En los últimos días, Comodoro Py sorteó la denuncia del letrado Jeremías Rodríguez quien denunció que Juan Grabois manejó una asociación ilícita a través del Fondo de Integración Socio Urbana en la que se malversaron millones de pesos. Hasta el momento, la jueza federal Servini de Cubría y el fiscal Carlos Stornelli investigarán al “amigo papal”. Esta semana se conocerá si abren una investigación o derivan la denuncia al juzgado de Ariel Lijo que lleva adelante las pesquisas contra Grabois en otras causas. El paralelismo con la Causa Vialidad en la que terminó condenada Cristina Fernández de Kirchner.

El escrito de 84 carillas coloca, por primera vez, a la cabeza de una asociación ilícita a Juan Grabois. El ex candidato a Presidente de la Nación se defiende asegurando que nunca firmó un papel y que no tenía dominio de lo que sucedía en el Fondo de Integración Socio Urbana manejado, en las formas, por Fernanda Ramona Miño. Para el denunciante, Jeremías Rodríguez, no es así y existiría un paralelismo con Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad en la que tampoco aparece firmando contratos, directamente, pero, con sus acciones, favoreció a un grupo de empresarios amigos encabezados por Lázaro Antonio Báez.

La relación de Grabois con el FISU no surgió durante el gobierno de Alberto Fernández sino que nació en el macrismo. En octubre del año 2018 se promulgó la ley 27.453 conocida como la ley de “Régimen de regulación Dominial para la Integración Socio Urbana”. El objetivo original era urbanizar “los barrios populares a través de la declaración de utilidad pública sujeta a expropiación de los lotes en los que se asentaban los mismos, para luego regularizar dominialmente y dotar de escrituras, servicios, infraestructura, conectividad y saneamiento ambiental a sus habitantes” según explica la denuncia presentada en Comodoro Py.

Esa ley autorizaba al Poder Ejecutivo Nacional a crear un fideicomiso con el objeto de financiar la totalidad de las actividades que resultaren necesarias para llevar adelante el objeto de la ley mencionada.  El proyecto tuvo su prueba piloto en la Villa 31 en Capital Federal.

Todo cambió durante el albertismo. El 26 de febrero del 2020, por medio del decreto 184/20, Alberto Fernández, lanzó el impuesto PAÍS. En el ARTÍCULO 2º se asignaba específicamente el 30% al Fondo de Integración Socio Urbana –FISU-.

La creación de Grabois con el paraguas político, en el gobierno de Macri, de Carolina Stanley, Francisco Quintana y Elisa Carrió, tenía una enorme caja de recursos. Allí aparece el nombramiento de Fernanda Miño, una militante del MTE, referente de Grabois y sin experiencia en la función pública. La torta era enorme: Más de 1000 millones de dólares. Grabois anunciaba planes millonarios como “el Plan Nacional de Suelo Urbano”.

Los decretos firmados por Alberto Fernández y el financiamiento de una estructura que comandaba Grabois, sin tener un cargo formal, es la génesis de lo que Rodríguez califica como una “asociación ilícita” con “la finalidad de que sus organizaciones políticas, con el propósito de perpetuarse en el poder utilizando los fondos públicos para su sostenimiento político, además de enriquecer sus patrimonios individuales ilícitamente”.

Las investigaciones sobre el FISU derivaron en causas judiciales como el caso de Luján en el que el programa de Lotes con Servicios quedó abandonado y con las partidas presupuestarias cobradas por los funcionarios responsables. El referente de Grabois en Luján se llama Diego Motto. En su domicilio particular, en la calle Rawson 1337, se encontraban registradas dos Cooperativas de trabajo: Vencedores Vencidos Ltda y Cooperativa de Provisión de Servicios para Artesanos “Acción cooperativa para el cambio Social” A.CCA.SO. 

Casualmente, el referente de Grabois “adquirió a fines del año 2021 un inmueble junto a su hermana, de dieciséis mil novecientos sesenta y siete metros cuadrados en una esquina muy importante de la localidad de Carlos Keen, del partido de Luján, por un valor irrisorio de  cinco millones de Pesos ($ 5.000.000), provenientes según ellos, de la venta de otro inmueble de la herencia de su padre, lo que llama la atención que con el dinero obtenido por la venta  de esa casa, heredada por sus cuatro hermanos y su madre, dos puedan adquirir un campo, que a al poco tiempo, obtuvo una excepción y un cambio de rezonificación en el concejo Deliberante de la ciudad, pasando el mismo de zona Rural a zona Urbana, dándole la posibilidad de convertir el humilde lote de zona rural, en 25 lotes en zona urbana, con una cotización actual de más de Un Millón de Dólares (U$D 1000.000.000)” denuncia Rodríguez.

Grabois es el único imputado de la causa FISU-Luján, que tramita el juzgado de Ariel Lijo, que presentó abogado defensor. Lo hizo con domicilio en Pedro Echague 1265, Capital Federal. Allí aparecen registradas 28 entidades, desde Cooperativas de trabajos, Asociaciones Civiles, Federaciones y Mutuales, las cuales recibieron, algunas de ellas, fondos del FISU, planes potenciar trabajo y convenios de todo tipo con el Ministerio de Desarrollo Social del gobierno de Alberto Fernández.

“Esté modus operandi descriptos en un puñado de hechos se repiten a lo largo y ancho de la República Argentina durante el periodo que abarco los años 2020 a 2023 inclusive, donde la Secretaría de integración Socio Urbana estuvo a cargo de la Sra. Fernanda Miño, con un manejo de los fondos totalmente  discrecional y sin control ni rendición del dinero público, creo que estamos antes el acto de corrupción más grande de la historia del Estado Argentino” sentencia Rodriguez.

Diplomado en Gestión y Políticas Públicas, Jeremías Rodríguez no pertenece a La Libertad Avanza y pide que declare como testigo el actual funcionario de Javier Milei, Sebastián Pareja quien no auditó, hasta el momento, el FISU. Asegura que la denuncia se basa en la “vocación de servicio” y que “no está embanderado con ningún partido”. Rodríguez cree que “el verdadero cambio debe ser en serio” pues “las denuncias en redes no alcanzan, Grabois debe explicar cómo financió sus campañas”.