Como sucede todos los años, el gobierno bonaerense comunica durante los primeros días de enero el índice de coparticipación para los 135 municipios que componen la provincia de Buenos Aires. En otros términos, los fondos que les girará a los distritos durante el año. 2023 no fue la excepción. Y siempre hay polémica.

Para empezar, y como ya ha abordado este medio, los índices parten de una ecuación demasiado intrincada. Vale la pena volver a recordarla.

El régimen de coparticipación bonaerense se estructura a partir del llamado Coeficiente Único de Distribución (CUD), creado el 2 de junio de 1995 mediante el Decreto 1069/95, que ordenó, a su vez, la Ley 10.559 promulgada el 22 de octubre de 1987, que establecía el sistema de reparto a las comunas. La autoridad de aplicación del CUD es el Ministerio de Hacienda, hoy a cargo de Pablo López.

Del total de tributos recaudados por la provincia de Buenos Aires (ingresos brutos, inmobiliario, automotores, sellos, tasas por servicios) más la coparticipación federal (fondos de Nación), el gobierno provincial coparticipa a los municipios el 16,14% de esa masa de recursos. De ese total, un 58% se reparte entre todas las municipalidades por superficie y población; un 5% por los servicios no sanitarios transferidos y un 37% por los establecimientos de salud oficiales correspondientes a cada municipio.

Pero para 2023 algo cambió. De acuerdo a lo que salió publicado en el Boletín Oficial de la provincia del 2 de enero a través de la Resolución 885, el gobierno de Axel Kicillof detalló que para establecer el coeficiente “se cuenta con la información referida a la población, al caudal turístico, a la capacidad potencial absoluta y per cápita de los Municipios por la recaudación de tasas que le son propias, a los efectores de salud”.

A su vez, se estableció que “en ningún caso la variación porcentual de los coeficientes únicos de distribución entre las Municipalidades puede implicar para un municipio una merma mayor al cinco por ciento (5%), comparando el último Coeficiente Único de Distribución (CUD) aprobado con el que surja de calcularlo de acuerdo a los nuevos datos informados por las reparticiones oficiales pertinentes”.

“Un chino”, como se dice habitualmente.

En relación al agregado del 5%, que fue a partir de un pedido de los legisladores de Juntos por el Cambio, la ley aclara que “los ajustes que se requieran en los municipios cuyo coeficiente disminuya más del cinco por ciento (5%), serán cubiertos por todos los municipios que presenten incrementos en el CUD, de manera proporcional, teniendo en cuenta la participación relativa que representa el incremento individual en relación a la suma de todos los incrementos”.

Es decir, recortan a los que les aumenta por encima de ese porcentaje para darle a los más perjudicados, a través de Adelantos del Tesoro Provincial (ATP).

Según se supo, sin esta nueva cláusula, los coeficientes habrían quedado muy desproporcionados. Pero aún así, hay discrepancias.

De los 10 municipios más beneficiados con la coparticipación respecto a 2022, seis pertenecen al Frente de Todos (Alberti, Escobar, 25 de Mayo, San Martín, La Costa y General Rodríguez), y cuatro a la oposición (General Viamonte, Pellegrini, Pinamar, y Tornquist).

Este dato ya arroja una gran diferencia con lo ocurrido el año pasado, cuando este medio publicó que los 10 distritos con mejor coeficiente eran administrados por el kirchnerismo (Escobar, General Las Heras, Alberti, Pehuajó, Lomas de Zamora, Carlos Tejedor, San Fernando, Mar Chiquita, Luján, y Tigre).

Recién aparecía un municipio administrado por Juntos por el Cambio en el puesto 11: Adolfo Alsina. Y de las primeras 30 comunas con más coparticipación, solo 11 pertenecían a la oposición, es decir, poco más del 33%. De los 135 partidos, 72 son manejados por el kirchnerismo, 61 por el macrismo y 2 por el vecinalismo.

Sin embargo, las variaciones para 2023 entre los distritos rozan la incongruencia.

Alberti, el más beneficiado y con una población de 10.000 habitantes, vio crecer su CUD en relación a 2022 un 22,7%, y en los últimos 6 años, un 62,7%.

Le sigue Escobar, con más de 200.000 personas, con un aumento del 16,6% respecto al año pasado y un 48,2% desde 2016.

En tanto, Pinamar y La Costa, manejadas por Juntos y por Todos respectivamente, incrementaron su coeficiente en torno a un 10% en ambos casos comparado con 2022.

Pehuajó, por su parte, una localidad eminentemente rural y gobernada por el controvertido Pablo Zurro, del FDT, aumentó su CUD un 5,3% respecto al año pasado. Y ya había ganado en 2022, cuando había subido un 9,8%, estando entre los 10 más beneficiados. Y en los últimos 6 años, ganó un 14,8%.

Un caso es Lomas de Zamora, el municipio del jefe de Gabinete del gobierno bonaerense, Martín Insaurralde, actualmente en uso de licencia, que subió un 4,3% en relación al año pasado, y un 20,5% desde 2016. En 2022 estuvo entre las 10 comunas más beneficiadas, con un incremento del 9,3%.

Vale destacar, así mismo, que la situación en el conurbano, contra lo que se puede creer, es muy dispersa. De los 24 municipios que lo componen, fueron más los que perdieron que los que ganaron: 14 contra 10.

Pero de los 10 que ganaron respecto a 2022, solo 1 pertenece a la oposición, San Miguel. Los otros son: Avellaneda, José C Paz, Almirante Brown, San Fernando, Tigre, Moreno, Malvinas Argentinas, La Matanza y la mencionada Lomas de Zamora.

Aunque vale consignar que entre los perdedores, se destacan localidades muy kirchneristas como Quilmes y Florencio Varela. También perdieron Lanús, Tres de Febrero y Vicente López, bastiones del macrismo.

Un estudio del CONICET, encabezado por Guillermo Víctor Alonso, concluyó que “los municipios del conurbano, que representan el 63% de la población provincial, captan solo el 47% de los recursos coparticipados por la provincia”.

Pero hay también perdedores notables, todos controlados por la oposición, entre los que hay que destacar principalmente a General Pueyrredon y Bahía Blanca, dos de las tres ciudades más grandes del interior bonaerense. La otra es La Plata, que en el reparto esta vez le tocó ganar con un módico 0,8%, aunque lleva un 5,3% desde 2016.

Los otros municipios opositores que perdieron son Balcarce, Olavarría, Dolores, Junín, 9 de Julio, Pergamino, Azul, Capitán Sarmiento (gobernado por el ex titular de Vialidad e impulsor de la denuncia contra la vicepresidente Cristina Kirchner que la llevó a una reciente condena, Javier Iguacel), y Ramallo.

Bahía Blanca, cuyo intendente es Héctor Gay y con 285.000 habitantes según el Censo 2010, perdió un 1,1% respecto al año pasado, y un 2,8% en los últimos 6 años.

General Pueyrredon, cuya cabecera es Mar del Plata y manejada por Guillermo Montenegro, con 656.000 ciudadanos (Censo 2010), redujo su coeficiente un 0,9% en relación a 2022, y lleva perdidos desde 2016 exactamente un 2%.

Para una ciudad con un presupuesto de $77.000 millones, es mucho dinero.

Pero la incoherencia es aún mayor, si se recuerda que un análisis realizado por este medio sobre las partidas que recibieron las comunas en 2021, que demostraba que, por ejemplo, distritos con un nivel socioeconómico alto entre la mayoría de sus habitantes habían recibido 8 veces más de dinero per cápita que localidades con altos niveles de pobreza.

Por ejemplo, un partido comoTigre, uno de los más ricos de todo el territorio bonaerense, había recibido, en números redondos, $136.600 per cápita, mientras que José C. Paz, uno de los partidos más pobres, percibió apenas $17.500.

El dato surge de dividir el total de fondos coparticipados a cada municipio, medidos en pesos, por la cantidad de habitantes de acuerdo al censo 2010, que a pesar de que pasaron 12 años y hay una presentación judicial sobre una posible adulteración de algunos datos poblacionales, se sigue utilizando como referencia ante la falta de datos del último censo.

Varias fuentes de distintos gobiernos comunales vinculados a la oposición no lograron explicar en qué consistían los cambios en la normativa respecto al CUD para este año, pero todos coincidieron en que una de las variables más discutidas, las camas de internación, seguía vigente y lograba ser determinante, tal como ya publicó este medio.

Así lo consignó un análisis publicado en enero de 2022 realizado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), al concluir que “la variación anual del coeficiente que se le asigna a cada comuna depende casi con exclusividad del Régimen de Salud”.

El distrito hoy gobernado por Axel Kicillof es el único de todo el país que utiliza indicadores sanitarios para conformar la fórmula de reparto. Ninguna otra provincia lo hace.

¿Cómo se componen dichos fondos? Del total equivalente al 37% de la masa coparticipable vinculada a la situación sanitaria de los distritos, se determina un 35% por el número de camas, ponderadas por perfil de complejidad, y el porcentaje ocupacional de camas de los hospitales del municipio.

Además, un 25% se constituye por el número de consultas médicas en establecimientos con o sin internación. Por su parte,un 10% es por la cantidad de egresos producidos en los centros con internación, y otro 20% por la cantidad de pacientes/días registrados en los hospitales de cada municipio. Por último, un 10% por la cantidad de efectores sin internación en cada localidad.

En cualquier caso, sea cual fuere la fórmula a aplicar, la injusticia es para muchos. Desde 2016, hay municipios que han sufrido grandes recortes en el envío de fondos, como General Paz (15,6%), General Belgrano (6,1%), General Madariaga (16,7%), Tapalqué (11,9%), Baradero (9,4%), Rauch (8,5%), Marcos Paz (12,9%), y hasta Merlo (10%), entre varios otros.

Es decir, hay quienes ganaron más de un 60% de participación y están aquellos que perdieron más de un 15% en apenas 6 años.

Al menos injusto, desde donde se lo mire.