La jueza Lucila Córdoba, a cargo del Juzgado Nacional en lo Civil N°8, levanto y revirtió el bozal legal que había impuesto a los medios prohibiendo nombrar a Jorge Lanata, su estado de salud, la disputa legal entre sus hijas y la esposa del periodista.

Argumentó la magistrada que habría consultado a Lanata sobre esta decisión expresando el periodista que “uno siempre puede responder”.

Es decir, dio marcha atrás al tener en cuenta la respuesta de Lanata relativo a esta complicada situación en el entorno familiar de Jorge Lanata .

A ello, se suma las críticas contundentes emitidas por ADEPA y la Academia Nacional de Periodismo, toda vez que calificaban tal medida cautelar como inaceptable censura previa judicial

Cabe destacar que esta medida se basó en un reclamo efectuado al juzgado en cuestión por la mujer de Lanata, Elba Marchovecchio, decisión que provocó efectos negativos al tratarse de un periodista reconocido y teniendo en consideración la libertad de expresión.

Concretamente trascendió que la jueza, señalo en la decisión judicial “Resultan expresiones de voluntad del causante, coincidentes con las de sus familiares antes enunciados" "Los familiares refirieron en idéntico sentido que sobre la salud del señor Lanata no tienen inconveniente que se hable y esa es la voluntad de él”

ADEPA, expresó sobre este bozal legal entre otros término "el artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica son tan claros y rotundos en esta materia que no se explica la ligereza judicial que los ha violentado".

En tal sentido la Academia Nacional de Periodismo, emitió un comunicado firmado por Silvia Naishtat y Joaquín Morales Solá, manifestando que “el fallo de la jueza Córdoba constituía "un peligro y una gravísima amenaza a la libertad de expresión y a la transparencia informativa".

Recalca que “La censura previa es incompatible con los principios democráticos”, basándose en citas de normas internacionales y constitucionales que la prohíben de manera explícita.

Por otro lado la Academia Nacional de Periodismo, añadió “que esta decisión judicial llega en un contexto complicado para la libertad de información en Argentina, toda vez que en septiembre, el gobierno público un decreto que modifica la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública, limitando aún más las posibilidades de acceso a datos de interés general

“Este tipo de restricciones, sumadas a decisiones judiciales como la Córdoba, plantean un panorama preocupante para los medios de comunicación y los peridiodistas que buscan informar sin trabas ni condicionamientos”.

“Este tipo de restricciones, sumadas a decisiones judiciales como la de Córdoba, plantean un panorama preocupante para los medios de comunicación y los periodistas que buscan informar sin trabas ni condicionamientos”.