Si bien existen discrepancias respecto a la cantidad de cargos a cubrir en los 20 Departamentos en los que se divide el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, lo cierto y concreto es que el número, cualquiera sea el correcto, asombra y preocupa.

De acuerdo al último recuento realizado por la Secretaría de Planificación de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, existen alrededor de 700 vacantes que atraviesan todos los fueros: Penal, Civil y Comercial, Familia, Contencioso Administrativo y Laboral. 

En tanto, la Asociación Judicial Bonaerense advirtió que la falta de cobertura llega a 900 cargos entre jueces, fiscales, defensores y asesores. A ello hay que sumarle los tres jueces que falta designar en la Corte.

Sea una u otra cifra, en cualquier caso es una enormidad, teniendo en cuenta que todos los cargos suman 2180. Según el número, se trata de entre un 32 y un 41% de puestos ocupados por suplentes.

Tras la última aprobación de 46 pliegos de distintos magistrados el pasado 29 de mayo, se encuentra en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado de la provincia, un proyecto para cubrir otras 129 vacantes de funcionarios judiciales: 89 jueces, 30 fiscales, 9 defensores y 1 asesor

Según cálculos de la AJB, cuarenta de ellos pertenecen al Departamento Judicial de Mar del Plata, de los cuales 6 pertenecen al ámbito laboral, “en cuyo fuero la litigiosidad creció exponencialmente”, sostienen desde el sindicato, “fijando audiencias para el 2025 y en algunos casos, 2026”, añaden.

En los 129 pliegos que están en el Senado, catorce (14) pertenecen a la ciudad balnearia.

La lista está integrada por los fiscales María Constanza Mandagarán, Luis Alberto Ferreyra, Eduardo Layús, Germán Vera Tapia y Joaquín Morán; los jueces de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Guillermo Francisco Drees, Patricio Gustavo Groppo, Martín Zambecchi y Nancy Micaela Bessone; los jueces de Tribunal Carlos María Cordero, José Alberto Mereb, María José Beldarrain; y los jueces de Tribunal en lo Criminal Federico Cecchi y Paula Soule.

Pero los pliegos están trabados en la Cámara Alta bonaerense. De acuerdo a información publicada por “La Tecla”, existe una “agitada interna entre el kicillofismo y el camporismo”, cuya tensión dentro de Unión por la Patria se traslada al ámbito judicial.

Una de las controversias desatadas que plantea el medio citado es la situación del actual Fiscal General interno de Lomas de Zamora, Carlos Bacciini (foto). El funcionario, muy allegado al ex jefe de Gabinete de la provincia, Martín Insaurralde, aspira a ocupar el mismo cargo pero como titular.

El conflicto que envuelve a Baccini fue tratado por El Observador Online en junio pasado. Pero vale la pena recordar algunos detalles, ya que el tema, además de ser de suma gravedad, cobra inusitada actualidad.

Un grupo de senadores bonaerenses de La Libertad Avanza, María Florencia Arietto, Joaquín De La Torre y Carlos Curestis, presentó el 22 de mayo ante la Cámara Alta de la provincia de Buenos Aires un pedido de juicio político por “hechos escandalosos” en perjuicio de los fiscales de Lomas, el mencionado Carlos Baccini y Sebastián Bisquert, este último a cargo de la UFI 9 de delitos sexuales de dicho distrito.

¿Los cargos que les endilgan? Nada menos que “diversas faltas graves” y “posible comisión de ilícitos penales”. Por ello, el bloque de LLA solicitó que “se arbitren los medios necesarios para que se disponga la suspensión preventiva de los magistrados”, debido al rol que ocupan ambos, pero especialmente Carlos Baccini, al frente del Ministerio Público de Lomas en forma interina y quien aspira a ocupar el cargo en forma permanente.

En concreto, se acusa a ambos funcionarios de presunto encubrimiento a un colega denunciado por abuso sexual y de graves incumplimientos de protocolos de violencia de género y de deberes de funcionario público.

Todo comenzó el 2 de enero de 2022, cuando personal policial del partido de Ezeiza se presentó en un domicilio de la localidad de Carlos Spegazzini a raíz de un llamado al 911 realizado por una mujer, “dando cuenta que había un hombre violento que estaba ejerciendo violencia contra ella”. Dicha persona era nada menos que Adrián Jorge García Lois, en ese momento fiscal general ante el Tribunal Oral en los Criminal Federal de Tierra del Fuego, cargo al que renunció el 1 de mayo de 2023.

Luego de ello, intervino la Unidad Fiscal 3 de Ezeiza, que se especializa en casos de violencia de género, a cargo de la dra. María Lorena González. Los posibles delitos que le imputaban a García Lois eran lesiones, amenazas, y abuso sexual.

Lo que declaró la mujer de 22 años, el 4 de enero en sede policial y dos días después en el proceso penal, es que mantenía una relación de pareja y laboral con el imputado, y que el día de los hechos, el ex fiscal ingresó “intempestivamente a su casa, fue llevada por aquel a su vivienda bajo amenazas y allí la privó de su libertad, la golpeó y la abusó sexualmente”, según afirma la presentación de los senadores.

De dicha presentación también surge que “como la actuación de la fiscalía de Ezeiza no le estaba siendo favorable, García Lois le solicitó al juez de garantías que instruía el caso, el dr. Horacio Hryb, que aparten a la fiscal González y a su secretario, acusándolos de parcialidad y de persecución en su contra”.

Si bien el magistrado decidió no hacer lugar al apartamiento de la representante del Ministerio Público, “decidió comunicarle lo ocurrido al fiscal general de Lomas de Zamora, Carlos Baccini, por si a éste le interesaba iniciar algún tipo de actuación disciplinaria”.

Es que Ezeiza pertenece al departamento judicial de Lomas de Zamora, cuya jurisdicción también incluye a los distritos de Esteban Echeverría, Almirante Brown, Avellaneda, Lanús, y por supuesto el partido de Martín Insaurralde.

Pero el dr. Baccini, “sin fundamento alguno”, sostiene la denuncia, el 2 de mayo de 2022 apartó a la fiscal María Lorena González, y traspasó la causa a la Unidad Fiscal 9 de Lomas de Zamora, a cargo de Sebastián Bisquert. “Esta decisión se presenta como inédita en el tratamiento de un expediente de esta clase”, acusan los denunciantes.

Y hay un hecho muy llamativo. El 3 de mayo de 2022, es decir apenas un día después de la resolución del Fiscal General, la víctima se presentó en la fiscalía de Lomas asignada, y prestó declaración, donde se desdijo de todas las acusaciones contra García Lois, aduciendo que sus dichos “habían sido producto de un evidente estado de intoxicación por la ingesta de medicamentos que estaba consumiendo a raíz de una crisis nerviosa”.

“¿Cómo supo la víctima inmediatamente a que Baccini le sacara la causa a la Unidad Fiscal de Ezeiza que se la iba a asignar a su homóloga número 9 de Lomas, si no hubo tiempo para la notificación formal de aquella decisión?«, se pregunta la denuncia.

Pero hay más interrogantes. “¿Por qué motivo, ante la evidente retractación de la chica, y siendo que tanto en sede policial como en judicial se había mantenido en sus acusaciones contra García Lois por abuso sexual, golpes y amenazas, el fiscal Bisquert no activó y cumplió el protocolo obligatorio para casos de violencia de género y para retractación de mujeres víctimas de delitos sexuales y dio intervención urgente a los organismos pertinentes?”.

Y lo que es peor. Tampoco el titular de la fiscalía especializada en delitos sexuales tomó alguna medida para acreditar los dichos.

“Resulta evidente que las decisiones fueron adoptadas para favorecer al fiscal general Adrián García Lois para que evada su responsabilidad ante hechos graves”, sostiene la presentación, a la vez que subraya el incumplimiento de todos los protocolos vigentes en esta materia.

Finalmente, el 10 de abril de 2023, el titular de la Unidad Fiscal 9 de Lomas de Zamora, Sebastián Bisquert, emitió un dictamen desestimando la investigación penal contra su colega por inexistencia de delito.

Cabe recordar que en 2020, el propio Bisquert resolvió archivar, en una decisión entonces muy cuestionada, una causa donde se investigó si Martín Insaurralde y estrechos colaboradores suyos habían cometido el delito de defraudación al consentir que el municipio de Lomas de Zamora contrate firmas vinculadas al estudio contable que compartían.

Por su parte, Carlos Baccini ocupa el cargo de fiscal general interino desde julio de 2020, en reemplazo de Enrique Ferrari, cuya salida fue un pedido expreso del procurador de la Suprema Corte de Justicia bonaerense Julio Conte Grand, a quien había acusado por la llamada “Gestapo sindical”.

El dr. Ferrari había llegado a la fiscalía en el año 2013, designado por el ex gobernador bonaerense Daniel Scioli, y fuertemente impulsado por La Cámpora, la organización de Máximo Kirchner.