Parto de mi adhesión, en general, a las propuestas de cambio que, tan disruptivamente, ha planteado el Presidente a la sociedad y, además, soy paciente, pero confieso que algunos sugestivos detalles me hacen ruido. La presencia en los principales escalones de su administración de personajes sumamente cuestionables, tan prolijamente inventariados por Hugo Alconada Mon y Carlos Pagni en sus notas en La Nación, convierten a ese ruido en algo que huele mal, tal como describió William Shakespeare el clima de la corte  en “Hamlet”.

Cuando vemos cuántos ex colaboradores de los Fernández² y de Massa quedaron a cargo de reparticiones y cajas claves del Estado (Secretaría de Minería, AFIP, AySA, PAMI, Aduana, Aerolíneas Argentinas, Casa de la Moneda, Derechos Humanos vengativos, tuertos y ladrones, etc.) surge la duda acerca de la real decisión de limpiar a la Argentina de corrupción que declama la administración libertaria. Con toda urgencia, Javier Milei debería recordar la conocida frase de Lee Kwan Yew, ex Primer Ministro de Singapur: “Si quieres derrotar a la corrupción, debes estar listo para enviar a la cárcel a tus amigos y familiares”.

A riesgo de resultar reiterativo, insisto en que el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, es un caso paradigmático. No sólo ha insistido públicamente en la falsa hipótesis del suicidio del Fiscal Alberto Nisman, de cuyo asesinato –lo determinó la Justicia- el jueves se cumplieron 9 años sin que se haya identificado, juzgado y condenado a sus autores materiales e intelectuales sino que, más recientemente, suscribió la teoría del lawfare y adujo falta de pruebas de la culpabilidad de Cristina Fernández en la causa Vialidad, donde fue condenada por corrupción. Fue abogado de uno de los imputados –Sergio Taselli- en la causa Cuadernos, del destituido y condenado Juez Walter Bento y hasta de José Alperovich, ex Gobernador de Tucumán, ante la acusación de violación que formuló su sobrina. 

Mis quejas respecto a Cúneo Libarona no pasan por su anterior desempeño profesional, que lo ubicó tan cerca del kirchnerismo, sino por su inexplicable quita de la facultad de querellar a la Unidad de Investigación Financiera y a la Oficina Anticorrupción, organismos que Milei había prometido profesionalizar en su gestión e independizar del Ejecutivo, algo sonoramente incumplido. Sostengo que los principales damnificados por el imprescindible ajuste de la economía (la clase media) sólo estarán dispuestos a tolerarlo si los responsables del monumental saqueo al que fue sometido el país, causa eficiente de este pesado presente, que diariamente hacen gala de sus fortunas en el Calafate, en Madrid, en Marbella, etc., son llevados a Tribunales, juzgados y condenados; para lograrlo, el rol de UIF y de la OA resulta irremplazable y evitaría oscuros pactos de impunidad.

No lo conozco, y no pongo su honorabilidad en duda, pero me pregunto el por qué del “raro” nombramiento de Andrés de la Cruz como Subprocurador del Tesoro. Ese organismo tiene hoy como uno de sus principales temas el juicio en el cual la Juez Loretta Preska condenó a nuestro país a pagar la enorme suma de US$ 16.100 millones. Parte de ese dinero terminará en los bolsillos de los Kirchner a través de sus testaferros, los Eskenazy, ex titulares del 25% de YPF y dueños del Banco de Santa Cruz, a través del cual circularon los desaparecidos fondos de la Provincia, de los que se apropió el difunto patriarca, don Néstor. Que De la Cruz haya sido abogado de esos prestanombres debiera encender luces rojas en el tablero de mando de Milei, porque también huele a podrido.

Comencé esta columna diciendo que apoyo las políticas liberalizadoras de la economía del Presidente, y a las pruebas me remito: en un ya lejano 2005 escribí una nota, a la que titulé: “Los argentinos y los zapatos” (http://tinyurl.com/2ebp59s4) y en la cual traté de explicar a mis conciudadanos de qué se trataba la razonable apertura de la economía y cómo podía beneficiar a toda la sociedad.

Los últimos fueron veinte años de populismo suicida durante los cuales se nos educó creyendo que la luz, el gas, el agua y el transporte, éste especialmente en el AMBA, eran algo que no debíamos pagar; tan gratis creíamos que era la energía que nadie dudaba en derrocharla, hasta para calentar la pileta de natación o dejar el aire acondicionado encendido en su ausencia. Con la inminente quita de subsidios (aportados éstos por el Estado con endeudamiento, emisión e inflación), el consumo reaccionará, como debe ser, con una masiva economía de electricidad, ya que quien quiera dilapidarla tendrá que pagar por ella lo que realmente vale. Ya hemos visto como la fuerte caída de la demanda redujo los precios de la carne, y ese mismo efecto se reproducirá en todos los órdenes, hasta con los alquileres. Cualquiera podrá pedir por sus bienes, productos o servicios lo que mejor le parezca, pero el precio real surgirá cuando las apetencias del vendedor o proveedor confluyan con las posibilidades económicas del comprador: las cosas valen lo que alguien está dispuesto a pagar por ellas.

Por supuesto, y no sólo en ese tema, el Estado debe tener un fuerte rol de control para evitar cartelizaciones y abusos, a través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y del servicio de Protección al Consumidor, organismos que existen en todos los países liberales del mundo.