Existen en el universo de las consultoras jurídicas estudios que poseen gran poder de lobby y capacidad de permanecer en las sombras, aún cuando aparecen vinculados a importantísimas "diligencias" gubernamentales, como puede ser la privatización de un organismo público o el asesoramiento a altos estamentos de la función pública.
    Hay uno en particular que aparece vinculado a media docena de escándalos relacionados con cuestiones del Estado argentino y que, insólitamente, permanece intachable frente a la sociedad. Su nombre es Zang, Bergel y Viñes y está integrado, según reza su propia página de Internet (1) por los siguientes socios: Saúl Zang, Salvador Bergel, Ernesto Viñes y Juan Quintana.

    Ya sea como asesores externos o desde los directorios de ciertas empresas, los integrantes de este estudio construyen y dirigen sofisticadas ingenierías jurídicas, y ponen al servicio de sus clientes un eficiente lobby que mejora las posibilidades de éxito en la resolución de sus conflictos. Siempre ayudados por el eficiente vínculo con ciertos funcionarios del Poder Judicial del más alto nivel.
    Los influyentes integrantes de Zang, Bergel y Viñes saben moverse con dudosa conducta ética, motivo por el cual llama la atención que hayan tenido puntual actuación en algunos de los acontecimientos "oficiales" más importantes de los últimos tiempos. Entre ellos, las privatizaciones de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, de Aguas de Córdoba y hasta de la entonces rentable empresa YPF.
    En todos los casos, su intervención ha generado enorme polémica, a continuación veremos por qué.


Privatización de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro

    Según surge de un “informe especial” elaborado en 2001 por la Auditoria General de la Nación, en marzo de 1992 la intervención de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro contrató al estudio Zang, Bergel y Viñes para que actuara como consultora jurídica externa durante el proceso de privatización del ente.
    En mayo de 1993, transcurrido gran parte del proceso licitatorio, la "Comisión de Privatización" sugirió al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos (MEyOSP) que dejara sin efecto la licitación por no disponer, entre otros elementos, de la información necesaria para "valuar" la unidad de negocios de la mencionada entidad. Por tal motivo, el ministerio, por Resolución 559/93, dejó sin efecto la licitación.
    Sin perjuicio de ello, por nota reservada (SE Nº 65/93) la Secretaría de Economía ordenó al Interventor en la CNAS que suspenda de inmediato los servicios del estudio jurídico por haber descubierto que tanto el Banco Mercantil Argentino —que integraba uno de los consorcios oferentes—, como Eduardo Elsztain, titular de Quantum Fund —el otro consorcio postulante— eran clientes de ese estudio jurídico.
    El informe de la AGN agrega: “El Dr. Zang era síndico titular de IRSA SA, y el Dr. Viñes integraba el directorio de dicha firma, que además estaba presidida por el Dr. Eduardo Elsztain. En razón de las múltiples conexiones del estudio mencionado con los distintos protagonistas del proceso licitatorio, el Secretario de Economía ordenó la suspensión de los servicios del estudio aludido, como así también la investigación del asunto. A la fecha de emisión del presente informe (mayo de 2001) la investigación indicada no había originado hechos ulteriores, sanciones, acciones judiciales u otros”.

    Finalmente, por "arte de magia", en abril de 1994 el consorcio integrado por Leucadia National Corporation, Los W S.A. (1) y Banco Mercantil Argentino S.A., resulta adjudicatario de la CNAS, hoy La Caja S.A. (2)


Proceso de Privatización de Aguas de Córdoba

    De acuerdo a la denuncia penal presentada por el Sindicato del personal de Obras Sanitarias Córdoba y por la Comisión Popular por la Recuperación del Agua en Córdoba, mediante el Decreto 1062/92 el poder ejecutivo provincial cordobés, contrató a la consultora Galfione y Asociados para confeccionar el marco regulador, elaborar los pliegos y realizar el estudio de ofertas de la licitación del servicio de provisión de agua corriente en la ciudad de Córdoba. Por los servicios prestados, se le abonó el total de lo convenido.
    En junio de 1994 la "Dirección Provincial de Agua y Saneamiento" desplazó a Galfione y Asociados y contrató, por adjudicación directa, a otra consultora integrada por: Banque Paribas Management Consultants S.A., Hytsa Estudios y Proyectos S.A., y el estudio Zang Mochon Bergel y Viñes, para realizar las mismas tareas encomendadas a su antecesora.
    Los honorarios se establecieron en U$S 1.250.000, de los cuales se pagaron por adelantado U$S 650.000
    A pesar de que el SIPOS y los demás oferentes denunciaron que existían vínculos entre Banque Paribas Management Consultants (consultores) y Lyonnaise des Eaux -Grupo Suez —oferente Nº 4—, la consultora, que integraba también Zang, Bergel y Viñes, siguió actuando. Desestimó 3 de las 4 ofertas presentadas y sólo preseleccionó a “Suministradora Cordobesa de Agua Potable”, operada por Northumbrian Water Group, de Inglaterra.
    Habiéndose confirmado judicialmente la vinculación dolosa entre los consultores y oferentes denunciados, la licitación fue suspendida.
    En una maniobra de la que participó el gobierno nacional —interesado en que la privatización llegara a su fin—, el fiscal que tenía a cargo la investigación fue apartado de la causa y su reemplazante, en poco tiempo, reabrió el camino del proceso privatizador. Finalmente la jueza del caso absolvió a los imputados.
    Lyonaise Des Eaux —denunciada— adquirió en la bolsa de Londres, mediante una compra hostil, las acciones de Northumbrian Water Group, la única firma preseleccionada. La concesión finalmente y, como era de esperar, se le adjudicó a Lyonaise-Suez.
    El contrato de concesión, en su cláusula 8.3, establecía: “En el término de treinta días corridos de la firma del presente contrato, el concesionario pagará a los consultores del concurso: a) Zang, Mochón, Bergel & Viñes, b) Hytsa Estudios y proyectos SA y c) Banque Paribas- Management Consultants SA, la totalidad del honorario contingente pactado por DIPAS con los nombrados consultores. El monto de dicho honorario asciende a la suma de dólares estadounidenses seiscientos treinta y siete mil novecientos trece (U$S 637.913) dejándose constancia que incluye el IVA, calculado a una tasa del 21%.”
    El despropósito es más que elocuente.


Privatización de YPF

    Como no podía ser de otra manera, el estudio Zang, Bergel y Viñes fue una de las consultoras jurídicas contratadas por YPF durante su privatización. Poco después, el Dr. Ernesto Viñes —titular del estudio— fue designado director de YPF.
    En las "Ofertas Públicas de Adquisición" de los años 1997 y 1999, el Estado Nacional, a través del directorio de YPF SA, (mal)vendió las acciones clase “C” —10 % del paquete accionario— que pertenecían a los ex-trabajadores de YPF, sin reconocerles pago alguno.
    En 1999 la mayoría de los ex trabajadores querellaron a 33 directores de YPF (Viñes entre ellos), y a varios funcionarios del gobierno menemista (causa penal 8568/99, caratulada "YPF S/delitos de acción pública").
    Además, denunciaron la adjudicación directa a Repsol del 14,99% de las acciones correspondientes al Estado por medio del denominado “Convenio YPF”.
    En julio de 2006, el juez Claudio Bonadío, sobreseyó a los directores de YPF y a los funcionarios públicos imputados.
    El 6 de julio de 2007, la Sala I de la Cámara Penal Federal declaró la nulidad de lo resuelto por Bonadío y ratificó los delitos de defraudación en perjuicio de los ex empleados por entender que existió desbaratamiento de los derechos acordados sobre las acciones Clase “C” pertenecientes a los trabajadores y que, además, existe responsabilidad de los directivos de la Empresa Repsol-YPF SA por la venta de las acciones reservadas en el Fondo de Garantía y Recompra.
    A la fecha el Dr. Viñes se encuentra imputado en esta causa y de acuerdo a lo ordenado por la Cámara Penal Federal, deberá prestar declaración indagatoria.


Actuación de ZBV en la causa del Banco Mayo

    A principios de los años 90 se conoció una de las estafas más increíbles cometidas por una entidad financiera, se trató del vaciamiento del Banco Mayo y la estafa lisa y llana a miles de ahorristas que tenían sus depósitos allí. El escándalo llegó a tal punto que los directivos de la entidad fueron procesados y algunos de ellos sufrieron el embargo de sus bienes.
    Se demostró a lo largo del penoso proceso que muchos fondos se desviaban hacia entidades financieras de las Bahamas y hasta de habló de "lavado de dinero", delito por el cual fueron procesados algunos abogados del banco (3).
    Como no podía ser de otra manera, el estudio Zang, Bergel y Viñes también aparece en esta causa. Veamos.
    Parte de los fondos captados por las mesas del Banco Mayo se destinaron, a través de la sociedad Newside S.A., a la compra de 19 hectáreas en el Dique 1 de Pto. Madero.
    Oportunamente, el juez federal Norberto Oyarbide intervino la sociedad, secuestró las acciones y prohibió "innovar" con las tierras. También exigió el diseño de un plan que saneara su importante pasivo con el Citibank.
    Uno de los accionistas de Newside, Roberto Goldfarb, (dueño de Diarco y deudor del Banco Mayo), se opuso, mientras fue presidente de la sociedad, a cualquier plan de saneamiento intentado por los interventores haciendo que todos los meses creciera la deuda a favor del Citi.
    La sociedad eligió nuevo directorio y Goldfarb fue desplazado del manejo de la empresa, quedando a cargo la familia Ginevra. Oyarbide reconoció judicialmente a las nuevas autoridades.
    El Banco Macro Bansud ofreció a Newside comprar varias parcelas, y pagar por ellas un precio que permitiría sanear el pasivo de la empresa y que los ahorristas del Mayo recuperaran parte del dinero perdido.
    Goldfarb, entonces, reclamó ser repuesto al frente de Newside, objetivo que consiguió por parte del juez nacional de primera instancia en lo Comercial Nº 8, Atilio Carlos González.
    En un escrito de abril de 2005, Oyarbide señaló que: “desde entonces [asunción de Goldfarb] se agravó la situación patrimonial de Newside” al incrementarse sus pasivos. Y se preguntó : "¿Qué persigue Goldfarb con todo esto ?".
    Según Oyarbide, el motivo de ese comportamiento habría que buscarlo en que Saúl Zang es el abogado "comercialista" de Goldfarb, pero también vicepresidente de IRSA.

    El juez sospechaba que IRSA pretendía impedir un desarrollo en el Dique 1 de Puerto Madero para evitar que compita con su propio desarrollo en la Ciudad Deportiva de La Boca.
    Además, el Citi es uno de los principales clientes del estudio Zang, Bergel y Viñes.
    De modo que así, ese estudio jurídico logró, mediante la decisión del juez comercial González, de quien Viñes fue durante años su secretario, que:
    - Se frustrara la venta al Bansud de las tierras, perjudicando a los ahorristas y en beneficio de los banqueros del Mayo (socios de Goldfarb), Beraja y Cheb Terrab.
    - IRSA no tuviera competencia contra su desarrollo inmobiliario, y
    - El Citi siguiera incrementando su crédito sobre una compañía dueña de un tesoro inmobiliario.
    Ante esa situación, Oyarbide decidió desplazar nuevamente a Goldfarb de su cargo y avanzar en la intervención judicial. Además denunció penalmente al juez González, a Goldfarb y al Dr. Zang.
    En octubre de 2005 Beraja fue dejado en libertad, luego de casi dos años de detención y de que el Banco Bansud le adquiriera a New Side, por 40 millones de dólares, parte de las tierras del Dique 1.
    Un año mas tarde Beraja alcanzó un acuerdo extrajudicial con los 200 ahorristas del Banco Mayo que lo demandaron penalmente —en total los damnificados son mas de 800— para que a cambio del pago de 30 millones de pesos retiraran la acusación penal.


Extraordinarias retribuciones para directores del Banco Hipotecario

    Hace casi tres años, en Julio de 2005, integrantes del estudio Zang, Bergel y Viñes aparecieron nuevamente en el centro de la picota: por resolución Nº 15.119 la Comisión Nacional de Valores (CNV) instruyó un sumario contra el Banco Hipotecario y todos sus directores titulares como consecuencia de una presentación hecha por el representante del Estado en el Directorio, Julio Macchi.
    Macchi denunció que seis de los directores por la parte privada, que obedecen a IRSA, y varios gerentes se habían repartido más de 30 millones de pesos en concepto de retribuciones extraordinarias. La presidenta del banco, Clarisa Lifsic de Estol, recibió $3.159.010; el vicepresidente, Eduardo Elsztain, $10.740.634; los directores: Saúl Zang, $1.895.406; Ernesto Viñes, $4.252.715; y Gabriel Resnick y Pablo Vergara del Carril $132.690 cada uno (4). Otros 10,6 millones fueron distribuidos entre 14 gerentes.
    Los directores denunciados aseguraron que por su talento y profesionalidad, los accionistas se beneficiaron con el aumento del valor de las acciones y que todas las retribuciones fueron regularmente fijadas.
    Sin embargo, en agosto de ese año, la CNV, por resolución Nº 15.161, decidió instruir un nuevo sumario contra el grupo IRSA y sus representantes legales, por la probable manipulación del precio de la acción del Hipotecario.
    Se los acusó de que, a los fines de hacer subir artificialmente el valor de las acciones, realizaron compras ficticias, en forma cruzada, entre distintas partes del grupo (Dolphin, Ifisa, Elsztain, etc.).
    En septiembre de 2005, la CNV dictó la resolución Nº 15.205 y aplicó una multa de $1.000.000 a los directores del mencionado banco, reconociendo que si bien una asamblea de accionistas avaló post facto —50,5% de votos a favor y 49,5% en contra— lo actuado por esos directivos, la sanción respondía a la inobservancia de lo que establece la ley de sociedades comerciales. La resolución fue apelada por los directores ante la Justicia.
    Con la renuncia de Roberto Lavagna, Alfredo Mac Laughlin —hombre de IRSA en el BHIP y uno de los directores sumariados—, fue nombrado Secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, bajo cuya jurisdicción se encuentra la CNV.
    En abril de 2006, la entonces ministra Felisa Miceli reemplazó a los dos directores del Estado en el Banco Hipotecario, Julio Macchi y Carlos Písula, por Jorge March y Jaime Grinberg. El único en abandonar el banco fue el denunciante Julio Macchi, ya que Písula permaneció gracias a un ofrecimiento de IRSA de continuar como Director en representación de las acciones clase “B”.
    La sala “E” de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial (5) ratificó, en mayo de 2006, los argumentos por los cuales la CNV sancionó a los directores de la entidad, aunque redujo la multa de $ 1.000.000 a $ 250.000.
    Finalmente un dato de color: en julio de 2006, por resolución 15.424, la CNV absolvió a los responsables de IRSA, IFIS, Dolphin Found, Elsztain, Zang, Lifsic de Estol, Mindlin, etc., por la manipulación del precio de las acciones del Hipotecario. La representación legal en defensa de los sumariados —excepto Marcos Marcelo y Damián Miguel Mindlin— estuvo a cargo del Dr. Martín Paolantonio (6), vinculado a Zang, Bergel y Viñes.

Vivir en los medios

    El 21 de julio de 2007, diario La Nación publicó un artículo vinculado a las "múltiples batallas" que enfrenta nuestro país por parte de la deuda en default en poder de ciertos fondos buitres. El matutino aseguró ese día que "el juez Thomas Griesa embargó en Nueva York unos US$ 86 millones del Gobierno pertenecientes a un fondo fiduciario integrado con las acciones que el Estado mantiene en el Banco Hipotecario. Se trata del fiduciario donde estaban las opciones de las 'American Depositary Receipt' surgidas de la privatización del Hipotecario a fines del gobierno menemista.
    Fuentes ligadas al caso informaron que 'el asesor legal de este grupo (cuyo nombre no se conoció, pero que podría estar relacionado a un gran fondo buitre) es el abogado Martín Paolantonio, ex socio del Estudio Zang, Bergel & Viñes y uno de los mayores especialistas en obligaciones negociables del país'".
    A principios de agosto del mismo año, diario Infobae volvió a poner sobre el tapete al mismo estudio: “La justicia investiga una nueva denuncia contra Felisa Miceli, y el titular del Banco Hipotecario, Eduardo Elsztain, entre otros funcionarios, porque habrían perjudicado el patrimonio de la entidad a favor de acreedores extranjeros y porque con su accionar podrían 'llevar al Banco a su vaciamiento'. Quedaron implicados en la denuncia la ex secretaria legal y administrativa de la cartera económica Estela Palomeque, la subsecretaria legal del ministerio Alejandra Tadei, y directivos y apoderados del Hipotecario, además de Elsztain, Martín Paolantonio y Saúl Zang”.
    Uno de los párrafos de la mencionada nota es más que sugestivo: “Es evidente que el actual grupo controlante pretende ostentar la mayoría real del paquete accionario del Banco Hipotecario, siendo el embargo una vía económica y silenciosa de obtener esa mayoría, a través de sociedades controladas o controlantes (..), lo que permite la materialización de una situación de copamiento, en perjuicio de los demás accionistas y del interés general de la población".
    Por si lo descripto no fuera suficiente, ese mismo mes, la Asociación en Defensa de la Vivienda Familiar en la República Argentina (ADEVIFRA) presentaría una denuncia ante la justicia penal federal que volvería a rozar a Zang, Bergel y Viñes en el marco de una maniobra fraudulenta en perjuicio de los deudores del Banco Hipotecario.
    El ardid consistiría en la venta de parte de la cartera de deudores del banco a sociedades que estarían vinculadas con el propio banco y que no se encuentran alcanzadas por la Ley 26.177 de refinanciación hipotecaria.

    La mencionada ley establece que una “Unidad de reestructuración del sistema de refinanciación hipotecaria” debe determinar los intereses y penalidades a aplicar sobre los mutuos hipotecarios originados antes de la salida de la convertibilidad. Transfiriendo los créditos a entidades que operan fuera del sistema oficial, el banco consigue eludir la ley, recalcular las deudas de sus clientes e incluso ejecutarlos.
    Lo cierto es que parte de la cartera fue cedida a las firmas Argentina Operating Partners S.A. y Equity Trust Company Argentina. La primera de ellas es una sociedad constituida en el mes de enero de 2007, por Angel Marcelo Bassani, Bernardo Andrés Movsichoff, y Nicolás Alfredo Kogan; con un capital de tan solo $30.000. El domicilio es el mismo que el de Estudio Corrientes S.A., que integran Bassani, Movsichoff y el ex diputado radical Marcelo Juan Alberto Stubrin.
    La denuncia de ADEVIFRA, establece la relación de estas sociedades con muchas otras que en su denominación incluyen el aditamento “BH” que presumiblemente corresponde a las siglas de Banco Hipotecario.
    Edgardo Fornero, director de la entidad en representación de los trabajadores, confirmó que el directorio aprobó la venta de una cartera de préstamos que consideraba incobrable al banco Morgan Stanley.
    Admitió, además, que ADEVIFRA le cuestionó esa decisión y él respondió que los directores en representación del Estado y de los trabajadores están siempre en minoría.
    A esta altura es dable mencionar que el directorio del Hipotecario está compuesto por 13 miembros: dos por el Estado, uno por las cámaras de la construcción, uno por los trabajadores y los otros nueva corresponden a las acciones privadas. No casualmente tres de los nueve directores privados son abogados de Zang, Bergel y Viñes: Saúl Zang, Ernesto Viñes y Pablo Vergara del Carril.


Un ¿influyente? estudio

    Zang, Bergel y Viñes fue creado en 1970. Uno de sus fundadores, Salvador Bergel, es considerado el cerebro del estudio. Tiene una importante trayectoria académica y es autor de libros y monografías de derecho comercial. Ejerció la docencia en varias universidades nacionales y extranjeras. Es director de sociedades vinculadas a la sospechada firma IRSA y es consejero legal de Repsol-YPF S.A.
    Saúl Zang y Ernesto Viñes, los otros dos fundadores, se especializan en asesoramiento corporativo y en derecho administrativo respectivamente. Ambos ocupan importantes cargos directivos en empresas del grupo IRSA, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en la Cámara Argentina de Sociedades.

    Otros miembros del estudio también se desempeñan como directores de empresas: Pablo Vergara del Carril, Manuel Quintana y Juan Carlos Quintana Terán ocupan cargos en IRSA, Fundación IRSA, Banco Hipotecario, Cresud, etc.
    Al nutrido staff de abogados asociados, se suma una legión de influyentes asesores que facilitan el derrotero en los tribunales y otros organismos.
    Juan Carlos Quintana Terán, ex presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, mantiene vinculaciones con varios de sus antiguos colegas que hoy siguen en ejercicio.
    Guillermo Quintana Terán (hermano Juan Carlos), integró la Sala 2ª de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal junto con la mayoría de los camaristas que la componen actualmente.
    Carlos Angel María Ferrario fue juez Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de la Capital Federal y es arbitro permanente del Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, de la cual, otro asesor del estudio, Daniel Vergara del Carril, es consultor legal externo y arbitro suplente.
    No menos valiosas serían las conexiones que podría aportar al estudio Alejandro Saravia.
    Recordemos que Saravia, ex juez Especial en lo Civil y Comercial y en lo Civil de la Capital Federal, fue colega de la Dra. Elena Highton de Nolasco —actualmente Ministro de la Corte Suprema— entre 1988 y 1994, período durante el cual fueron titulares de los juzgados de Primera Instancia en lo Civil números 53 y 52 respectivamente. En 1994 la Dra. Highton fue ascendida a camarista y Saravia continuó al frente de su juzgado hasta que renunció en enero de 2004. Además Saravia fue uno de los jueces participantes de la experiencia piloto del proyecto de mediación dirigido por la Dra. Highton (7).
    A pesar de que aparentemente no hizo mella en su extensa carrera judicial, Saravia se vio involucrado en un escándalo producido por una investigación de Horacio Verbitsky que publicó diario Página/12 en diciembre de 2000 y que incriminó al entonces Presidente de la Corte Suprema menemista, Julio Nazareno, y a los jueces de la Sala A de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial.
    Esa investigación dio cuenta de que Saravia, siendo Juez Nacional Civil, era propietario de un club de paddle en sociedad con el abogado Yayo Gómez Prieto, amigo personal y operador de Nazareno, que a cambio de un porcentaje de lo que la parte litigante ganaba —o se ahorraba de pagar— aseguraba la apertura de los recursos extraordinarios en la Corte.
    Buenos muchachos...


Concluyendo

    Todo lo relatado en el presente artículo ha sido chequeado incansablemente durante dos semanas por los periodistas que firman este artículo y es 100% verificable. No sólo hay documentación respaldatoria de cada una de las afirmaciones, sino que existen aún más escándalos que rozan a este grupo de impresentables.
    Como se mencionó al principio de esta nota, los socios de Zang, Bergel y Viñes construyen y dirigen sofisticadas ingenierías jurídicas, y ponen al servicio de sus clientes un eficiente lobby que mejora las posibilidades de éxito en la resolución de sus conflictos.
    Es una verdad inobjetable que el compromiso con la comunidad que en su página web dicen haber adquirido, contrasta con el perfil de muchos de sus clientes que han sido denunciados o investigados por abusar de la sociedad que, paradójicamente, este estudio dice estar dispuesto a resguardar. Veamos algunos "botones" de muestra:
    -Citi, JP Morgan-Chase y Latin America Capital Partners: fueron denunciados por Elisa Carrió en su extenso informe de lavado de dinero.
    -Diarco (Roberto Goldfarb): fue denunciado penalmente por el Juez Oyarbide en la quiebra del Banco Mayo junto al Dr. Zang.
    -Repsol-YPF: se encuentra en trámite una causa penal en la que están siendo juzgados sus directores (entre ellos el Dr. Viñes) por la venta de las acciones pertenecientes a los trabajadores y la adjudicación directa, a favor de Repsol, de las acciones del Estado.
    -Dirección Provincial de Agua y Saneamiento de Córdoba: resultó ser el eje de la escandalosa adjudicación del servicio de provisión de agua potable en la ciudad de Córdoba a favor del Grupo Suez, que luego de años de incumplimientos, acabó por abandonarla a mediados de 2007.

    Por todo lo antedicho, no cabe duda de que Zang, Bergel y Viñes es un estudio "todo terreno" puesto al servicio de los intereses espurios de quien lo quiera contratar. No hace falta demasiado trámite: sólo basta tener una billetera lo suficientemente abultada.

Christian Sanz y Carlos Forte

(1) Los W S. A. (clan Werthein) eran los propietarios de Banco Mercantil.

(2) En las sesiones ordinarias de julio de 2003, la Cámara de Diputados, en virtud del informe de la AGN del 2001, solicitó al Poder Ejecutivo que informe “las medidas adoptadas en relación a las situaciones observadas por la AGN en su examen del proceso de privatización de la CNAS”

(3) Ver https://periodicotribuna.com.ar/Articulo.asp?Articulo=1238

(4) Zang, Viñes y Vergara del Carril son miembros del estudio Zang, Bergel y Viñes.

(5) Los jueces de la CNCom sala “E”, Dres. Rodolfo Ramírez y Martín Arecha, fueron pares del ex juez de esa Cámara (ahora consultor del estudio ZBV), Juan Carlos Quintana Terán, mientras que el Dr. Angel Sala se desempeñaba, en aquella época, como Secretario de Cámara.

(6) Surge del CV del Dr. Paolantonio (http://www.plyca.com ar), que fue miembro del Estudio ZBV entre 1991 y 2004. Bergel y Paolantonio son coautores de “Acciones y Excepciones Cambiarias” I y II (Ed. Depalma, Mayo de 1992 y agosto de 1993), “Factura de Crédito” (Ed. Rubinzal-Culzoni 1997 – Actualiz. 2002), entre otros.

(7) Otras vinculaciones entre el estudio y Highton: a) Salvador Bergel dictó en la UBA “Contratos Modernos” bajo la dirección de la Dra. Highton de Nolasco; ambos integraron el jurado en el “1er. Congreso para el Desarrollo de la Investigación Estudiantil” organizado por el CEDyCS de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires; desde 2002, son miembros del Comité Académico del Congreso Internacional de Derechos de Daños que anualmente organiza AABA (Asociación de Abogados de Buenos Aires). b) Paolantonio, abogado defensor de los Directores y accionistas privados del BHIP y ex miembro del estudio, es autor, junto con Highton de “Reformas al Derecho Privado. Ley 24.441” Ed. Rubinzal – Culzoni 1995.

(8) Este periódico intentó dar el oportuno derecho a réplica al estudio Zang, Bergel y Viñes y sólo se ha encontrado el más elocuente silencio por parte del estudio de abogados.