El pasado miércoles 7 de junio de 2023 el fiscal federal de Pilar Gonzalo Agüero allanó un centro de rehabilitación de adictos en la calle Francia 152 de Pilar, Buenos Aires. Llegó al lugar con 9 patrulleros a las 8:50 y más de 39 efectivos, dejando dos en la puerta y el resto pululando por todo el predio en busca de elementos que nunca encontraron.
A las 9:30 se presentó Claudio Izaguirre, presidente de la Asociación Antidrogas de la República Argentina, para dar su curso gratuito de prevención de recaídas, pero se le impidió el ingreso al lugar por orden expresa del Fiscal federal Gonzalo Agüero, quien debió retirarse del lugar.
Pasadas las 11 horas se presentaron personas a las que no se pudo identificar y bajo órdenes directas del fiscal Agüero iniciaron una serie de actividades tendientes a destruir el espacio, comenzaron arengando a los adictos internados. Pasado el mediodía y luego de haber lesionado a una persona que no había querido ser parte de los disturbios de nombre Hernán, procedieron a destrozar el vehículo de Sandra, la mamá de Mateo, destrozando a patadas los espejos retrovisores que están en las puertas delanteras y con una sevillana haciendo agujeros en tres de las 4 ruedas.
Luego procedieron al robo de distintos elementos como una PlayStation, un microondas, una cafetera eléctrica entre otros elementos.
Mientras tanto el fiscal federal Agüero hacía firmar las actas a testigos que no lo eran. Para ser más claros en este punto Agüero no salió a buscar testigos parando vehículos y buscando gente con documentos, se sirvió de los policías que estaban en el allanamiento y personal del Municipio de Pilar infringiendo varias normas procesales.
“Este viernes 9 de junio de 2023, me apersoné a la fiscalía 4 con el fin de hacer notar los yerros de éste según mi punto de vista y ponerme a disposición para cualquier consulta, ahí fue que aprovechó para imputarme como secuestrador de personas, ejercicio ilegal de la medicina, lavado de activos y usurpación de títulos y honores”, dijo el propio Izaguirre.
Y añadió: “Cuando me acusó de tener un arma con intención de matarlo, me despojé de mi saco dejándolo sobre unos expedientes y procedí a desabrocharme el cinturón con el objeto de bajar mi pantalón a efectos de demostrar la carencia de armas entre mis ropas, a lo que Agüero admitió su falacia y procedí a vestirme diciéndole que sus fantasías su cabeza las convertía en realidad y no le permitían desarrollar su trabajo con eficacia”.
Izaguirre explicó: “Seguidamente me ordenó que me haga hacer un juego de huellas dactilares a lo que respondí que no reconocía su autoridad por su estado de irritabilidad (lo que se demostraba con temblores involuntarios en su rostro), pidiendo en ese momento un defensor de oficio que le aclaró que no podía detenerme por más enojado que estuviera”.
Para el titular de la agencia antidrogas, “el máximo enojo se produjo cuando le indiqué que su actitud agresiva se daba con sus empleados y con los centros de adicciones que allanaba, pero que no tenía idéntico perfil frente a los más de sesenta predios de venta de drogas que existen en Pilar desde larga data”.
Y agregó: “La actitud similar al del perverso narcisista con imposibilidad de controlar sus arrebatos me hizo recordar cuál era su actitud en el predio allanado el día 7 de junio. El fiscal estaba sentado en el medio del predio sin moverse, solo se levantaba para acudir a su acto cada 15 minutos y saliendo del vehículo agarrándose la nariz en idéntico ademán que usan los consumidores de cocaína luego de aspirar una raya del adictivo veneno”.
Finalmente, Izaguirre pidió a los integrantes del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires: Julio Marcelo Conte Grand, Juan Ángel de Oliveira, Javier Miguel Bernasconi, Miguel de Lezica, Susana Elena Deferrari, Carlos Enrique Pettoruti y Francisco Pont Vergés, “se implementen los medios pertinentes para realizar una evaluación psiquiátrica y psicológica del Fiscal Federal Agüero además de análisis de orina y de sangre con el objetivo de buscar vestigios de los elementos cocaína y marihuana en su cuerpo, dado que su comportamiento es propio de una persona con problemas de adicción, su comportamiento general así lo describe y se puede ratificar preguntando a los empleados de la fiscalía que son tratados por este sujeto como si fueran trapos de piso”.