El oficialismo deberá construir acuerdos políticos en el Congreso de la Nación con bloques opositores para respaldar en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo el decreto de necesidad y urgencia de desregulación económica, que debe enviar el Gobierno nacional al Parlamento, en un plazo de diez días hábiles.

No será una misión sencilla, ya que pese a que algunos de los bloques están dispuestos a avalar algunas de las medidas del Gobierno, como la Unión Cívica Radical, el PRO y Cambio Federal, que concuerdan con temas como las privatizaciones, la reforma laboral y otras medidas, cuestionan el instrumento que se utilizó para llevarlas adelante.

Para poder analizar el DNU, que entra en vigencia más allá de este recorrido que en paralelo debe hacer en el Congreso, la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, y el titular de Diputados, Martín Menem, deberán designar a los 16 miembros que conformarán la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.

La conformación de la Bicameral comenzó a delinearse esta tarde en ambas Cámaras, pero será oficial una vez que Villarruel y Menem emitan los respectivos Decretos Parlamentarios.

De acuerdo con la Ley 26.122, la Comisión Bicameral Permanente está integrada por ocho diputados y ocho senadores, designados por el presidente de sus respectivas Cámaras a propuesta de los bloques parlamentarios respetando la proporción de las representaciones políticas.

Senado

En la Cámara alta, la vicepresidenta fue autorizada a conformar el cuerpo legislativo con tres senadores del Frente de Todos y otros cinco de las demás fuerzas políticas, incluyendo La Libertad Avanza, además del radicalismo, el PRO, Cambio Federal (conformado por exintegrantes de Juntos por el Cambio) y Unidad Federal (de peronistas disidentes y el oficialismo cordobés).

Aunque no fue oficializada la lista, la mayoría estará integrada por el oficialista de LLA Juan Carlos Pagotto, de La Rioja; el radical chaqueño Víctor Zimmermann; el cordobés Luis Juez, del PRO; el macrista Juan Carlos Romero, de Salta, y el peronista correntino Carlos Espínola.

Unión por la Patria, que este jueves mantuvo una reunión por Zoom y pretende un lugar más en la Bicameral -algo que no ocurrirá-, confirmó sus nombres a última hora de la noche: Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde y Silvia Sapag.

Diputados

La conformación ya es motivo de controversia en la Cámara baja, ya que el bloque de Unión por la Patria reclama que la distribución se haga a través del sistema D’Hont para poder tener 5 de los ocho miembros, pero Martín Menem dijo el martes a los periodistas que esa disposición es para las comisiones permanente pero no para las especiales, como lo es la Bicameral de Trámite Legislativo.

Si se aplica ese criterio de proporcionalidad, a UxP le corresponderían cuatro representantes, en tanto que uno a La Libertad Avanza (Oscar Zago), uno al PRO (Hernán Lombardi) y uno a la UCR (Francisco Monti), aunque a última hora de este jueves se especuló incluso con que la presencia de UxP quede reducida a tres, a partir de un conglomerado que pretendían formar el resto de las fuerzas y que le permitiría demandar otro lugar a LLA.

En el reparto de los ocho lugares ya se aseguró una plaza el grupo de bloques denominado “Acuerdo Parlamentario“, conformado entre Cambio Federal, Hacemos Nuestro Innovación Federal y Coalición Cívica, que propone a Nicolás Massot.

Procedimientos y plazos legales

El Gobierno tiene diez días hábiles para remitir al Congreso el DNU 70/2023 para que sea analizado por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que, a su vez, también tiene diez días hábiles para emitir dictamen, aunque en los últimos años no se ha respetado ese plazo.

De acuerdo con lo establecido por ley, tras la emisión del dictamen las cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate, de conformidad con lo establecido en los artículos 99, inciso 3 y 82 de la Constitución Nacional. En los pasillos del Congreso uno de los debates es sobre si el Parlamento puede reunir sus plenarios para debatir la validez de los DNU, más allá de que no estén convocadas las sesiones extraordinarias.

Como dato, cabe consignar que la comisión no funciona desde mediados del 2022 y hay más de cien DNU dictados durante la gestión de Alberto Fernández que aún no fueron tratados.

Según establece la ley, un DNU tiene vigencia mientras las dos cámaras del Congreso no rechacen esa norma con mayoría absoluta de sus miembros, es decir con la mitad más uno de sus integrantes. Si una cámara lo aprueba, quedará firme y lo mismo sucederá si el Congreso no se expide, en lo que se conoce como una “sanción ficta“.

“El rechazo por ambas Cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación de acuerdo a lo que establece el artículo 2º del Código Civil, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia“, establece uno de los artículos de la ley 26122.

También dispone que las cámaras “no pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes“.

Uno de los puntos centrales es que la Comisión Bicameral Permanente cumple funciones incluso durante el receso del Congreso de la Nación, y que sesiona cuando cuenta con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros.

El organismo parlamentario debe emitir dictamen o dictámenes, y el de mayoría debe llevar la firma del presidente de esa bicameral, que deberá expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto.

En caso de que el jefe de Gabinete no remita en el plazo establecido a la Comisión Bicameral Permanente los decretos que reglamenta esta ley, dicha Comisión se abocará de oficio a su tratamiento, y tendrá que emitir dictamen en un plazo de diez días.