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La Auditoría General de la Nación aprobó un informe sobre los estados contables de PAMI correspondientes al ejercicio 2018. El dictamen que resultó del análisis fue la abstención de opinión del organismo de control ya que “no se obtuvieron elementos de juicio válidos y suficientes".
La abstención de opinión puede originarse por limitaciones serias en el alcance del examen de los estados financieros o por la presencia de incertidumbres poco usuales con respecto al importe de una partida o la posible existencia de una cuestión que afecte de modo importante la situación financiera, entre otras. En el caso particular del PAMI los motivos fueron pocas certezas en base al análisis del Sistema Interactivo de Información (SII), el cual contiene el padrón de afiliados, el registro de prestadores, la carga de prestaciones realizadas, la distribución de capitas y la liquidación de pagos a los prestadores.
La AGN revisó el SII y encontró que el padrón contenía información incorrecta, por lo que no era confiable, que el sistema no emitía alarmas que permitieran evitar la carga de información errónea, así como tampoco alerta cuando un prestador capitado incumple sus obligaciones. Además se detectó que el PAMI no cuenta de un procedimiento adecuado de baja, la cual puede producirse meses después de ocurrido.
Por otra parte se halló que la falta de confiabilidad del padrón influye en el cálculo de cápitas y otras prestaciones por convenio y que significan más de $46.517 millones, el 25,24% de los gastos operativos. A la vez que afecta la realización de controles sobre las liquidaciones de medicamentos por $33.869 millones y la identificación de afiliados que renuncian a las prestaciones del Instituto y transfieren aportes a otras obras sociales por $767 millones.
El segundo punto para la abstención fue que se hallaron deudas corrientes y no corrientes en el estado patrimonial, las cuales equivalen a $12.692 millones que representan el 64% del pasivo. “Estas deudas son de prestaciones médicas y sociales y bienes y servicios que contienen restados los anticipos pagados a los acreedores”, explica el informe.
En tercer lugar, se registraron deudas por la adquisición de medicamentos por $8.414 millones y no se obtuvo la documentación de respaldo. “No surgen claramente las pautas que rigieron el control de dispensa de medicamentos toda vez que las disposiciones del Convenio Marco 2018 y la implementación del sistema Farmapami fueron concretadas en Noviembre 2019”, indicó la AGN.
Previsión para contingencia
Sobre una previsión para contingencia por $ 5.831 millones, se observó que se constituyó en base a un informe emitido por la Gerencia de Asuntos Jurídicos sin haberse consultado previamente con el sector contable. “El resultado de esta situación es una duplicidad de pasivos, por acreedores que tienen cuentas corrientes con saldos pendientes y luego inician juicio, duplicándose el pasivo cuando se genera la previsión”, remarca el trabajo de la auditoría y agrega que los cálculos de intereses y costas judiciales "presentan errores”.
En último lugar, se desprende del análisis que el PAMI no cuenta con normas y procedimientos que le permitan fiscalizar la recaudación proveniente de la AFIP y ANSES en concepto de aportes y contribuciones, ni de la forma que le son transferidos.
En los estados contables ¿figurarán los drinks tomados por la chorra que se fue al Caribe con su asistente?
Miles de millones fuera de control - no vaya a creer - el lector - que acá hay afano - por favor - este es un gobierno nacional y popular-
El texto CONSTITUCIONAL DICE: " Artículo 85.- El control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, será una atribución propia del PODER LEGISLATIVO. El examen y la opinión del PODER LEGISLATIVO sobre el desempeño y situación general de la administración pública estarán sustentados en los dictámenes de la AUDITORIA GENERAL DE LA NACION. Este organismo de asistencia técnica del Congreso, con autonomía funcional, se integrará del modo que establezca la ley que reglamenta su creación y funcionamiento, que deberá ser aprobada por mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. El presidente del organismo será designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso. Tendrá a su cargo EL CONTROL de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de organización, y las demás funciones que la ley le otorgue. Intervendrá necesariamente en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión de los fondos públicos." ¿Esto significaría que la AGN NO ESTA CUMPLIENDO CON SU MANDATO CONSTITUCIONAL COMO ASI TAMPOCO LOS LEGISLADORES QUE TIENEN LA OBLIGACION DE EXIGIR LA ASISTENCIA DE ESE ORGANISMO TECNICO? ¿Qué pasa con la CORTE SUPREMA QUE NO INTERVIENE DE OFICIO ANTE ESTA GRAVE OMISION FUNCIONAL DE LA AUDITORIA GENERAL DE LA NACION Y EL PODER LEGISLATIVO?