor oportunidad histórica de la historia argentina”, escribió. Desde su mismo espacio no todos ven el futuro con tal grado de esperanza.