La semana estuvo, sin duda, marcada el resultado de la primera vuelta electoral en Brasil. Otra vez los más reputados encuestadores dejaron jirones de su prestigio por los tan equivocados resultados que pronosticaron, producto tanto de vender sus análisis al mejor postor cuanto de la tentativa de influir en la opinión de los ciudadanos. En ese mismo error incurrió el Frente de Todos, que confundió deseos con realidad y tanto apostó a un definitivo triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva (48,43%). Los muchísimos votos obtenidos por el tan repudiado Jair Bolsonaro (43,20%) aguaron la fiesta aquí prevista por el Gobierno para celebrar la resurrección de la Patria Grande que el Foro de San Pablo imagina para la región y para exhibir un éxito en su teoría del lawfare. El segundo turno electoral se disputará el 30 de este mes, y su resultado todavía es imposible de prever.

El actual Presidente brasileño obtuvo 99 bancas en la Cámara de Diputados, mientras que el candidato del PT, que sólo pudo competir porque su juicio por corrupción fue declarado nulo por el Tribunal Supremo Federal por problemas de competencia y sin llegar al fondo del asunto, sólo consiguió 80 escaños. Esa Cámara cuenta con 513 miembros; o sea, el oficialismo y la oposición carecen, por mucho, de mayorías propias y estarán obligados a negociar cada ley que pretendan sancionar a partir de ahora.

La injustificada centralidad argentina no permite entender cómo funciona la democracia en Brasil, donde un montón de diputados electos por infinidad de partidos políticos constituyen lo que se denomina el “centrāo” que, entre otras virtudes, impide cualquier deriva autoritaria en ese país. A eso me refiero cuando digo que allí, en Uruguay, Chile, Perú, Colombia y Ecuador, las instituciones -en especial, las legislaturas-, son fuertes, estableciendo una enorme diferencia con lo que aquí sucede.

Otro aspecto curioso para nosotros es el funcionamiento del Ejecutivo brasileño que, en la medida en que siempre accede al poder mediante coaliciones políticas, públicamente distribuye los cargos ministeriales entre los diferentes partidos que las integran; o sea, cada vez que se produce una renuncia o incapacidad, es la fracción a la que fue asignado ese ministerio quien propone a su reemplazante. Y lo mismo sucede en muchos otros países, tales como Dinamarca, Noruega, Chile, Uruguay, España o Italia.

En la Argentina, producto del ombliguismo irracional del cual derivan las bastardas actitudes de algunos de sus miembros, la coalición opositora cruje y, al hacerlo, debilita las esperanzas en que pueda ejecutar el volantazo que permita nuestra resurrección. En lugar de generar empatía con la ciudadanía, agobiada por la inflación, la inseguridad y la corrupción, Juntos por el Cambio dirime sus feroces disputas personales en televisión, mostrando cuán lejos se encuentra de las verdaderas necesidades de la sociedad y, de continuar así, corre un enorme riesgo de perder las próximas elecciones. El oscilante Facundo Manes, seguramente inquieto por la escasa adhesión que suscita su potencial candidatura, es el paradigma de ese pecado; al menos por ahora, hasta su propio partido, la UCR, lo ha criticado.

Tampoco el Gobierno, tan ocupado como está en tratar de evitar las serias consecuencias penales que la PresidenteVice deberá soportar por el gigantesco latrocinio que la asociación ilícita que encabeza perpetró -aún lo hace-, consigue ubicarse cerca de las angustias cotidianas de sus votantes, la mayoría de los cuales pertenece al sector más castigado por la pobreza y la creciente miseria. A la manifiesta impericia del equipo económico, se suma el creciente fuego amigo que recibe Sergio el Aceitoso Massa desde la Presidencia del Senado, el Instituto Patria y La Cámpora, muy poco dispuestos a arriar sus banderas populistas, sobre todo en la crucial Provincia de Buenos Aires.

En la calle, todo el mundo se pregunta, por la diaria pérdida del poder adquisitivo del salario frente al aumento constante del precio de los alimentos, cómo se transitará este último trimestre y si algo explotará con violencia antes de las fiestas de fin de año.

Mientras tanto, el incapaz Ministro del Interior, Anímal Fernández (¡qué mal nos va con tantos descendientes de Fernando en el Gobierno!), ordenó desalojar algunas de las propiedades públicas y privadas invadidas por estos bandidos disfrazados de pueblos originarios. Pero lo hizo con tal ineficacia (o mala intención) que todos pudieron escapar y sólo se consiguió detener a algunas mujeres y niños. El único resultado positivo del operativo policial fue, precisamente, la renuncia de la Ministro de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, defensora de los derechos humanos del falso mapuche Francisco Jones Huala, prófugo de la Justicia chilena que se pasea impunemente por Bariloche, y de Milagro Salas.

Si alguien cree que terminaron las actividades de estas bandas de delincuentes patrocinados y subvencionados por el Estado argentino, deberá desilusionarse; continuarán las invasiones y los incendios provocados, las golpizas y, pronto, los asesinatos de quienes resistan. Y eso sucederá porque hay demasiado en juego: la Patagonia, a ambos lados de la Cordillera, es un territorio casi vacío de pobladores pero inmensamente rico en recursos naturales, y la ambición de conquistarla por la fuerza, separándola de Chile y la Argentina, no cederá hasta que se logre exterminar definitivamente el accionar de estos terroristas. ¿Acaso le suena esta frase?