El reciente conflicto de poderes que se generó en la Argentina con motivo de la primera reacción del gobierno de Alberto Fernández de no acatar la cautelar dictada por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la restitución de unos puntos de la coparticipación a CABA, pone sobre el tapete diversas cuestiones que atañen a la provincia de Buenos Aires.

Una de ellas es la administración de los fondos públicos por parte de los diferentes gobiernos que se fueron sucediendo en el distrito bonaerense desde el regreso de la democracia, pero principalmente de los de signo justicialista, que gobernaron durante buena parte de aquellos años la jurisdicción, necesitando permanentemente asistencia financiera del gobierno nacional.

En septiembre de 2020, luego de una grave crisis policial en territorio bonaerense, el Presidente ordenó quitarle el 1% de coparticipación a la ciudad y dárselo a la provincia de Buenos Aires para integrar el “Fondo de Fortalecimiento Fiscal”, a través del decreto 735 de septiembre 2020 y luego de la ley nacional 27.606, de diciembre del mismo año.

Luego de ello, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta inició dos causas, solicitando a la Corte su inconstitucionalidad y el pago de una suma que compense la pérdida sufrida desde entonces.  Así fue como el máximo tribunal decidió que se le entregue a la Ciudad el 2,95% de la masa de fondos coparticipables de forma automática a través del Banco Nación, y dispone la suspensión de la Ley 27.606.

Finalmente, en las últimas horas, el jefe de Estado dio marcha atrás y adelantó que le transferirá al distrito porteño los fondos mediante un pago con bonos TX31, a 90 días de vigencia de la medida cautelar. Pero la ciudad rechazó la decisión.

La Ley 23.548, llamada de “Coparticipación Federal de Recursos Fiscales”, fue promulgada el 22 de enero de 1988 bajo el Gobierno de Raúl Alfonsín, aunque con el correr de los años sufrió muchas modificaciones. La norma representa, básicamente, el dinero que la Nación le gira a las provincias de forma automática producto de los impuestos nacionales, como IVA, Ganancias, etc.

Pero siempre fue un régimen manejado a discreción. La provincia que más depende de las transferencias del gobierno es Santiago del Estero, con casi el 80% de sus ingresos provenientes de la coparticipación. Por su parte, la que menos necesita es Neuquén, con solo el 19%. La ciudad de Buenos Aires requiere el 24%.

En tanto, el 36 % de los ingresos de la provincia de Buenos Aires dependen de este régimen.

Aunque si bien para muchos debería recibir más en función de su propio peso, no es menos cierto que las diferentes administraciones que tuvo el distrito no fueron muy eficaces. Y así no hay plata que alcance.

Con sus más de 17 millones de habitantes y 135 municipios repartidos en una superficie de más de 307.000 km2, el territorio gobernado por Axel Kicillof ofrece una complejidad que lo torna virtualmente inviable e ingobernable. No son pocos los que consideran que la provincia debería ser dividida geográfica y políticamente en varias regiones. Pero ello parece de difícil alcance porque el peronismo cobija allí a buena parte de sus votantes: Buenos Aires explica el 40% del caudal electoral nacional.

El movimiento creado por Juan Domingo Perón, en sus distintas variantes, gobernó el distrito, desde 1983, en 31 de los 39 años transcurridos. Y los números no lo dejan bien parado.

Luego del sorpresivo triunfo del radical Alejandro Armendáriz, beneficiado por el “huracán” alfonsinista, en 1987 volvió a La Plata el peronismo, a través de Antonio Cafiero. Entre 1991 y 1999 gobernó la provincia Eduardo Duhalde, para ser sucedido por Carlos Ruckauf, quien renunció en 2001, asumiendo en su lugar el vicegobernador Felipe Solá. El ex canciller ganó las elecciones en 2003, y fue sucedido por Daniel Scioli, quien administró el distrito hasta 2015.

Recién en aquel año, el peronismo fue derrotado por María Eugenia Vidal. Y en 2019, triunfó el actual gobernador, Axel Kicillof.

Si bien es imposible separar cualquier gestión provincial de los vaivenes económicos del país, la situación actual de Buenos Aires es altamente delicada, con una profunda degradación en todos los ámbitos posibles.

Los últimos datos del INDEC arrojaron una tasa del 36,5% de pobreza en todo el país, mientras que en los partidos que conforman el Gran Buenos Aires, el 42% de sus habitantes no alcanzan las necesidades básicas, solo superado por el Gran Resistencia con 49,9% y Concordia con 49,2%.

Pero hurgando en los datos es donde la realidad se torna mucho más cruda.

Según el propio INDEC, en un informe publicado en 2020, luego de ser una de las provincias con mayor asistencia del país y que cuenta con una infinidad de recursos por la amplitud y la heterogeneidad de su territorio, la situación de Buenos Aires arrojó algunos números escalofriantes:

_ En los hogares pobres, un 65% de los jefes no ha completado los estudios obligatorios de nivel secundario y el 72% presenta un clima educativo bajo (menos de 12 años de escolarización de mayores de 18 años).

_ En los hogares indigentes el déficit de recursos para emerger de la pobreza alcanza el 78% de sus canastas totales. Y en las familias pobres, el 43%

_ El 62% de los menores son pobres y el 19% son indigentes.

_ Los menores representan el 38% de los pobres no indigentes de la provincia y el 41% de los indigentes.

_ El segundo grupo poblacional más afectado por la pobreza son los jóvenes de 18 a 24 años. El 54% de la población de esta franja etaria es pobre y un 16% son indigentes.

_ Los problemas de empleo se intensifican en la población pobre. La tasa de ocupación de los pobres es significativamente baja (25%) en comparación con la del total poblacional (36%) y cerca de un 64% de las ocupaciones de los pobres son informales.

_ El 30% de los jóvenes indigentes declara no trabajar ni estudiar.

_ En los principales centros urbanos de la provincia de Buenos Aires, el 19% de los jóvenes de 18 a 24 años (286 mil) no estudian ni trabajan y un 66% de estos jóvenes (188 mil) son pobres.

_ En los hogares indigentes la incidencia de esta situación se eleva considerablemente con relación al total provincial: el 30% de los jóvenes indigentes declara no trabajar ni estudiar.

Más datos que dan cuenta de la precariedad de la situación bonaerense:

En el Censo realizado en el año 2001, se concluyó que en la provincia de Buenos Aires, 1.970.058 hogares contaban con el servicio de cloacas, sobre un total de 3.917.739, lo que representó un 50,3 por ciento.

En el Censo 2010, en cambio, el porcentaje se redujo al 47,6%, ya que, de un total de 4.789.484 hogares censados, 2.278.069 contaban con el servicio de red pública.

Es decir, que luego de las gestiones de Ruckauf, Solá y Scioli, había más gente sin cloacas en la provincia, a pesar de lo declamado.

Y de acuerdo a un informe del Banco Mundial, 3.7 millones de personas no tienen acceso a la red de agua y 6.8 millones no cuentan con alcantarillado.

En promedio, casi un 30% de su población vive en condiciones impropias para este siglo.

Más cifras que exponen el deterioro:

Tomando también la información vertida por el Censo 2001, había 3.767.381 viviendas para un total de 3.920.985 hogares. Es decir, 96,1 viviendas cada 100 hogares. En 2010, se registraron 4.425.193 viviendas habitadas para 4.789.484 hogares, lo que significó 92,3 viviendas por cada 100 hogares.

Es decir, una merma de casi 5 puntos.

Además, en 2020, según datos de la propia administración provincial, se estimó que existía un déficit habitacional para casi 4 millones de personas.

Tampoco se salva la educación:

En junio de 2022, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires emitió un informe que daba cuenta que el 51,7% de los establecimientos educativos presentaba algún tipo de falencias. El detalle arrojó que “el 17,7% de los edificios declaró tener problemas estructurales; un 10% adujo filtraciones de agua; un 7,4% dijo tener problemas graves en la instalación eléctrica; un 4,6% planteó que los locales sanitarios se encuentran deteriorados y un 3,4% dijo que cuenta con pisos del edificio en mal estado”.

Como ya consignó este medio, sobre un presupuesto educativo de $1.8 billones para 2023, solo el 3,5% estará destinado a obras, la mitad de lo estipulado para 2022.

Tal vez aquellos datos expliquen la decisión del gobierno nacional de darle más fondos a la provincia de Buenos Aires, donde quiere refugiarse el kirchnerismo luego de 2023.

Volviendo al conflicto por la coparticipación, de acuerdo a un informe del IERAL de la Fundación Mediterránea citado por el medio Infobae, desde septiembre de 2020, CABA “perdió” $288.933 millones en materia de partidas coparticipables. Según el mismo estudio, el 81% de ese dinero, es decir $234.077 millones, fueron a la provincia de Buenos Aires.

También Infobae cita un análisis de la consultora Aerarium, donde se afirma que entre enero y noviembre de 2022, el gobierno de Axel Kicillof, recibió un extra de $ 500.000 millones respecto de las transferencias estimadas en el presupuesto nacional, de los cuales la mitad son a partir de “fondos discrecionales”, Según el mismo informe, la provincia recibió así más del doble que “Córdoba, Santa Fe, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Mendoza, los 4 distritos que le siguen en población y PBI”.

Será, quizá, para solventar el exponencial crecimiento de empleados estatales durante la gestión actual, que pasó de tener, según el diario “La Nación”, 490.000 en 2019 a 535.000 a fin de 2023, tal lo confirma el Presupuesto del próximo año.