«Es mejor asumir cuando la bomba haya explotado, porque de lo contrario corremos el riesgo de que la bomba nos explote nosotros». El razonamiento es simple, inmoral y caníbal. Bajo esa consigna no son pocos los actores políticos y empresarios que propician, por acción u omisión, un desbarajuste socioeconómico para los próximos meses. Los que piensan así, creen que hay una ventaja extra: asumir después de una crisis profunda y generalizada, permitiría tomar medidas excepcionales sin mayor resistencia. También obtener ganancias millonarias. La ineficacia del gobierno, la falta de un plan para enfrentar la coyuntura crítica, las internas feroces –que no se apagaron con la renuncia a competir por la reelección de Alberto Fernández–  y la falta de dólares (potenciada por la sequía) completan un paisaje donde la impericia propia del gobierno y las conspiraciones abren paso a esa posibilidad.

Ante la fenomenal corrida cambiaria de los últimos días, el gobierno se limitó a señalar supuestos responsables: primero fue Antonio Aracre, el ex CEO de Syngenta tuvo que dejar su puesto de Jefe de Asesores del Gobierno ya que su supuesta propuesta económica alternativa incluía la salida de Sergio Massa del Ministerio de Economía. Luego fue la consultora Max Capital que anunció una devaluación del cincuenta por ciento y, al otro día, pidió disculpas. El lunes pasado, fue un movimiento especulativo no identificado (en el Banco Central explican que se vendieron 75 millones de dólares en el mercado ilegal cuando en general no se superan los 50 y que no hubo compras de bancos, ni de empresas ni de exportadoras). A  esto se sumó una denuncia de Sergio Chodos, reaparecido representante argentino ante el FMI, señalando llamados de economistas vinculados a la oposición para obturar un gigantesco y salvador adelanto de fondos de ese organismo de crédito.

No hace falta ser muy suspicaz para comprender que la operación para forzar una devaluación existe y no es nueva, la intención de empujar una crisis social también. No se trata de meros fantasmas. Pero repartir culpas solamente en los de afuera es como responsabilizar a la hinchada por una derrota tres a cero. El principal escollo es el fracaso para frenar el proceso inflacionario. Hace meses que el gobierno no logra desacelerar el incremento de los precios (los acuerdos con los grandes grupos empresarios fueron burlados al otro día de firmarse) y el último índice de 7,7 empujó al dólar (el Ministro había augurado un índice de 3 puntos para este mes). La falta de reservas (los sojeros liquidan en cámara lenta) y la interna política interminable, conformaron una tormenta perfecta. Para colmo de males, el gobierno tiene que enfrentar el incendio sin agua.

Sergio Massa apuesta todo a la ayuda del FMI, con el okey del gobierno de Estados Unidos a una rediscusión del acuerdo con revisión de metas y la llegada de fondos frescos antes de junio. Mientras tanto Juan Grabois lo acusa de «vende patria» a los gritos y Cristina Fernández anuncia una clase magistral para esta semana titulada: «El FMI y su histórica receta de inflación y recesión». Se siguen peleando en el Titanic. Máximo Kirchner dijo el pasado sábado en un acto: «Hay que ponerse de acuerdo en 10,15 o 20 puntos». Todo un aprendizaje, el Frente de Todos en 2019 sólo se puso de acuerdo en ganarle a Mauricio Macri. El resto es historia conocida.

Cada vez queda menos tiempo para evitar que aquellos que, históricamente, apuestan al «cuanto peor, mejor» ganen la partida. Por experiencia sabemos que, en Argentina, cuanto peor siempre es mucho peor. En especial para los sectores más desprotegidos de la población.