Luego de la escandalosa sesión del jueves pasado en la Cámara de Diputados, en la que Juntos por el Cambio convirtió el recinto en un estadio de fútbol y logró que se suspendiera el partido antes de tiempo, el oficialismo enfrenta un dilema difícil de resolver por los distintos intereses que se entrecruzan al interior del bloque: ceder y acordar con la oposición o redoblar la apuesta y pintarse la cara de guerra.

El titular del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, por su función diplomática, expresa la primera vía. El santafesino dijo que desde la misma noche de la bochornosa sesión se envía mensajes con los líderes opositores para llegar a una tregua en base a la cordura y avanzar en objetivos comunes. La alternativa beligerante está plasmada en el proyecto de resolución impulsado por Mara Brawer para expulsar a Cristian Ritondo por los gritos xenófobos que realizó contra Blanca Osuna (a quien insólitamente llamó "venezolana" como si se tratara de un insulto) y por el gesto obsceno del final en el que el presidente del bloque del PRO se vanagloriaba de haber sometido sexualmente al oficialismo.

Este proyecto reúne 41 firmas, lo que da la pauta del volumen que tiene el enojo del oficialismo con Juntos por el Cambio y las pocas ganas de volver a tender puentes con ese sector político, al que acusan de ser el brazo político ejecutor de una estrategia judicial para apoderarse antidemocráticamente del Consejo de la Magistratura, en el marco de la ofensiva judicial contra Cristina Kirchner. Martínez no desconoce la fuerza que tiene esta postura al interior de su bloque e intenta hacer equilibrio, sin descuidar su rol que es el de alcanzar acuerdos y cumplir con las leyes que le pide el Poder Ejecutivo.

El fracaso de la sesión preparatoria y la posterior sesión para discutir proyectos tiene como trasfondo la rosca por la designación de los cuatro miembros de la Cámara Baja al órgano encargado de la selección y remoción de jueces. Ese es el debate de fondo que mete la cola para distorsionar la dinámica parlamentaria.

En vísperas del fallo contra Cristina Kirchner por la causa Vialidad, en la que se espera una sentencia adversa para la vicepresidenta, el oficialismo visualiza un complot político, judicial y mediático para paralizar el Consejo de la Magistratura y así dejar el camino libre y sin controles al "lawfare". Según elucubró el diputado oficialista Leopoldo Moreau, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, no esperaba que la lista de Héctor Recalde ganara la minoría en el estamento de abogados del Consejo, y por eso hizo números y se dio cuenta que tenían que bajar a un consejero del oficialismo, que terminó siendo el senador Martín Doñate.

Juntos por el Cambio, por su parte, defiende con uñas y dientes la designación de Roxana Reyes por la segunda minoría de Diputados, recordando que fue Sergio Massa, ex titular del cuerpo, quien se había comprometido a reservarle ese lugar a la UCR. Por eso desde la oposición salieron tan violentamente a impugnar la continuidad de Cecilia Moreau como presidenta de la Cámara baja, luego de que ésta dejara el suspenso los nombramientos para no quedar en rebeldía respecto del fallo del juez Martín Cormick. Consideran que no cumplió con su función de defender la autonomía del Poder Legislativo y que también traicionó con los acuerdos políticos.

Según pudo averiguar la agencia NA, la decisión de la titular de Diputados se tomó del otro lado del Palacio Legislativo, donde consideran que si a Doñate se le priva de la posibilidad de ser consejero por pertenecer a una fuerza política más grande, el mismo criterio debe utilizarse en Diputados respecto de Reyes, quien pertenece a Juntos por el Cambio. Esto mismo entendió Martínez cuando impugnó a Reyes en una presentación judicial, pedido al que dio lugar Cormick en su fallo.

A la principal bancada opositora no le alcanzó con la explicación de Moreau respecto a la flagrancia en la que quedaría sumida la Cámara de Diputados si hubiera decidido entrar en desobediencia con la Justicia. Por eso el desplante en ambas sesiones, que terminó en caos y clima de batalla futbolística.

"Es un afano, suspéndanlo", vociferaban al unísono en un cántico de cancha los opositores. Osuna aportó lo suyo cuando le gritó "asesino" al macrista Gerardo Milman por su supuesto rol en el intento de magnicidio a Cristina Kirchner. Los golpes en las bancas, los gritos e insultos se convirtieron en la banda de sonido de la sesión. Además, varios diputados opositores saltaron de sus bancas en un momento determinado y salieron al humo de Moreau, a quien increparon rodeándola en el atril de la presidencia. Una escena con similitudes al que se produce cuando jugadores de fútbol salen disparados a "apretar" a un árbitro de fútbol cuando están en desacuerdo con un fallo que los perjudica en un partido.

En este marco complicado, Martínez debe maniobrar para recuperar el diálogo en base al pragmatismo: el Gobierno necesita una ley importante como la de desarrollo agrobioindustrial, necesaria en las proyecciones de Massa para recaudar dólares y apuntalar el proceso de estabilización económica. También está pendiente la ley de regularización de deudas previsionales, ya que la moratoria vence a fin de año. La oposición sabe que el Poder Ejecutivo tiene estas necesidades e intentará sacar rédito de ello en una eventual mesa de negociación. 

Mientras se define la vuelta o no de "la rosca" entre las dos principales fuerzas en este contexto dominado por la judicialización de la política parlamentaria y la politización de la Justicia, la educación es una de las principales perjudicadas por la grieta. En la sesión que Juntos por el Cambio logró voltear iba a votarse la creación de ocho nuevas universidades nacionales. El oficialismo había acordado esta política con el bloque Evolución Radical, pero en el resto del interbloque opositor persistían las dudas por el impacto fiscal y por la inequidad federal en la distribución geográfica de estos establecimientos de educación superior.