El cadáver de un joven de 16 años aparecía por la mañana del día 28 de septiembre del año 1997 al lado de las vías del ferrocarril, en las cercanías de la intersección de las calles Yrigoyen y Garay de Chascomús. Se trataba de Emilio Blanco, hijo de Elías -quien resultaba ser policía de esa ciudad- y de Mónica Brucetta. Las extrañas circunstancias de su muerte y el contexto social y político que se encontraba viviendo la Argentina y la Provincia de Buenos Aires en particular a raíz del Caso Cabezas sirvieron de caldo de cultivo para la imaginación de la población local, que inmediatamente comenzó a manifestarse pidiendo el esclarecimiento del aparente homicidio de Emilio. Todo esto, pese a que durante los primeros meses parecía indudable a ojos quienes llevaban la investigación que se trataba sencillamente de un accidente ferroviario, tal como originalmente consignó el médico autopsiante.

Así se dio inicio a una caótica investigación judicial, en la se siguieron innumerables líneas de investigación –narcotráfico, intereses políticos, vinculación con otros homicidios-, se produjeron grandes cantidades de prueba testimonial y pericial y se imputó a más de una docena de personas por las más variadas acusaciones. Todo esto fue tratado in extenso por Tribuna de Periodistas en una entrega anterior.

Pero fue un testigo estrella el que encausó la investigación hacia la que sería su hipótesis (casi) final: Héctor Rolando Durán, un suboficial de la policía local, que en una extensa declaración aseguró que la víctima, Emilio, había sido llevada a la comisaría la noche de su muerte, extendiéndose en detalles que involucraban a sus colegas. Así, el cerco se cerró primero sobre el Sargento Fermín Eleodoro Basualdo, jefe de calle de la Ciudad, quien en 2014 fue condenado a prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por alevosía. Siete años más tarde, el Comisario, Tomás Antonio Freites, sería condenado a la pena de 6 años por el delito de omisión de evitar torturas.

Pero lejos de arrojar luz sobre el asunto, alarmantes detalles acerca del testimonio de Durán que obran en el expediente judicial siembran más dudas que certezas acerca de la versión oficial del hecho. 

El libro de guardia

Según surge del acta, el cabo Héctor Rolando Durán compareció al juzgado a prestar declaración testimonial en horas del mediodía del año 2001. Su relevancia como testigo radicaba en que había sido el encargado de confeccionar el libro de novedades guardia de la Comisaría 1° la noche del hecho. Consiste en un registro, presente en todas las dependencias policiales, de todos los procedimientos ocurridos durante la jornada, entre ellos las detenciones. Una serie de errores aparentes en varios de los folios habían llevado a los investigadores a poner el ojo en el personal de la comisaría, por lo que los ayudantes de guardia de los distintos turnos serían convocados a prestar declaración. 


Foto del legajo de Héctor Durán

El agente comenzó refiriéndose a la función que ostentaba en la comisaría la noche del hecho: “Que la función del ayudante de guardia es asentar las novedades en el libro (…) que en el libro de guardia anota las novedades de acuerdo a las indicaciones que le va dando el oficial de servicio,que esa noche era Ramírez”.

Llegado este punto de la declaración, los padres del joven, Mónica Brucetta y Elías Blanco, quienes estaban presentes, se retiran, quedando esta salida documentada a fs. 3321 del expediente. Si bien se observan cinco firmas obrantes al pie de la testimonial, de la declaración del progenitor del joven se desprende que en la sala de audiencias se encontraban, además de él y su esposa “el Dr. Colombo (juez), (…) el Dr. Marasco (Secretario), el comisario Baliano, (el comisario) Cianco, Ocampo (fiscal de instrucción), y un suboficial de apellido Arana”. A esta lista se suma Luis Valenga, el letrado de la querella, cuya firma consta al pie de la última foja. 


Hacia la mitad de la declaración del cabo Durán, los progenitores de la víctima se retiraron de la audiencia.

Ya en ausencia de los padres de Emilio Blanco, a Durán le fue exhibido el libro de guardia de la noche del 27 de septiembre, el cuál reconoció. Al respecto de una anotación sobre la salida de dos contraventoras esa noche, mencionó que habían sido escoltadas afuera por el Sargento Basualdo.

A continuación, añadirá un detalle que si bien no pudo ser comprobado por los sucesivos peritajes, sería una de las puntas de lanza de los acusadores para respaldar la pista policial: “Que un día el dicente estaba de franco, no puede determinar si antes o después de la muerte de Blanco, lo fueron a buscar para que fuera a la dependencia ya que se había roto una hoja del libro y había que hacerla de nuevo”. A continuación refiere un hecho, presuntamente ocurrido en presencia de una compañera suya, la oficial Débora Cerquetti: “que allí hizo una página y media de un libro de guardia, que escribió a continuación de Cerquetti, que copió de una hoja que le dieron, no vio la hoja original que estaba rota, que copió de acuerdo a esa nota que le había entregado Cerquetti, la que de acuerdo a la letra había sido confeccionada por Basualdo”. Esta aparente confesión de un hecho de falsificación documental vendría a explicar una serie de falencias en los libros de guardia, en tanto que estos habrían sido modificados intencionalmente por el personal policial. A continuación, añade un detalle que cambiaría por completo el rumbo de los acontecimientos: “Que mas tarde llega un móvil con personal del subcomando, más precisamente López y Valdez, quienes dejan en la comisaría a dos contraventores, que los habían localizado haciendo disturbios en la calle Irigoyen, que el dicente le dio entrada en el libro de guardia, que uno de esos chicos era Emilio Blanco, desconociendo los datos del otro chico.”  


Firmas al pie de la declaración de Durán

Los detalles que brinda el testigo a continuación son confusos y misteriosos. Refiere que ve volver al Sargento Basualdo a la comisaría. Luego recuerda haber ido a la cocina a preparar un mate, circunstancia en la que vio “a una persona sentada en el lugar” a través de una puerta. Dicha persona, según le refirieron, habría sido ingresada por la parte de atrás de la dependencia. Y en su compañía se encontraban Basualdo y un efectivo de la Dirección de Adicciones de Secretaría de Seguridad, que por entonces estaba haciendo operativos en Chascomús. El testigo remata agregando que escuchó en algún momento el comentario -sin aclarar de parte de quien- de que estaban “trabajando” a una persona (es decir, torturándola), circunstancia en la cuál esta habría fallecido.

El acta de la declaración termina con un párrafo que da cuenta del ambiente en el que la misma transcurrió: “Se deja constancia de que la presente audiencia se interrumpió en varias oportunidades. Se deja constancia que ante lo dificultoso de la interrogación al testigo, en razón de la reiteración que hubo de las preguntas(…) como el prolongado tiempo que lleva esta audiencia, entendiendo que el testigo está siendo reticente (…) se dispone dar por finalizada esta audiencia”. La declaración finaliza así a las 5:00 del día 28 de abril del 2001, es decir, 17 horas habían pasado desde el comienzo de la misma.

Estas sonoras afirmaciones de, si bien muestran huecos y contradicciones, sirvieron de base para que, años después, se condenara a Basualdo y a Freites por los hechos investigados. De hecho, el mismo Durán terminaría procesado por el delito de falsificación documental, siendo detenido apenas concluida su declaración, e idéntica suerte correrían varios policías. Sin embargo, pese a los reiterados esfuerzos por acreditar la presunta falsificación de los libros de guardia, tanto él como sus colegas, que resultaron imputados por la misma figura a raíz de su declaración, fueron sobreseídos por prescripción del delito, en el año 2005.

Los apremios

En 2014, en el marco del primero de los dos juicios orales por la muerte de Emilio Blanco, Durán concurrió nuevamente a declarar acerca de los hechos que habría podido observar en calidad de testigo. Con respecto a su declaración en la instrucción, fue escueto: “entré un día y salí al otro y a razón de eso estoy bajo tratamiento psiquiátrico”. Todo lo transcurrido en la audiencia estaría borrado de su memoria, y el relato que quedó plasmado en las fojas de la causa habría sido inducido por sus interrogadores mediante amenazas y torturas psicológicas. Dijo no recordar si Basualdo, López o Valdez se encontraban o no en la comisaría y refirió que no era común el ingreso de personas a la comisaría por la calle Sarmiento (tal como había manifestado en el año 2001). En síntesis, el testigo manifestaba encontrarse impedido de evocar lo ocurrido el día de que compareció en la instrucción por una aparente situación traumática. Recordó, eso sí, haber sufrido presiones por parte de los presentes en la declaración: “(estaba) sentado en una silla con las manos sobre el escritorio sin poder retirarlas, sin brindarle agua, y una pregunta tras otra” (…). Alguien, el juez o el secretario le habría manifestado “que pensara bien, que pensara en su hija, que él iba a estar preso”. Cabe recordar que, tal y como surge del expediente, el testigo prestó declaración entre las doce del mediodía y las cinco de la mañana del día siguiente, por lo que esta situación se habría prolongado por 17 horas.

Un médico psiquiatra, José María Cabana, se encargó de entrevistar a Durán a causa del cuadro psicopatológico que manifestaba padecer, reconociendo ante los jueces que, según su opinión profesional “dio la impresión de que padecía un trastorno de stress postraumático”. Eso sí, no existían en su opinión pautas que le impidiesen prestar declaración, manifestando sus dudas acerca del bloqueo mental alegado por el testigo.

Al momento de redactar los fundamentos de la condena de Basualdo, al tribunal no le quedó más remedio que dar por cierto que, efectivamente, Durán padecía de un cuadro de stress post traumático, pero descartó que que haya existido una situación de apremios psicológicos durante su declaración. Una lectura sincera y pormenorizada del expediente, sin embargo, parece respaldar la versión -la tardía versión- de Durán.

A fs. 3317 Rubén Héctor Maciel, único médico de la comisaría, testificó recordando haberlo atendido el lunes posterior a su declaración. Concurrió a la cita con un certificado expedido por su médico de cabecera, el Dr. Néstor Marchese, a raíz de lo cuál le otorgó carpeta médica por siete días. Esta circunstancia le llamó la atención, ya que nunca había pedido hasta entonces licencia por motivos psicológicos o psiquiátricos. Durán se encontraba, según podía recordar, “muy nervioso y angustiado”, a raíz de los hechos que “eran de público conocimiento”, es decir, su declaración. 


Declaración del médico de la Comisaría

Los dichos del médico de la dependencia serían ratificados trece años después por el perito psiquiatra Cabana, quien descartó que Durán padeciese alguna patología psiquiátrica o psicológica ajena a este cuadro de stress post traumático.

Su conducta con posterioridad a los hechos también resulta llamativa: denunció al juez Colombo, mientras la instrucción seguía en curso, por los apremios sufridos durante su declaración, y concurrió a una Escribanía a dejar constancia en un acta notarial de la situación de la que había sido víctima. Todo esto, en compañía de su abogado, el Dr. Carlos Federico Poli.

El testimonio y los hechos

En el año 2001, Durán declaró que, mientras cumplía funciones como ayudante de guardia, los efectivos López y Valdez llevaron escoltados a la Comisaría a dos contraventores, uno de los cuáles sería Emilio Blanco, la víctima de autos. Esto es falso.

Luis César Valdez comenzó a cumplir funciones en el subcomando patrullas de Chascomús en el año 98. Antes de eso, desde el año `96, se desempeñó en Castelli, un pueblo cercano, por lo que resultaba imposible que el día 27 de septiembre del `97 haya participado de la supuesta detención de estos dos contraventores -que, cabe decir, jamás existieron-.

López, por su parte, se encontraba en un operativo que se estaba realizando en el Club Bochístico de la Ciudad, durante el cuál no tuvieron lugar detenciones, según declararon otros agentes encargados del mismo.

Dado que resultaba imposible involucrar de algún modo a estos dos agentes en la investigación, acusadores y magistrados decidieron omitir estas partes de su declaración, pretendiendo que no existían. Así, ni en la sentencia de Freites ni en la de Basualdo se menciona una sola vez a López o a Valdez más que cuando se cita textualmente el testimonio de Durán.

Lo mismo ocurre con los efectivos del personal de Adicciones de La Pata, a quienes el testigo vinculó con el hecho, y que no fueron ni siquiera imputados en el marco de esta causa. El propio letrado de la querella, Dr. Gustavo López, entrevistado por este periodista, manifestó que no existía interés alguno en instar la persecución penal contra estos, dado que su participación en el hecho resultaba inverosímil.

Ninguno de los restantes policías presentes en la comisaría esa noche, ni el personal de Adicciones de La Plata ni las dos contraventoras, a quienes años después se pudo identificar, recordaron haber visto a Emilio en la dependencia, o siquiera haber percibido circunstancia alguna que les llamase la atención.

Por otro lado, si se lee minuciosamente la declaración original de Durán, puede notarse que este jamás afirmó que la víctima de autos hubiese muerto en la dependencia, sino que menciona tres hechos separados:

1. Que Emilio ingresó a la Comisaría junto con otro contraventor y fue liberado tras descubrirse que se trataba del hijo de un policía de la dependencia.

2. Que posteriormente, a través de la abertura de una puerta del casino de suboficiales, vio a Basualdo junto a “una persona” que se encontraba sentada. Se encargó de enfatizar en que esta supuesta persona no era uno de los dos contraventores: “Que esta persona no había sido ingresada por la guardia sino por la parte de atrás de la dependencia”.

3. Que luego, a través de supuestos rumores se enteró de que “estaban trabajando” a una persona y que esta “se les pasó”. Ningún otro testigo corroboró estos rumores.

Para cualquier lector esta secuencia resultará, naturalmente, incoherente. Y, si se analiza a la luz de los hechos antes mencionados, lo más razonable es pensar que esta declaración fue inducida:

1. El testigo declaró durante 17 horas aportando datos que dan un vuelco a la causa, e incluso realiza una confesión espontánea que derivaría en su detención. Esta declaración está, además, cargada de afirmaciones manifiestamente falsas y que no se condicen con las constancias del expediente.

2. Durante el transcurso de la misma, los padres de la víctima se retiran sin motivo aparente, dejandolo a solas con los magistrados y los integrantes de la Comisión Investigadora.

3. La audiencia se interrumpe por la reticencia del testigo y por lo prolongado de su duración.

4. A raíz de su testimonial, decide tomarse licencia psiquiátrica. Y comienza a evidenciar un cuadro de estrés post traumático que fue corroborado por al menos tres médicos distintos a lo largo de 13 años. Anteriormente, jamás había presentado cuadro psicopatológico alguno, por lo que puede decirse que entró a declarar sano y salió bajo tratamiento psiquiátrico.

5. Varios años después, declara bajo juramento y ante la atenta mirada del tribunal que fue torturado para involucrar a sus compañeros policías, y que es incapaz de recordar lo declarado en esa ocasión. 
   
   
   

Los libros de guardia: ¿falsificados?

Los jueces consideraron que los peritajes realizados sobre los libros de guardia de la comisaría permiten concluir la existencia de adulteraciones en los mismos, corroborando lo declarado por Durán, en cuanto a que estos fueron reescritos para ocultar que Emilio estuvo esa noche en la dependencia.

Pero, como ocurre con todo en esta causa, de la lectura de los mismos la cosa no resulta tan clara.

Un informe pericial obrante en el expediente, fechado el 19 de junio del 2002, tiene por finalidad finalidad determinar “si las firmas del comisario Tomás Antonio Freites obrantes (…) en la presente causa se corresponden con las obrantes (…) en el libro de novedades de guardia de la comisaría 1º de Chascomús habilitado el 19/08/97 (…) y del libro de novedades de guardia habilitado el día 27/09/97. En su caso, se establezca la comunidad caligráfica entre todas ellas y si pueden ser agrupadas según el puño ejecutor”. Es decir, se compara la firma indubitada del Comisario Freites con las presentes en dos libros de guardia, uno habilitado la noche del hecho y otro de un día al azar, un mes antes.

El peritaje concluiría que del libro del día 27/09/97, algunas firmas, las de fs. 29, 30, 38 y 43 se correspondían con las del comisario Freites, mientras que otras, a fs. 4, 11, 13, 15, 16, 21, 27, 29, 31, 33, 36, 37, entre otras, no le pertenecerían. Es decir, un tercero había imitado su firma.

Pero llamativamente esto también ocurría con el libro del día 19 de agosto del ´97, en el que el cotejo arrojó que sólo las firmas de fs. 22, 24, 48, 55, 56 y 59, además de la figurante en la apertura del mismo, le correspondían a Freites, mientras que las restantes (la gran mayoría) no. 

Resultados del peritaje caligráfico sobre los libros de guardia

Es decir, gran parte de las firmas atribuidas a Freites, no solo en el libro de guardia correspondiente a la noche de la muerte de Emilio sino en otro tomado de un día azaroso, eran imitaciones. Lejos de refrendar la macabra historia de torturas y encubrimiento que surge de la declaración de Durán, este peritaje simplemente da cuenta de una situación que los propios policías explicaron en el juicio: dado que no siempre se hallaba disponible el comisario para firmar el libro, era frecuente que un subordinado suyo, generalmente el ayudante de guardia, lo suplantara con la firma.

Posteriormente se realizaría un “análisis comparativo de tintas” con los libros de la comisaría, que los jueces también valorarían para concluir que existió efectivamente falsificación de los libros. El informe concluiría que en el libro del día 19 de agosto de 1997 se observaría concurrentemente la existencia de dos grupos de tintas distintos entre sí y que lo mismo ocurriría con el correspondiente al día del hecho. Es decir, hasta cierto punto del día, las firmas se realizaron con una tinta y luego, con otra. Esto ocurriría tanto en el libro del 27 de septiembre como en el de otra fecha, un mes antes. ¿Qué permite concluir esto? Nada, naturalmente. Si se hubiese arrancado una hoja del libro de guardia para reescribirla, esto podría haberse hecho con la misma tinta con la que se escribió el resto. Por otro lado, podría haberse utilizado más de una birome para rellenar un mismo libro de actas sin que ello implique falsificación de algún tipo. Es decir, el análisis no demuestra nada.

Para los fiscales y los jueces, los peritajes caligráficos permiten demostrar inequívocamente que los libros de guardia se adulteraron, presumiblemente para ocultar hechos que habrían tenido lugar esa noche en la comisaría. Pero toda esta hipótesis solo tiene sentido a la luz del testimonio de Durán. Este fue el puntapié inicial para involucrar a la policía en la causa. Así se encausó la investigación hacia una pista que llevó a juicio al Sargento Fermín Eleodoro Basualdo en el 2014 y al Comisario Tomás Antonio Freites en el 2021. El primero se encuentra actualmente cumpliendo una condena de prisión perpetua. El segundo murió en libertad, pocos meses después de recibir su condena, antes de que la misma adquiera firmeza.

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Nota: Este periodista tuvo la posibilidad de entrevistarse con Mónica Brucetta y Elías Blanco, de cuya honestidad no sospecha y que, después de todo, buscan el esclarecimiento de la muerte de un hijo. Esta investigación busca centrarse en el mal accionar de magistrados, peritos y agentes de policía, que intervinieron en el curso francamente desastroso de la causa