La Auditoría General de la Nación analizó la gestión de la Secretaría de Energía (SE), sobre el cumplimiento de los objetivos y los controles ejercidos sobre los distintos programas de estímulo a la producción de gas natural durante 2017 y 2018. El organismo detectó irregularidades en las asignaciones, falencias en los registros y programas poco definidos.

Para reducir la brecha entre la producción y el consumo de gas natural, desde la Secretaría otorgan estímulos mediante la asignación de una compensación monetaria con fondos del Tesoro Nacional. Así se busca asegurar un precio adecuado para incentivar a las empresas a incrementar en el corto plazo la producción nacional de gas natural, reducir las importaciones y estimular la inversión en exploración y explotación para contar con nuevos yacimientos.

La AGN analizó cuatro de los programas estímulo. Lo primero que halló es que no se definieron en forma detallada de manera que pueda vincularse de un modo preciso su aporte a las mejoras en la oferta de gas. “No se ha evidenciado que el auditado haya traducido los objetivos generales planteados en las normas que establecen los planes de estímulo, en objetivos o metas específicos respecto de una línea de base o de expectativas de producción”, detalla el informe. 

El trabajo explica que la ausencia de indicadores adecuados y suficientes impiden medir la eficacia y la efectividad de los programas en su conjunto. Entonces las mejoras obtenidas durante la gestión analizada, no pueden ser íntegramente atribuibles a su implementación ni permiten hacer evaluaciones de desempeño. 

Para incentivar a las empresas a incrementar su nivel de producción de gas natural, el Estado paga una compensación que consiste en la diferencia del precio de venta y el precio estímulo determinado. En este sentido se fijó un valor de 7,50 U$D por millón de BTU tomando como referencia el costo de las importaciones de gas, con la finalidad de fomentar la inyección de este producto al sistema a un menor costo al de importación, “aunque sin fundamentos que justifiquen técnicamente dicho valor”, según la AGN. 

Sin embargo, “en la medida en que los precios de importación se encontraban en menor nivel a 7.50 U$S/MMBTU, el auditado cambió la fundamentación afirmando que dicho monto resulta el adecuado para el desarrollo de Vaca Muerta a mediano y largo plazo”, analizó el organismo de control. 

Sin criterios claros 

Bajo la Resolución 46/17 se previó que el 88% del precio mínimo obtenido sea destinado a las empresas productoras y el 12% restante a la provincia donde estuviera ubicada el área de concesión. Estas, además de intervenir en el proceso de aprobación de los proyectos de inversión, deben realizar un control y certificación semestral de las inversiones previstas, informando a la Secretaría de Energía sobre aquellas concesiones incluidas que hubieran incumplido las inversiones, a los fines de su baja del programa. 

La Auditoría halló que no hubo un fundamento técnico para determinar los porcentajes a favor de las empresas y de las provincias, mientras que el auditado respondió que del expediente de aprobación del Programa “no surgen los fundamentos de tales guarismos”. Para el período 2018-2021 se preveía erogar U$S 3.266 millones, lo que representaría U$S 392 millones para las provincias. “Dada la significatividad de los importes comprometidos, resulta relevante conocer los fundamentos para determinar el porcentaje mencionado”, sostiene el informe. 

“La falta de fundamentación para la determinación de los porcentajes destinados a empresas y provincias tornan cuestionables los programas en tanto impide conocer la suficiencia del precio establecido para el cumplimiento de los objetivos previstos y además representa una interferencia en la transparencia del uso de los fondos públicos, dada la inexistencia de un esquema de rendición de cuentas de los importes transferidos”, concluye este apartado la AGN. 

Más observaciones

La AGN detectó irregularidades de gestión e incumplimiento normativo en el proceso de inscripción y ejecución de los programas. “En los expedientes de inscripción analizados no se evidenciaron criterios objetivos y uniformes para evaluar los planes de inversión”, indicaron. 

Con respecto a la ejecución de los procedimientos de pago, observaron incumplimientos al circuito de controles establecido normativamente, ya que se realizaron pagos sin contar el expediente con toda la documentación necesaria. 

Además, la AGN no pudo conciliar una deuda por empresa detallada en la Resolución 97/18, con los pagos que surgen de la base de datos suministrada por el auditado. “Se constató la inclusión de una empresa como beneficiaria del pago con bonos, no incluida en la citada Resolución, ni en la base de datos proporcionada”, subrayaron los auditores. 

Como cierre, se encontró una falta de auditorías o evaluaciones intermedias. Según las resoluciones de tres programas se debía implementar un mecanismo para auditorías anuales determinando su alcance, a los fines de seguimiento y control de las pautas fijadas en los respectivos reglamentos, a cargo de una universidad designada. 

La AGN solicitó al auditado que especifique el mecanismo y alcance de las auditorías anuales establecidas, y que remita la totalidad de los trabajos realizados. En una primera respuesta, la Secretaría respondió que la información requerida había sido solicitada a las áreas competentes. Ante la insistencia de la Auditoría, en una segunda respuesta, se informó que los datos disponibles en formato digital serían remitidos a un enlace de descarga brindado. En el link puesto a disposición no se cargaron auditorías.