“El espejo es Venezuela y mira lo bien que anda Venezuela”, comenta irónicamente y sin dejar su nombre un alto ejecutivo de una de las empresas supermercadistas más grandes de la Argentina, de capitales nacionales, que -lógicamente- no quiere ver publicado su apellido por temor al posible accionar patotero de camioneros y piqueteros que la dirigente y fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, ha calificado de “grupos parapoliciales” y con la que le ha dado sustento a su denuncia penal contra el presidente Alberto Fernández y su equipo económico.

“Nadie, ni siquiera Alfonsín, pudo ganar una elección con inflación ascendente en los precios de los bienes que consumen las familias. Saben que están derrotados por este hecho y buscan culpables utilizando fuerzas de choque”, es otro de los análisis que comenta un ejecutivo de otra cadena supermercadista, pero con casa matriz en el exterior.

“El riesgo es Venezuela y lo que va a sufrir la gente en este final de fiesta”, afirmó intentando analizar el futuro próximo. Y, el ejemplo venezolano, puede ser tenido en cuenta para trazar una analogía en los efectos de una medida que, a la larga, nunca obtiene buenos resultados para el comerciante ni para el cliente.

Luego que Nicolás Maduro anunciara en diciembre pasado el retorno del control de precios en más de 40 productos de consumo masivo ante el aumento de los valores en los mercados, el fantasma de la escasez retornó a Venezuela con más fuerza que antes y se despertó la especulación, que la medida intentó evitar, solo que se produjo en el mercado negro de productos de consumo masivo que goza de buena salud en la actualidad del mercado caribeño.

A pesar de los ejemplos internacionales de fracaso absoluto de los controles de precios, ya sea mediante agentes estatales o paramilitares, el Frente de Todos insiste con una medida que puede rastrearse en su origen en la Argentina moderna durante la segunda presidencia de Juan Domingo Perón.

1953 fue un año muy malo para el peronismo en el poder y, ya sin la conducción de Eva Perón, la CGT organizó el 15 de abril un acto multitudinario de sus bases en la Plaza de Mayo para defender a su gobierno acusado, en ese entonces, de haber asesinado a su propio cuñado, Juan Duarte, para limpiar la imagen de una administración que observaba impotente como el aumento de precios y el desabastecimiento castigaba a la clase media y baja de la población.

La economía planificada y dirigida sustentada en el segundo plan quinquenal peronista chocó contra la realidad del quehacer económico diario que llevó a Perón a dejar para la posteridad una de sus frases más lamentables que lo ubicaron, inmediatamente, entre los enemigos del comercio. Mientras la multitud reunida pedía “Leña, leña, leña”, durante el discurso de Perón, el General les respondió: “¿Por qué no empiezan ustedes a darla? El Gobierno está decidido a hacer cumplir los precios, aunque tenga que colgarlos a todos”.

Acaso, por estos detalles de la historia, buena parte de la administración del cuarto gobierno kirchnerista vea justificada la utilización del tiempo y el trabajo de los camioneros, piqueteros y beneficiarios de planes sociales, reconvertidos en inspectores de precios. La tarea de inspección y la figura del inspector siempre fue bienvenida en el peronismo. El régimen peronista nombró a Jorge Luis Borges, bibliotecario, de enorme talento literario, como inspector de aves, conejos y pollos, función para la que, el recordado poeta ciego, no se sentía capacitado.

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Lo que podía ser una herramienta de política económica usual a comienzos de la segunda mitad del siglo pasado es completamente anacrónica y extravagante a comienzos del presente milenio. Consultados por la agencia NA, académicos y especialistas en economía, afirmaron que el deterioro de los precios relativos de los bienes controlados por el Gobierno y sus grupos, tendrán efectos nocivos en la economía nacional.

Para Julio Nogues, economista de la Universidad Nacional de Córdoba, “ante el deterioro de los precios relativos de los productos controlados, el incentivo que enfrentan los empresarios será producir menor cantidad de estos, y mayor cantidad de los productos cuyos precios no están controlados”.

Alejandro González Escudero de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, explicó, “los controles desalientan el empleo que los sindicatos debieran defender, y esto es así, porque los bienes controlados, producidos principalmente en el sector de alimentos y bebidas, tenderán a contraerse en su producción. De esa manera, al caer la producción, habrá menor empleo en estos rubros de la economía y provocará mayor miseria y desesperación en las familias de los trabajadores”.

Por otra parte, durante el inflacionario 2022, la secretaría de Comercio nacional tuvo cuatro funcionarios titulares: Roberto Feletti, Guillermo Hang, Martín Pollera y, el actual secretario, Matías Tombolini, uno de los promotores de la estrafalaria idea de sumar a los camioneros como inspectores. Durante las gestiones de todos los funcionarios citados se firmaron con las empresas tres acuerdos de precios que fueron prorrogados. La pregunta por el éxito de estas medidas y sus gestiones se impone.

Para Pablo Besmedisnik, de la consultora Invenómica, “los sistemas de control de precios sirven para el corto plazo. Muy corto. Pueden ser eficaces para contener los precios por poco tiempo, pero jamás muchos precios por un tiempo indefinido”. Y, una vez más, solo hay que observar lo que ocurre en otros países con economía centralizada. Cuba, que suele denunciar un bloqueo de los Estados Unidos que en la realidad es bastante laxo porque le permite comerciar con países vecinos y otras zonas del mundo, terminó el año 2022, con una inflación brutal cercana al 130% , según mediciones independientes.

El economista Steve Hanke realizó esta medición tomando en cuenta el valor del tipo de cambio paralelo que rige en la isla. Porque, “en la práctica comercial diaria de Cuba, el acceso a bienes y servicios básicos se determina en mercados paralelos y con precios libres muy por encima de los controlados por la dictadura de La Habana”, señaló el académico en declaraciones periodísticas.

En Argentina, existen muchas promociones bancarias y de sistemas financieros de los propios supermercados que “producen un efecto de confusión sobre los consumidores que terminan por tomar decisiones de compra incorrectas porque el mercado de bienes de consumo termina siendo poco transparente”, señalaron desde un documento economistas de la Fundación Economía y Sociedad.

En este contexto de confusión, controles de precios de parte de piqueteros y camioneros, y denuncias penales en los tribunales de Justicia para frenar estas medidas, se impone la reflexión de la filósofa estadounidense Aynd Rand, quien, acerca de esta materia escribió: “Mi sentido del comercio consiste en saber que la satisfacción que me das la pago con la que te doy a ti. No acepto sacrificios y si me pidieras más de lo que significas para mí, me negaría; por ejemplo, si me pidieras que dejara el tren, te abandonaría. Si el placer de uno ha de ser comprado con el dolor del otro, mejor es que no haya intercambio, pues una operación comercial en la que uno gana y otro pierde es un fraude”.

Sin embargo, la administración de Alberto Fernández cree que se necesitan tutores y/o encargados, camioneros y piqueteros, para señalarnos cómo, a cuánto y qué cosas debemos comprar y vender.