Si lo cruzaran por la calle, nadie lo reconocería. Si tuviera algo que contar, y sí que tiene, nadie identificaría su voz. Y eso que sobre sus espaldas recayó la pena más dura por uno de los casos policiales más resonantes de la historia argentina reciente: el triple crimen de General Rodríguez. De los cuatro condenados, Marcelo Javier Schillaci es el menos conocido, pero no por eso menos importante. Tras diez años preso, solicitó salir de la cárcel de Ezeiza. No fue la primera vez que pidió el beneficio de la prisión domiciliaria por su estado de salud, pero esta vez, finales del 2022, pudo ser diferente, según pudo reconstruir el portal Encripdata: su esposa murió y su hijo de 14 quedó al cuidado de su hermano de 20.

La jueza de ejecución penal de Mercedes, Marcela Otermin, no le dijo que no, todo lo contrario, ordenó un informe socioambiental para tener en cuenta el interés de los menores. Por la ley de víctimas también pidió la opinión de las familias de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, las víctimas del triple crimen de la efedrina.

La familia de Ferrón no dijo que sí ni que no. Hizo algo completamente novedoso. Como en menos de un año prescribirá la investigación, le ofreció una especie de trato: aceptar que le den la prisión domiciliaria solo si antes aportaba información que permitiera terminar de esclarecer lo sucedido entre el 7 de agosto de 2008, cuando los tres jóvenes fueron secuestrados en Quilmes, y el 13 de aquel mes y año, cuando plantaron sus cuerpos en un zanjón de General Rodríguez.

Los hermanos Martín y Cristian Lanatta y los hermanos Víctor y Marcelo Schillaci fueron condenados a prisión perpetua por haber sido encontrados penalmente responsables de la «privación ilegítima de la libertad agravada por su comisión mediante violencia en concurso real con triple homicidio agravado por su comisión con ensañamiento, alevosía y el concurso premeditado de más de dos personas» en calidad de partícipes necesarios.

En limpio: por formar parte de la banda que les tendió una trampa a Forza, Ferrón y Bina en el Walmart de Sarandí, los llevó engañados a la casa de los Lanatta en Quilmes, los ejecutó en un lugar nunca identificado, conservó sus cuerpos en frío durante seis días y finalmente los plantó en el camino viejo a Navarro, General Rodríguez. Pero no como quienes apretaron los gatillos de la Taurus calibre 9 milímetros y la Tanfoglio calibre .40 milímetros.

Para el tribunal de Mercedes, los Lanatta y los Schillaci «contaron con apoyo institucional y con importante capacidad económica». Ellos prestaron una colaboración esencial para que el triple crimen pudiera cometerse, pero no fue su idea. Tampoco la Ibar Esteban Pérez Corradi, con falta de mérito. La familia de Ferrón, entonces, le propuso a Marcelo Schillaci que hablara de una vez por todas tras catorce años de silencio.

«Como particular damnificada- expresó la mamá de Ferrón-, esta parte no se opone por mera revancha por lo sucedido, sino porque el cumplimiento de la pena tiene la finalidad de impulsar la reinserción progresiva del interno en la sociedad. Esta parte considera que para tal reinserción social es necesario que el condenado reconozca el delito cometido -hasta ahora nunca mostró arrepentimiento- y que colabore con la Justicia en la búsqueda de justicia».

Hay cosas que Schillaci no puede no saber. «Por ejemplo -marcó la familia de Damián en la presentación a la que accedió Encripdata-: quién los contrató, cuánto les pagó, dónde los ejecutaron, dónde mantuvieron ocultos los cuerpos durante seis días y quiénes desde el Estado les dieron protección para no ser descubiertos«. O también decir quién es realmente la famosa «Morsa», qué hizo alias «Máximo», cuál era la relación entre estos y el recientemente fallecido Eduardo «Chispa» Menchi; en definitiva, quién les dio la orden y por qué.

Defendido ahora por el abogado Daniel Mazzocchini, Schillaci tuvo todo enero para meditarlo. Encerrado en su celda de Ezeiza tal vez repasó sus años en libertad, en los que un día podía cometer un secuestro extorsivo y al siguiente podía compartir un asado con policías bonaerenses, que le daban cobertura porque era su informante.

Pero catorce años después del triple crimen, Marcelo Schillaci no se animó a hablar.

Diez años preso no fueron suficientes para hacerlo cambiar de parecer.

Ni siquiera saber que tal vez fue su última chance de escaparle a la perpetua.

En todo este tiempo, los otros condenados tampoco quisieron aportar pruebas, apuntar hacia arriba.

Sin noticias desde Ezeiza, entonces, la jueza Otermin no le abrió las puertas de su celda. Por argumentos recordó lo que marca la ley: «El grupo familiar donde podría residir el detenido si le fuera otorgado el beneficio de prisión domiciliaria está compuesto por sus dos hijos, de 20 y 14 años. Ellos viven solos en la vivienda desde que el 24 de enero de 2022 falleció la madre. Los ingresos del grupo familiar actualmente provienen del primero, quien cuenta con un lubricentro y una casa de comida en Berazategui, ingresos que satisfacen las necesidades del grupo familiar. Ahora bien, comenzaré por decir que a Schillacci, al ser condenado, se le impusieron las accesorias legales contempladas en el artículo 12 del Código Penal, que importa, entre otras consecuencias, la suspensión de la patria potestad por haber sido condenado en causa penal grave. Además, el informe señala que el mayor de los hijos cumpliría los 21 años el 27 de febrero de este año, convirtiéndose así en mayor de edad«.

Así, este condenado por el triple crimen de General Rodríguez perdió la oportunidad de que la prisión a cadena perpetua en su casa soplara vientos de libertad.

Pero en el aire quedó flotando un enigma: ¿a quién le teme este Schillaci, a quién le sigue temiendo aún tantos años después, como para no jugársela y regresar a casa?