En las últimas horas, desde la Union de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (UART) emitieron un comunicado donde resaltaron la “enorme importancia que tiene el llamado a concurso realizado por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, para la pronta conformación del Cuerpo Médico Forense en el fuero laboral de esa provincia”.

El contexto es preocupante: Mendoza ocupa el tercer lugar en el ránking nacional (después de PBA y CABA), al acumular 9.457 nuevas demandas en 2022, 36,2% más que en el año precedente y representando algo más del 10% del total país.

En el mismo documento, al que tuvo acceso Diario Mendoza Today, remarcaron “el impacto positivo que su puesta en funcionamiento tendrá en la economía, aumentando la productividad, contribuyendo a la equidad en el tratamiento de los trabajadores y disminuyendo costos distorsivos, al ayudar a la baja de la litigiosidad por accidentes de trabajo”.

Como ya publicó este medio, se seleccionarán 5 profesionales médicos con experiencia comprobable de 2 años en medicina laboral y matrícula habilitante. Dicha convocatoria tendrá lugar entre el 1 y el 7 de febrero 2023. Para más información, se adjunta el link del Poder Judicial de la Provincia http://www.jus.mendoza.gov.ar/web/direccion-de-recursos-humanos/otros-cargos

La importancia de la pronta puesta en marcha de este Cuerpo, como determinó la Ley 27348/17 Complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo, “constituye un paso importantísimo frente al aumento de la litigiosidad que desde fines de 2019 se ha vuelto a verificar”, de acuerdo al comunicado de marras. Como se dijo, Mendoza ocupa el tercer lugar en el ránking nacional.

Como ilustra el gráfico, con anterioridad a la sanción de la citada Ley, se iniciaban mensualmente alrededor de 1.000 demandas en la provincia. Luego de su adhesión a la misma, tanto en Mendoza, como en el resto de las 14 provincias más CABA, que así lo hicieron, se evidenció una clara disminución de la litigiosidad. Sin embargo, el descenso no fue prolongado y hacia finales del año 2019 comenzó a observarse un repunte que fue interrumpido por la pandemia. Pero, con el regreso al normal funcionamiento de los juzgados, la judicialidad volvió a crecer, esta vez de forma sostenida durante los años 2021 y 2022, alcanzando el pico de 1.179 notificaciones en agosto de 2022 en la provincia cuyana.

“La puesta en marcha de los Cuerpos Médicos Forenses como lo exige la Ley 27348, implica un paso fundamental en el sistema pericial judicial, ya que establece referencias claras y unívocas en la determinación de incapacidades remanentes de una enfermedad laboral o accidente de trabajo y parámetros comunes en todo el país. Y constituye la respuesta a la actual distorsión. Su funcionamiento cerraría la brecha existente entre las respuestas administrativas y las judiciales ya que ambos se referenciarían en los mismos instrumentos, evitando las actuales divergencias que promueven la litigiosidad”, de acuerdo a la UART.

La ley votada por amplio consenso en el Congreso Nacional, a la cual Mendoza adhirió, especifica que los Cuerpos Médicos Forenses deberán:

1. Estar integrados por Profesionales elegidos por concurso de antecedentes y no por simple anotación en un listado, como ocurre hasta ahora.

2. Utilizar el Baremo (tabla de medición de incapacidades) incluido en la Ley 27.348 para determinar los porcentajes de menoscabos, generándose así uniformidad de criterios entre la instancia administrativa y la judicial.

3. Desacoplar el honorario de los peritos del monto de las sentencias basada en el daño que ellos mismos determinan, claro incentivo a sobrevaluarlo, cobrando en cambio por acto médico, u honorario fijo.

En definitiva, la citada Ley, al establecer la intervención del Cuerpo Médico Forense, jerarquiza la labor pericial en el ámbito judicial y ofrece el instrumento para crear una escenario predecible, claro e igualitario, en la determinación de las dolencias y su correspondiente resarcimiento en tiempo y forma. “Una instancia ampliamente superadora a la multiplicidad de criterios con que hoy se maneja el mundo pericial y que tanto le resulta gravoso a la economía en su conjunto agregando costos, como poco práctico e impredecible a quien litiga”, culmina la UART.