Los ejemplos médicos aburren. Lo sé. Pero son tan gráficos; transmiten, muchas veces, tan bien la necesidad de la acción urgente (porque lo que está en riesgo es la vida) que son insustituibles. Por eso voy a aburrirlos un poco.

Imaginemos un paciente que se desangra. Recibió una herida que puede ser mortal si no se detiene la hemorragia y las condiciones de acción son extremadamente hostiles: no se está en un quirófano, no se dispone de material médico adecuado, el tiempo apremia…

De pronto alguien se acerca con un pedazo de tela que encontró en el piso y sugiere hacer un fuerte torniquete. La tela es larga y bien flexible de modo que podría abarcar bien los alrededores de la herida y ajustar muy fuertemente la zona afectada.

Cuando se dispone a actuar, alguien -que miraba tranquilamente desde atrás y que muchos sospechan que fue el que originó el desastre que terminó con la gravísima herida de la otra  persona- dice “¡La tela está toda sucia, el hombre se podría infectar!”

La Argentina se halla en una situación parecida: el país se muere fruto de la increíble impericia kirchnerista -y, en general, de las ideas del socialismo colectivista-, y esos mismos que la llevaron al borde de la muerte levantan pruritos de forma cuando, si algo los caracterizó, fue el atropello de todas las formas de la República.

Es más, los inventores de la legislación por decreto no fueron otros que ellos cuando operaron el pasaje del orden jurídico de la libertad organizado por la Constitución al orden jurídico fascista mediante una asombrosa acarralada de decretos (16268 entre enero de 1946 y noviembre de 1946. Fuente: Antonio Margariti, “Reformas para Hacer de Argentina un País Normal y Respetable” 9/11/2017, Cato. Org. https://www.elcato.org/reformas-para-hacer-de-argentina-un-pais-normal-y-respetable) que dictó la dictadura de Farrell a instancias del Coronel Perón, que se desempeñaba como vicepresidente de facto y secretario de trabajo.

Luego su propio gobierno hizo incluir en una ley ómnibus (la 12921) toda esa legislación espuria y desde ese momento en más rigió un orden inconstitucional de hecho que dirigió al país a su asombroso fracaso.

Es decir, para los puristas anti-dictadura, hay que recalcar que el orden jurídico derivado de la Constitución fue reemplazado por las disposiciones de una dictadura militar que había derrocado a un gobierno elegido democráticamente. La miserable debacle que abortó el suceso argentino tuvo como partero a un gobierno militar: el de Farrell y Perón.

Eso demuestra que el pasaje de un sistema a otro (en los años ’40, de la libertad individual a la servidumbre estatal) no solo pudo hacerse sino que se hizo por decreto, incluso en un momento en donde la figura de los DNU no existía y donde claramente no existía ni necesidad ni urgencia porque el BCRA flotaba, literalmente, en un mar de oro.

Cuando comenzaron los planteos de inconstitucionalidad contra las obvias guasadas peronistas, Perón resolvió el tema con otro atropello: ordenó el juicio político a 4 de los 5 jueces, los echó y los reemplazó por jueces afines.

Muchos consideran que ese fue un punto de inflexión que separó para siempre los similares destinos que todos los analistas observaban hasta ese momento de los Estados Unidos y la Argentina: mientras la Corte norteamericana detuvo gran parte de las guarradas del New Deal del presidente Roosevelt, la Corte argentina fue depuesta cuando intentó contener las inconstitucionalidades del peronismo.

Y aquí ingresa otro protagonista de la película: la violencia. El peronismo siempre estuvo dispuesto a usar la fuerza bruta y la violencia física si fuera necesario para imponer su modelo. Nunca renunció a ella y fue incluso estimulada desde los balcones de la casa de gobierno por el mismísimo presidente y por su esposa. La imposición de facto del fascismo, también fue una imposición violenta y con amenazas extremas para quienes se opusieran.

Ese fue el inicio de la derogación de facto de la Constitución de 1853/60. Luego el peronismo seguiría pujando para procurar abrogarla de pleno derecho y reemplazarla por otra confeccionada a la medida del Duce.

Perón nunca consiguió las mayorías requeridas por la propia Constitución para reformarla, entonces amañó los votos en Diputados y Senadores para declarar la necesidad de la reforma. Tenía muy en claro que la Constitución de 1853/60 era el verdadero “grano” que lo molestaba y su vigencia (aun cuando hubiera sido vilmente atropellada) siempre iba a ser un eventual peligro para sus aspiraciones.

Con la votación falseada en el Congreso se aprobó la composición de la Convención Constituyente que sancionó la Constitución de 1949, un panfleto fascista que rápidamente todo el mundo conoció como la “Constitución de Perón”.

Ese era, por fin, el verdadero destino que había tenido el golpe militar y la dictadura fogoneada por Perón en 1943: operar un cambio de régimen que trocara la libertad de 1853/60 por un estado fascista que siguiera el modelo mussoliniano que había sido vencido hacía muy poco tiempo en Europa.

Ahora, los que entraron a sangre y fuego contra la Constitución original, son los que ponen el grito en el cielo por el DNU de Milei cuyo objetivo final es reestablecerla plenamente derogando todas las disposiciones que la contradigan, que, en su mayoría -digámoslo de paso- fueron dictadas por gobiernos dictatoriales fruto de golpes de Estado. En nuestro ejemplo médico, es el que se queja porque la tela para hacer el torniquete a la víctima de su propia devastación está sucia.

Lo correcto sería llevar a la Argentina a un quirófano. Pero no hay tiempo. Las trampas que tendieron en el camino los mismos que causaron el desastre hacen imposible llegar al hospital: hay que actuar allí mismo, en el campo, con lo que se tenga.

Si el paciente se salva, obviamente, lo primero que habrá que hacer es deshacerse de la tela sucia que le salvó la vida para que, a partir de allí, siempre que haya un inconveniente se actúe de acuerdo a los procedimientos del arte médico.

Pero levantar ahora objeciones contra ese elemento impropio (pero que es el único que hay a mano) porque no estamos operando en una sala aséptica me parece tan hipócrita, tan bajo, que me causa náuseas.

Los DNU deben ser abolidos ¿Está claro? A lo sumo para circunstancias de imperiosa necesidad (desastres naturales o de salud pública, ataques exteriores o casos análogos) el presidente (autorizado por el Senado que debería actuar con la responsabilidad que el evento exige) podría declarar el Estado de Sitio y emitir decretos que tuvieran estricta relación con el evento anormal.

Pero para todo lo demás el esquema de división de poderes -denostado en público, dicho sea de paso, por la mismísima Cristina Kirchner- debería ser la manera natural del funcionamiento republicano. Para ello, sin embargo, es preciso restaurar primero, precisamente, la República organizada en la Constitución. Esa restauración es la que se propone en el programa establecido en el DNU 70 y el proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida.

Mientras el responsable de la ruina sigue pidiendo que a su víctima no se le haga un torniquete con un pedazo de tela sucia, el paciente muere. Lentamente.