“Se recomienda a los periodistas de Radio Mágica Miramar, Sr. Fernando Casco y el Sr. Miguel Ángel José, reflexionen acerca de sus alocuciones y las expresiones vertidas, con el objetivo de que en el futuro eviten incurrir en discursos que denigran, injurian e inferiorizan (SIC) a determinados grupos históricamente vulnerabilizados”.

Con esta resolución, fechada el pasado 24 de mayo, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), “sancionó” a los mencionados comunicadores de la mencionada localidad, plenamente identificados con el kirchnerismo, por haber descalificado gravemente a la ex concejal de Juntos por el Cambio por el distrito de General Alvarado, Viviana Farías.

¿Qué le habían dicho a la dirigente? Epítetos tales como “Chupala, así nomás”, o que la ex edil necesitaba “una buena pi….”, para redondear con un “está directamente para el Borda”.

Eso sí, los periodistas k se preocuparon en aclarar que “nosotros no damos nombres, no faltamos el respeto”. Menos mal.

Pero en rigor, no hacía falta que la nombraran. La propia resolución del INADI destaca que “pese a que el denunciado no haya hecho una enunciación concreta del nombre y apellido de la Concejala (SIC), por la forma y en los términos en los cuales se refiere a la funcionaria, es razonable concluir que se estaba refiriendo a Farías”.

Los descalificativos fueron dichos en septiembre de 2021, luego de las PASO locales, en el programa radial “Francamente Juntos “, emitido por Radio Mágica, una emisora radial muy escuchada en Miramar, fundada el 12 de febrero de 1990.

Ante el comentario sobre el miembro masculino, el INADI manifestó que tales palabras “merecen el reproche estatal”.

El organismo, creado formalmente el 5 de julio de 1995 a través de la Ley 24.515, tiene, como su nombre lo indica, la función primordial de combatir la discriminación. Intervenido desde el año 2000, funciona bajo la órbita del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aunque se trata de un ente descentralizado. Uno de sus interventores más famosos fue nada menos que Eugenio Zaffaroni, durante la gestión de la Alianza.

La actual interventora es la abogada Greta Peña, quien se presenta en sus redes sociales como “Activista lesbiana feminista”. Asumió el cargo en enero de este año, luego de la renuncia de Victoria Donda a fines de 2022, quien se encontraba al frente del Instituto desde los inicios del gobierno de Alberto Fernández.

Peña, hasta el momento de su nueva designación, ostentaba el pomposo cargo de subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Secretaría de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

En 2022, el INADI tuvo un presupuesto inicial de $461 millones, pero durante el ejercicio, se incrementó hasta los $736 millones. Para este año, según consta en la Oficina Nacional de Presupuesto, las partidas asignadas son exactamente $1.150.770.524, de los cuales $948.143.000, es decir el 82%, será para pagar sueldos.

Mientras los gastos del instituto son casi $1.200 millones, la inversión prevista para el año en curso en todas las políticas públicas dirigidas a la niñez totaliza $2.710.482 millones.  Y el ministerio de la Mujer tiene asignado $54.700 millones.

Las desproporciones están a la vista.

Finalizando el gobierno de Cambiemos en 2019, tenía 391 empleados. Hoy, son cerca de 450, distribuidos entre la sede central y 43 delegaciones en todo el país. Y desde que comenzó la gestión de Alberto Fernández, con Victoria Donda al frente del organismo durante tres años, tuvo una gran expansión.

Aunque no son pocos los que se preguntan si tal crecimiento era realmente necesario a fines prácticos. Salvo que sus objetivos fueran otros.

En 2021, su presupuesto fue de $330.380 millones, lo que representa un incremento en 2 años del 350%, cuando la inflación en el mismo período fue del 145%. Un ministerio como Salud, por ejemplo, entre 2021 y 2023 solo subió sus gastos un 150%, menos de la mitad de lo que lo hizo el INADI.

Y más aún. En 2018, sus erogaciones fueron de $212 millones. Es decir, que mientras en 3 años (2018-2021), sus gastos subieron un 50%, entre 2021 y la actualidad, lo hicieron 7 veces más, 350%.

En la Memoria anual de 2022, publicada en su página web, el instituto reconoce su gran expansión durante la gestión de Donda.

Allí se afirma que “luego de un marcado crecimiento del 80% en la presencia del organismo a lo largo y ancho del país en 2021, terminando el mismo con presencia en 43 ciudades, en 2022 se abrieron 2 nuevas Subdelegaciones y 5 nuevos Enlaces, pasando a tener representación el INADI en 50 ciudades”.

¿Qué son los enlaces?. “Con el objetivo de llegar a cada localidad de nuestro país, se garantiza presencia institucional a través de convenios y esfuerzos compartidos entre el Instituto y la administración municipal a fin de lograr un trabajo y visibilidad permanente monitoreado y fortalecido por la Delegación Provincial”, explica su web.

De acuerdo a algunas fuentes consultadas, se trata de una especia de injerencia en los gobiernos municipales.

Y en la propia Memoria se admite que seguirán los gastos: “Se proyecta continuar esta política de expansión territorial durante todo 2023, buscando extender la red de articulación del INADI en todo el territorio nacional”.

Con todo, los números no son para nada apabullantes. En 2022, el INADI recibió 2542 denuncias, 42 menos que en 2021 (2584) y 333 más que en 2020. Y en todo el año pasado, se emitieron 246 dictámenes.

Pero hay algo llamativo. En uno de sus párrafos más salientes, califica como “discurso de odio” al intento de asesinato que sufrió la vicepresidente Cristina Kirchner.

Dice textual: “Durante este año la discusión sobre discursos de odio, discursos discriminatorios y crímenes de odio estuvo en el debate público, llegando a su máxima exposición con el intento de homicidio a la vicepresidenta”.

Y destaca para no dejar dudas: “Desde la Dirección de Asistencia a la Víctima entendemos que los crímenes de odio están en general precedidos por discursos de odio, y estos a su vez, por discursos discriminatorios, por lo que el derecho antidiscriminatorio tiene mucho por aportar al debate”.

Asi y todo, el INADI se pronunció, 20 meses más tarde y de un modo un poco leve, sobre las inclasificables injurias de la que fue víctima la concejal Viviana Farías en Miramar por parte de los comunicadores Fernando Casco y Miguel Ángel José.

“Yo no esperaba esto, debo reconocer que nunca crei que el INADI me fuera a apoyar”, admite Farías, profesora, dos veces concejal, entre 2009 y 2013, y 2017 y 2021, y precandidata a Intendente de General Alvarado por la lista de Patricia Bullrich.

Cabe mencionar también, que en abril de 2022, bastante tiempo antes, se pronunció en forma contundente la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, en especial sobre las alusiones de los periodistas sobre la presunta “locura” de la dirigente, cuando aquellos afirmaron: “Está re loca, es psiquiátrica, está para el Borda”.

“Los comunicadores utilizan categorías, rótulos y referencias a instituciones vinculadas a la atención en salud mental como formas de adjetivación negativa, peyorativa y burlesca”, sostuvo la oficina conducida por Miriam Lewin.

“Fue una gran sorpresa, pero pese a la contundencia de las pruebas, fue apenas un correctivo, pero al menos es algo”, prosigue la ex edil. “Lo que no se entiende es cómo el municipio le siguió dando pauta publicitaria al programa después de haber atacado como lo hicieron a una mujer. La doble vara”, remata Farías.

Tampoco salieron a pronunciarse sobre el hecho las distintas asociaciones feministas, de quienes se esperaba algún tipo de reacción.

De acuerdo a la última rendición de cuentas de 2022, el medio de Fernando Casco es el que más pauta recibió por parte del gobierno local, con $1.139.500, siendo, además, uno de los proveedores que más plata cobró de las arcas municipales.

La Capital Cable, por ejemplo, del multimedios marplatense La Capital, propiedad del todo poderoso Florencio Aldrey Iglesias, recibió apenas un poco más que Casco: $1.302.656.

El partido de General Alvarado, cuya cabecera es Miramar, tiene, de acuerdo al Censo 2022, 45.597 habitantes, y es gobernado desde 2019 por Sebastián Lanantuony, del Frente Renovador de Sergio Massa, aliado al kirchnerismo. Además de Miramar, también allí se encuentran las localidades de Mar del Sud, Nicanor Otamendi, Mechongué, y Centinela del Mar.