Relativo a la Ley de Financiamiento Universitario, la marcha y movilización masiva del 2 de octubre pasado ante el veto realizado por Javier Milei, comienza una semana clave, toda vez que este miércoles la Cámara Baja sesionará a los fines de delinear si queda firme la decisión del gobierno.

Mientras tanto, el gobierno a través del ministro de Economía, Luis Caputo, en declaraciones a medios colegas advirtió que: “en el caso de que se rechace el veto irán a la Justicia. Y lo que proponemos es debatir dentro del marco que corresponda que es el Presupuesto 2025”.

Cabe recordar que dicha Ley de Financiamiento, fue aprobada por el Senado el 13 de septiembre, tiene por objeto “declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional en el ejercicio presupuestario 2024, atenuar ante el aumento de los costos de los bienes y servicios esenciales, el impacto que los mismos tienen para los compromisos salariales y los gastos de funcionamiento”.

Respecto a los gastos de funcionamiento, se propone “actualizar las partidas de la actualización de los salarios de docentes y no docentes”.

En tal contexto, dialogamos desde TDP con Gustavo Zorzoli, exrector del Colegio Nacional Buenos Aires (UBA). Profesor Titular Facultad de Ciencias Económicas y FADU (UBA).

Referente de Argentinos por la Educación y Coalición por la Educación. Profesor de Matemática y Astronomía egresado del Instituto Nacional Superior del Profesorado J.V. González. Profesor de Matemática y Computación, egresado de la Universidad CAECE. Especialista en Estadística Aplicada a la investigación en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Director del Observatorio de Educación Matemática UNICABA.

Ello a los fines de conocer su análisis, visión sobre el tema en virtud de su importante experiencia y trayectoria profesional en educación y como referente en la temática universitaria.

TDP- ¿Cómo observa, analiza la actual situación universitaria del presupuesto para salarios, el veto de la Ley de Financiamiento Universitario y lo que ello implica?

GZ- La situación universitaria en relación con el presupuesto destinado a salarios que implica algo más del 90% de todo el presupuesto universitario es muy compleja.

- En principio, porque como se sabe el año pasado no se aprobó un presupuesto general en el Congreso, con lo cual para el presente ciclo lectivo el Ejecutivo uso de base el presupuesto 2023, y no actualizó los sueldos. Lo que implica “una pérdida para los docentes universitarios en su poder adquisitivo que ronda el 40% de acuerdo al cargo y a la antigüedad”.

-Eso duplica la pérdida que han sufrido el resto de los empleados que dependen del Estado Nacional y por eso la situación de las universidades es más crítica.

TDP- En base a lo expresado precedentemente, ¿qué consecuencias provoca para las universidades?

GZ- Esto tiene como consecuencia casi inmediata que en los últimos meses las universidades están perdiendo personal calificado, docentes que anticipan su jubilación, docentes que emigran y se van al exterior, docentes que van al sector privado.

-Es decir, que las cátedras y los institutos de investigación dejan de contar con profesionales de larga trayectoria, con formación que son los que garantizan la calidad de la enseñanza superior. Bueno, ese es el problema fundamental que hoy atraviesan todas las universidades y por eso es imprescindible que la Ley de Financiamiento “quedé claramente consolidada”

-Tengamos en cuenta que estamos discutiendo por un porcentaje bastante exiguo del producto bruto interno que es del 0,14%, pero ya el 0,08 más de la mitad está contemplado en el presupuesto universitario para el año próximo.

-Con lo cual, como decía, discutimos “sobre un porcentaje inferior al 1%, claro está que ese presupuesto en el 2025 no contempla la pérdida que se tiene este año y de la cual será muy difícil salir sin esa Ley de Financiamiento Universitario”.