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A más de una semana del fallido atentado, real o fingido, contra Cristina Fernández y todos los ¿descuidos? en que se incurrió durante su investigación (similares lo sucedido cuando el Fiscal Alberto Nisman y el enriquecido secretario privado de ella, Fabián Gutiérrez, fueron asesinados) siguió ocupando las primeras planas de los diarios pero ya, con la muerte de Isabel II, pasó definitivamente a las páginas interiores. Pese a la magnificación mediática y su malintencionada utilización política, el presunto magnicidio no sirvió para victimizarla como se pretendía; la preocupación de la ciudadanía que, en un su gran mayoría descree de la explicación oficial e imagina un perverso y chapucero montaje con seres marginales y policías distraídos o ineptos, volvió a pasar de inmediato por la inflación, la pobreza, la inseguridad y, muy cerca, por la impunidad de la corrupción.
No asombró, por lo habitual, la virulencia de los ataques a la prensa, la Justicia, la oposición, la oligarquía, los Estados Unidos, etc. (la vetusta “sinarquía internacional”, a la cual el primer peronismo echaba la culpa de todos sus errores y fracasos) del falaz Alberto Fernández y la inmunda cohorte que lo acompañó en sus diatribas. Pero nadie fue más explícito en sus intenciones que el Senador José Mayans, empleado del siniestro señor feudal formoseño, Gildo Insfrán (¡27 años en el poder!), cuando dijo que la paz social estará en riesgo si la causa “Vialidad”, en la cual a su reina se le ha pedido una pena de doce años de prisión, sigue su curso procesal. La contemporánea reaparición de los asesinos terroristas Fernando Vaca Narvaja y Mario Firmenich, en actitud de franca amenaza a la sociedad y a la democracia que el Gobierno auspicia, no contribuye precisamente a consolidar esa paz que Mayans considera en peligro.
La Argentina, desde la crisis de 2001, vive en un estado de anomia generalizado, en el que el tejido social se ha roto completamente, nadie respeta los derechos de los demás, y donde muchos políticos, sindicalistas y empresarios de toda laya se auto-perciben exentos de cumplir la ley y, por ende, distintos al resto de nosotros frente a ella. Si bien Cristina Kirchner es paradigmática, porque no sólo pretende que no se la puede condenar sino siquiera juzgar, pululan los Luis D’Elía, José Alperovich, Milagro Salas, Amado Boudou, Julio de Vido, etc., que invocan un ya gastado “lawfare” para desacreditar los procesos judiciales que los enviaron a la cárcel.
Gran parte de nuestros problemas radica en la falta de instituciones fuertes, como las que tienen nuestros vecinos, preparadas para resistir cualquier deriva autoritaria, del signo que fueran. Aquí, el kirchnerismo, que ha gobernado dieciséis de los últimos veinte años, dispara fuego graneado sobre el Poder Judicial, amén de haber desarticulado y anulado a todos los organismos de control. Al menos por ahora, sólo impide que el desalmado ataque que encara contra la República y su Constitución tenga éxito, la escasa diferencia que obtuvo la fórmula Fernández² en 2019, debida a la remontada que provocó la gira del “sí, se puede” que realizó Mauricio Macri por todo el país después de las PASO de ese año, ya que le impidió hacerse con mayorías propias en las cámaras del Congreso.
Pero, lamentablemente, también en la oposición se cuecen habas y se incurre en chapucerías, derivadas de los personalismos y las distintas visiones políticas que abundan entre sus dirigentes. Juntos por el Cambio, a la cual muchos presumimos ganadora en noviembre de 2023, exhibe públicamente sus miserias agregando así preocupaciones a las demasiadas que tiene una sociedad que espera que, esta vez, se consiga desterrar al populismo castro-chavista. Parece haberse instalado un abismo entre esos dirigentes y la ciudadanía en general, que tiene necesidades cotidianas y urgentes mayores. Para esa oposición formulo una propuesta.
Las fundaciones (los “think-tanks”) que dependen de cada uno de los partidos políticos que integran esa coalición están trabajando conjuntamente en un plan general de gobierno, conscientes de que el próximo Presidente, por el pesimismo y el hartazgo ciudadano, por la angustiante situación económico-social y por la pesadísima y explosiva deuda que recibirá de la actual gestión, no dispondrá de la tradicional luna de miel –los primeros cien días- que gozan las nuevas administraciones, y deberá tomar medidas de inmediato.
No sugiero que esos proyectos sean explicitados ahora, cuando aún falta un año para las primarias y un par de meses más para las elecciones generales, porque generarían una reacción negativa en una sociedad en la que siempre prima el principio de “con la mía, no”, pero sí que se pongan de acuerdo en diez o veinte políticas de Estado y, sobre todo, en quién estará a cargo de cada cartera ministerial clave, sea quien fuera luego el futuro Presidente, al mejor estilo del “gabinete en las sombras” británico. Por lo demás, así funcionan en todo el mundo los gobiernos de coalición que, siempre a la luz pública, distribuyen las distintas áreas de responsabilidad entre los partidos políticos que la integran, se trate de Brasil, Chile, Uruguay, Dinamarca, España o Italia.
De ese modo, las próxima PASO se circunscribirían sólo a definir quiénes serán los candidatos finalmente elegidos para representar a la coalición opositora en octubre de 2023, y la ciudadanía sabría con anticipación cuál será el perfil que revestirá el nuevo gobierno por los nombres de los futuros ministros, en especial en lo que a la economía, tan averiada y decepcionante hoy, se refiere. Tal vez así podamos contemplar con cierta tranquilidad las incendiarias discusiones que, aún siendo aliados, mantienen quienes aspiran a los cargos más expectables, sean éstos nacionales, provinciales o municipales. ¿Seré escuchado o soy un pobre iluso?
