Tras lograr la media sanción al proyecto del Presupuesto 2023, el Frente de Todos no pudo avanzar con el artículo que establecía el cobro de Ganancias a todo el Poder Judicial, ni tampoco consiguió aprobar la iniciativa que buscaba habilitar al Poder Ejecutivo a modificar las retenciones al campo.

En el primero, rechazado por 134 votos negativos y 116 afirmativos, se proponía el cobro del impuesto a las Ganancias a jueces, fiscales y trabajadores del Poder Judicial. La iniciativa había sido incluida sorpresivamente el jueves en la última reunión de la comisión de Presupuesto y fue muy criticada por las asociaciones de fiscales y magistrados.

En cuanto al primero, el oficialismo cosechó 116 votos afirmativos, pero fueron 134 los rechazos y por ende quedó eliminado el artículo 100 que buscaba poner en pie de igualdad a todos los miembros del Poder Judicial, teniendo en cuenta que en 2016 se votó y quedó vigente una ley para que los nuevos miembros que ingresaran a la Justicia paguen el tributo.

La propuesta para terminar con este privilegio histórico que conserva un sector del Poder Judicial, y que hubiera significado un ahorro fiscal de $237.850 millones para 2023, no prosperó porque la oposición se abroqueló en contra de la reforma.

Los cuatro diputados del Frente de Izquierda también se opusieron al cambio, aunque aclararon que lo hacía porque no quería perjudicar a los trabajadores del Poder Judicial, tomando como premisa el principio de que "el salario no es ganancia".

Algunos diputados de Juntos por el Cambio explicaron que no estaban en contra de que jueces paguen Ganancias, pero que debía tratarse con más tiempo en una norma diferenciada y no dentro del paquete del Presupuesto 2023. El mismo argumento había sido esgrimido por los representantes de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional en la reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda del lunes pasado. 

Luego de que tras 26 horas de sesión se aprobara en general el proyecto de Presupuesto, llegó el turno de la votación en particular, momento en que se sometió a consideración la propuesta que había incorporado a último momento el oficialismo, y que generó un fuerte revuelo.

El diputado nacional de Avanza Libertad José Luis Espert argumentó su negativa al recordar que la Constitución Nacional señala claramente que las remuneraciones de los jueces y fiscales "son intangibles" y que la única forma de resolverlo sería a través de una reforma constitucional.

No obstante, propuso incorporar un artículo para "compensar a jueces y fiscales" por la detracción al cobrarles el impuesto a las Ganancias.

Luego hizo uso de la palabra el también economista Itai Hagman (Frente de Todos), quien aclaró que no se está con esta ley "modificando la remuneración de jueces y funcionarios de Poder Judicial", sino "legislando si corresponde o no un tributo".

"Del mismo modo que pro ejemplo hace un par de años este Congreso modificó las alícuotas de retención del aporte jubilatorio, lo cual nadie cuestionó porque no afectaba las remuneraciones. Sí el salario final de bolsillo", agregó. 

El diputado kirchnerista afirmó que "pagar Ganancias no modifica las remuneraciones y por lo tanto la intangibilidad prevista en la Constitución", y además recordó que "es un impuesto que ya pagan otros funcionarios del Poder Judicial", por lo que desechó "el argumento de que se vulnera la independencia judicial".

Seguidamente intervino Graciela Camaño (Identidad Bonaerense), quien defendió la continuidad del beneficio de jueces y fiscales de no pagar Ganancias, al sostener que la Constitución "pretende que el Poder Judicial tenga independencia, y que los jueces no sean bajo ningún punto de vista condicionados por aquellos que tenemos la potestad de establecer alguna imposición".

La referente del interbloque Federal dio este argumento no sin antes desencadenar una innecesaria polémica cuando opinó que "nada peor que contadores y economistas hablando de Derecho Constitucional", en alusión a los preopinantes Espert y Hagman.

Le salió al cruce Leopoldo Moreau (Frente de Todos), quien explicó que la formación profesional no es "una condición necesaria para intervenir en discusiones de esta naturaleza" y que todos los diputados están en igualdad de condiciones para hacerlo, desde un trabajador ferroviario hasta un profesor de derecho constitucional".

"Hay que votar esto porque es justo, porque hace a la equidad tributaria y porque no podemos ser débiles ante los fuertes", arengó el radical kirchnerista.

La diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli consideró que la quita de la eximición de Ganancias para jueces e integrantes del Poder Judicial sería incorrecto dado que a su entender "viola la ley de Administración Financiera, que destaca que en el Presupuesto no se pueden agregar leyes permanentes ni que modifiquen leyes, ni que cree o modifiquen tributos".

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, retomó la controversia iniciada por Camaño al señalar: "No soy abogado ni contador pero soy diputado y me siento en pleno derecho" de intervenir en el tema.

"Que nadie se arrogue la potestad de que es un tema que no se puede discutir", manifestó y recordó que los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz habían expresado que estaban dispuestos a pagar impuestos a las Ganancias. 

El artículo sobre derechos de exportación, que también quedó eliminado, contemplaba que se prorrogue dicha facultad de modificar el impuesto hasta el 31 de diciembre del año próximo, con un tope en la alícuota del 33% del valor imponible o del precio oficial FOB sobre los productos agropecuarios.

“La presión impositiva que sufre el campo es récord, perdimos la oportunidad de tener una discusión racional sobre esta cuestión”, señaló el diputado del PRO, Luciano Laspina.

El ministro de Economía Sergio Massa, había afirmado que el Gobierno se comprometía a no aumentar las retenciones y que buscaría incluir una cláusula para que quede garantizado. 

Sin embargo no hubo acuerdo entre la oposición y el oficialismo, por lo que se optó por retirar la propuesta. "Vamos a retirar el artículo 95, no compartiendo las cosas que se han dicho, a partir de que nosotros entendemos que el Ejecutivo tiene las facultades para establecer los derechos de exportación”, dijo Heller.