Los números son contundentes. Mientras el Estado nacional gasta para darle de comer a cada recluso del penal de máxima seguridad de Marcos Paz $3.500 por día, el gobierno de la provincia de Buenos Aires destina para alimentar a los chicos en los comedores escolares la suma de $290 diarios, a través del Sistema Alimentario Escolar (SAE).

El pasado 8 de marzo se publicó en el Boletín Oficial la Decisión Administrativa 190/2023, en la que se aprobó una licitación pública efectuada por la Dirección del Servicio Penitenciario Federal, “CON EL OBJETO DE RESOLVER LA ADQUISICION DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, MERIENDAS Y CENAS, CON DESTINO AL COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL II (MARCOS PAZ)”.

La empresa beneficiada fue Compañía Integral de Alimentos, y el monto establecido fue de $3.274 millones por el lapso de 1 año. Si a esa suma se la divide por 12 meses, luego a dicho resultado por los 30 días del mes, y a su vez la cifra obtenida se la divide por la cantidad de presos del penal, se obtienen los $3.500 diarios.

En relación a los fondos destinados a los alumnos bonaerenses, no hay que hacer ninguna operación matemática.

Mediante la comunicación oficial 05555412-GDEBA, con fecha 15 de febrero de 2023, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, a cargo del camporista Andrés “Cuervo” Larroque, se estableció que desde el 1 de marzo, “la prestación Desayuno-Merienda tendrá un valor de $ 84,50 (pesos ochenta y cuatro con cincuenta centavos) diarios por cupo, y “la prestación Comedor, $ 205,50 (pesos doscientos cinco con cincuenta centavos) diarios por cupo”.

Lo que da un total de $290 por chico, muy lejos de los $3.500 de los reclusos de Marcos Paz. Una asimetría inexplicable.

Peor aún. Antes del reciente aumento, los valores que regían eran de $141,75 para el servicio Comedor y $58,13 para el Desayuno/Merienda. O sea, apenas de $200 diarios por alumno. Y entre abril de 2022 y enero de este año, eran de $125,08 para el primer caso y $50,76 para el segundo.

Es decir, que en casi un año, aumentó un 65%, cuando la inflación interanual llegó al 102%.

De acuerdo a la información oficial, el Servicio Alimentario Escolar está dirigido “a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social, escolarizados en escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de garantizar una cobertura nutricional uniforme asistiendo particularmente a los más vulnerables”.

En otras palaras, se trata de una cobertura dirigida a los más pobres.

Dentro del SAE, funcionan tres módulos o prestaciones: Desayuno-Merienda, Comedor y MESA. Los fondos provienen de La Plata, más precisamente desde el ministerio de Desarrollo de la Comunidad y son canalizados por los Consejos Escolares de cada municipio.

Para la tercera variante dentro del SAE, llamado pomposamente Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA), el monto asignado es de $3.516 por mes, de los cuales $470 se aplican a la logística del mismo.

Dicho de otro modo: una familia bonaerense recibe en alimentos el mismo monto que el Estado nacional destina por día a los presos de uno de los penales más importantes del país.

Solamente en la unidad penitenciaria de Marcos Paz, el gobierno argentino gasta $108.566 mensuales por cada interno, cuando el salario mínimo, vital y móvil será recién a partir del próximo 1 de mayo de $84.512 y una jubilación mínima se elevó desde el pasado 1 de marzo a $73.665.   

Para más comparaciones, el sueldo nacional promedio de un Guardia Penitenciario en el país es de poco menos de $100.000 mensuales. Inclusive, de acuerdo a la antigüedad, algunos salarios son de apenas $93.510.

La Unidad Penitenciaria de Marcos Paz es una de las más grandes del país. Fue inaugurada el 7 de diciembre de 1999, poco antes del fin de los mandatos del ex Presidente Carlos Menem y del ex gobernador bonaerense Eduardo Duhalde, y posee 120 hectáreas, 5 módulos de alojamiento, cada uno con área de deportes, aulas, biblioteca, y salón de usos múltiples.

Su capacidad interna está discutida. Según su página web, los internos serían 1.759. Y si bien algunos informes hablan de 1.500, lo cierto es que su “capacidad real” es de 2.404 pero habitan allí 2.533 presos.

Como el de Ezeiza, su concepción tuvo su punto de partida en el plan director del Servicio Penitenciario Federal (Decreto 426/95), en coincidencia con la promulgación de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad Nº 24.660.

Casi un año después de su inauguración, y ya en el gobierno de Fernando De la Rúa, el 17 de agosto de 2000 ingresaron los primeros internos y paulatinamente se habilitaron los distintos módulos del establecimiento hasta que alcanzó su capacidad operativa plena en noviembre de 2001.

Según informó el diario “La Nación”, entre sus muros conviven los narcos más peligrosos del país. Además de algunos integrantes de “Los Monos”, también se encuentran detenidos allí miembros del clan Loza, Néstor Rojas, y Carlos Bareiro.

Marcos Paz representa, de acuerdo a lo que dice la web del Servicio Penitenciario Federal (SPF), “una institución modelo en materia carcelaria del país y de Latinoamérica”. Es por esta razón que lo que el Estado destina en él para darle de comer a los reos, funciona como parámetro para aplicar a otros penales.

En junio de 2020, durante la pandemia de covid, fue designada interventora del SPF, la ex jueza María Laura Garrigós de Rébori, fundadora y ex presidente de Justicia Legítima, la agrupación judicial k.

Cabe recordar que en las elecciones legislativas de noviembre de 2021, el Frente de Todos, a pesar de perder a nivel nacional, arrasó en las cárceles de todo el país, obteniendo el 52% de los votos. Y en la provincia de Buenos Aires le fue aún mejor: sacó el 63,5%.

El Servicio Penitenciario Federal cuenta con 8 complejos y 27 unidades distribuidas en 13 provincias. Y maneja un presupuesto millonario: mientras que en 2021 fue de $21.900 millones, en 2023 tiene asignados $74.335, más de 3 veces más.

Aquel número, además, representa más del 70% de todo el gasto del ministerio de Justicia, de quien depende. El monto de la cartera dirigida por Martín Soria es de $104.415 millones.

Según un informe de la Procuvin (Procuraduría de Violencia Institucional), del Ministerio Público Fiscal, Argentina “concluyó 2022 con 11.349 personas detenidas en prisiones federales, 413 más que en el año anterior, lo que representa una sobrepoblación carcelaria del 3,8 %”.

Pero al margen de estos números, y aunque pueda parecer excesivo el gasto destinado por Nación a los reclusos, resulta inaceptable que el Estado, en este caso el bonaerense, gaste menos de $85 para el desayuno de cada alumno, y $205 para darle de almorzar.