El acto de recordación de las víctimas del terrorismo que realizó el lunes la candidata a Vicepresidente por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, en la Legislatura porteña fue lo más destacado de la semana y constituyó un golpe demoledor para el edificio de silencio y tergiversación de la historia que construyó el kirchnerismo. Durante veinte años ininterrumpidos –el gobierno de Mauricio Macri nada hizo para evitarlo- se instiló en la juventud un falso relato de lo que sucedió en la Argentina y se le inculcó la inventada cifra de 30.000 desaparecidos. Se le hizo creer que nada había pasado aquí antes del 24 de marzo de 1976, cuando unos militares dementes, bajados de un plato volador, salieron a matar a jóvenes idealistas que, en lugar de armamento de guerra y una estructura militar semejante a la del Ejército, portaban flores, cantaban canciones de paz y amor y hacían turismo estudiantil a Cuba, Vietnam, Argelia, Libia y Líbano.

Así, se exculpó a las organizaciones terroristas de los miles de atentados con bombas, los asesinatos de cientos de compatriotas (civiles, niños, policías, empresarios, militares, sacerdotes, dirigentes gremiales, etc.), los ataques a unidades de las fuerzas armadas y comisarías, los robos a bancos, los secuestros extorsivos, etc., que cometieron inclusive durante el gobierno democrático del Gral. Juan D. Perón y su viuda, elegidos por más del 60% de los votos. Simétricamente, también se “olvidaron” los atroces crímenes cometidos por la Triple A, esa organización paramilitar creada, armada y financiada desde el poder para combatir en las calles y matar a los “zurdos”, enemigos de la derecha peronista.

Quienes nacieron desde esos años violentos no saben que el ERP se lanzó a una guerra de guerrillas a imitación de Cuba, con la pretensión de transformar a la Provincia de Tucumán en un Estado beligerante en 1975, y que fue el Gobierno nacional, en democracia, quien ordenó al Ejército actuar para aniquilarlo. Pero, sobre todo, se borró de la historia, de un plumazo, el enorme apoyo civil, incluyendo al mismo PJ y a los sindicatos, que tuvo el golpe militar que encabezó el Tte. Gral. Jorge R. Videla.

Durante el gobierno de Raúl Alfonsín se llevó a juicio a las miembros de las juntas del Proceso (1976/1983) y se los condenó; los jueces dijeron, en su sentencia, que habían combatido en una guerra. Contemporáneamente, fueron encarcelados varios jefes guerrilleros, tales como Mario Firmenich, Fernando Vaca Narvaja y Enrique Gorriarán Merlo. En el mismo período, fueron sancionadas las leyes “de obediencia debida” (exculpaba a los subordinados y responsabilizaba a los jefes superiores) y “de punto final” (puso un límite temporal a la formulación de denuncias contra los militares). Los terroristas volvieron a las andadas en enero de 1989, cuando coparon el Regimiento Mecanizado 3, en La Tablada, con un enorme saldo de muertos; quien comandó la recuperación del cuartel, el Gral Alfredo Arrillaga, fue juzgado y condenado por “lesa humanidad”, mientras que a los atacantes se les conmutaron las penas. Más tarde, el Presidente Carlos Menem indultó a todos ellos, militares y terroristas, en su afán por pacificar al país..

Pero llegó don Néstor a la Casa Rosada y, por el pacto que firmó con Horacio Perro Verbitsky, se garantizó el apoyo de los organismos de derechos humanos (tuertos); así se dotó de unos fueros simbólicos que le permitieron saquear con impunidad el país. El nuevo Presidente hizo arrodillar al Congreso y éste derogó las leyes mencionadas y, de tal modo, se reinició la persecución a quienes habían derrotado al terrorismo. La Corte Suprema, por boca de Ricardo Lorenzetti, informó sin vergüenza que esa política era un tema ¡consensuado entre los tres poderes del Estado!

A partir de entonces, se abrieron dos caminos paralelos. Por un lado, se mandó a la cárcel, mediante juicios amañados encabezados por verdaderos asesinos togados, con testigos falsos que confiesan haber construido una “memoria colectiva” y en los que se ignoran todas las pruebas de inocencia, a cerca de tres mil ancianos (algunos llegan a los 100 años), muchos (805) ya muertos en cautiverio y con prisiones preventivas que superan, en promedio, los 9 años (el máximo legal es de 3 años, y sólo para los casos en que pueden ponerse en riesgo la investigación o exista peligro de fuga). Por otro, se organizó una gigantesca defraudación al Estado bajo la forma de monumentales indemnizaciones (superan los US$ 4.000 millones) a quienes dicen haber sufrido cárcel, torturas o exilio, algo que ha sido denunciado, infructuosamente, por José D’Angelo y Luis Gasulla en varios libros.

Villarruel pretende, además del reconocimiento y la reparación a las víctimas de la guerrilla, como hizo Uruguay (siempre un ejemplo), que esos crímenes también sean considerados de “lesa humanidad” y, consecuentemente, imprescriptibles. Y tiene razón porque, contra lo que aúllan las Madres, las Abuelas y los Hijos de los subversivos y más allá de la negativa de la Juez Romilda Servini de Cubría a aceptarlo así, el Pacto de Roma (2004), aplicado con retroactividad a los militares, define como tales, no sólo al terrorismo de Estado, sino a aquéllos delitos cometidos por organizaciones armadas, financiadas e instruidas por Estados extranjeros, como fue el caso de Montoneros y ERP en nuestro país.

El riesgo de un cambio en el criterio de los jueces, siempre atentos a los nuevos vientos que llegan desde la política, para tantos terroristas que, décadas después, siguen actuando y aún pretenden destruir a la Argentina con reivindicaciones de falsos derechos mapuches, y que amenazan con reaccionar con violencia en las calles si la oposición triunfa, es la verdadera razón de la virulenta reacción que se vió y oyó en los medios kirchneristas.