En estas horas, en el gobierno de Javier Milei miran los funcionarios que heredaron de la anterior gestión y se preguntan si dejaron “topos” en la función pública. Lo que Tanos quiso ocultarle a la justicia y al gobierno libertario.

El relato interno de Mauro Tanos no cerraba por ninguna parte. El gobierno nacional decidió despedirlo tras el allanamiento ordenado por el juez federal Julián Ercolini ordenado la semana pasada. Hasta ahora no se conocían los detalles de la investigación judicial por los que el ex titular de Nación Seguros, el camporista Tanos quedó en el ojo de la tormenta. Tanos había sido ascendido durante la gestión de Javier Milei.

Tanos es un dirigente peronista integrante de la Cámpora de 37 años que comenzó su carrera en la función pública hace casi dos décadas. Tuvo un rol relevante en la intendencia de Moreno durante la gestión de Walter Festa y luego pasó por distintos organismos públicos hasta llegar al Banco Nación en el gobierno de Alberto Fernández. Casualmente desembarcó cuando el ex presidente firmaba, en el año 2021, el polémico decreto que obligaba a los organismos públicos a contratar los brokers de seguros. Con Milei, Tanos pasó a ser gerente general manteniéndose en la función pública al igual que Marcos Eufemio, gerente de compras del Banco. Ambos fueron allanados y despedidos. Tanos recibió la visita judicial en sus oficinas en San Martín al 900 y en su domicilio particular en Cabrera al 3900.

En el parte judicial, se informó que “si no fuera posible se deberá dejar constancia en el acta de las circunstancias del operativo” y se solicitaba que participen con la mayor sigilosidad posible y menor cantidad de personas involucradas. Es más, se solicitó el uso de guantes quirúrgicos descartables.
Los testigos convocados al allanamiento a Tanos fueron Ernesto Alejandro BURGOS y Sergio Daniel GUTIERREZ. Al llegar al lugar, los efectivos dialogaron con la seguridad privada, “los cuales, al informarle de la manda judicial, permitieron el ingreso del personal policial y de los testigos hábiles al efecto, donde se tomó contacto con el encargado del edificio” según consta en el expediente judicial que tuvo acceso NA. Tanos abrió la puerta directamente. Le leyeron la orden de allanamiento. El sospechoso afirmó que no tenía “documentación referente a su trabajo o computadoras en el inmueble, debido a que esta se encuentra en su lugar de trabajo, ubicado en la calle San Martin N° 913, Piso 6 en la ciudad de Buenos Aires”.

Estaba solo. En ese momento no estaba su esposa ni su hijo que había sido trasladado al jardín.

Cuando le preguntaron por sus propiedades y vehículos no recordó la patente de su Toyota Corolla Cross. Le secuestraron su celular personal de la compañía telefónica Movistar y, pasadas las 10 de la mañana, los suboficiales encargados del  operativo se comunicaron con el secretario de Ercolini, de apellido Antille.

Se secuestraron elementos informáticos.

La suerte de Tanos estaba echada.

Mientras tanto, el hermano del Ministro de Justicia, Rafael Cúneo Libarona, renunció a la defensa de Brian Kelly, otro de los allanados por Ercolini. Kelly es presidente de San Ignacio Seguros, uno de los grandes ganadores por el decreto presidencial de Fernández con los seguros.

Tras la primicia de NA sobre el posible conflicto de intereses entre el escándalo de los seguros y sus defensas, el estudio de Cúneo Libarona decidió dar un paso al costado.

En las últimas horas, el fiscal Carlos Rívolo analiza las declaraciones juradas de los involucrados incluyendo a Alberto Fernández, su amigo bróker Héctor Martínez Sosa y María Canteros, la esposa del empresario e histórica secretaria del ex presidente.
Quieren llegar al verdadero motivo de la deuda que Fernández tiene desde el 2008 con Martínez Sosa y por qué nunca fue saldada. Ese año, Fernández dejaba la jefatura de gabinete del gobierno de Cristina Kirchner.

Fernández aumentó en el último año su patrimonio perdiendo contra la inflación pues pasó de tener 7 millones de pesos declarados a 14. Sus cuentas bancarias, sin embargo, se multiplicaron y le ganaron a la inflación massista: Pasó de 21.629 a $3.533.314.
Fernández aseguró poseer solo dos inmuebles. Uno de ellos es su conocido estudio jurídico en Callao al 1900 pero no es él, directamente, su titular sino Inmueble Callao 1960 SA.

El otro departamento lo compró en el año 2000 junto con su ex esposa, Marcela Luchetti. Se trata de 175 mt2 en Capital Federal en el barrio de Recoleta, también en avenida Callao al 1900.

Estos últimos años vivió de prestado en River View, Puerto Madero, en una propiedad de su amigo Alberto “Pepe” Albistur a quien, según el ex presidente, “le pagaba los gastos”. La esposa de Albistur es la protagonista del escándalo de estos días, “los guardapolvos de Tolosa”.

El juez Ercolini investigará junto a Rivolo el escándalo de las compras de guardapolvos en el Ministerio de Desarrollo Social de Alberto Fernández y la mujer de su amigo Albistur.

En un primer momento, la jueza sería María Servini de Cubría pero traslado la investigación a Ercolini, juzgado en el que existía una denuncia previa de un televidente del programa La Cornisa que denunció el hecho tras el informe periodísitico.

Las dos causas que más preocupa a Fernández aguardan resolución en el juzgado de Ercolini, el juez que más detesta Cristina Kirchner.