Cuando observamos la "voracidad" gubernamental por aumentar los niveles impositivos nos preguntamos ¿por qué cada día el sector público precisa tomar más recursos del privado? ¿por qué busca desesperadamente incrementar hasta las nubes un impuesto altamente distorsivo como son los derechos de exportación-retenciones y poner en juego su gran activo: la gobernabilidad?
    Intentando responder esta pregunta, hemos puesto el foco en uno de los temas menos hablados por la actual administración: la evolución del gasto público. Una mirada no tan atenta —pues el crecimiento del gasto público no sutil— nos permite tener una primera respuesta.
    Si consideramos el período 2001-2007, veremos que el gasto público consolidado pasó de 95, 969 millones de pesos a 248 mil millones de pesos. Esto representa un monumental incremento de 158%. Es decir que en el 2007 el gasto público representó 2 veces y media lo que era en el 2001, alcanzando el triste récord del último medio siglo. Asimismo, si consideramos la variación en la pasada administración de Néstor Kirchner podremos ver que entre 2003 y 2007 se incremento un 123%, es decir que más que se duplicó.

    Asimismo, y en contraste con la información asumida oficialmente, podemos observar que el PBI en moneda corriente (tal como estamos considerando el gasto público consolidado) no ha crecido sino que se está recuperando. En términos de los niveles del 3er trimestre de 1998 (305.475), el PBI todavía a fines del 2007 es inferior (289.004).
    Por su parte, si comparamos la evolución del producto en moneda corriente con la evolución de la población, observaremos que el PBI per capita ha descendido de 8.474 dólares en 1998 a 7.343 en 2007.

    El año 2008 es un año clave desde el punto de vista de la recaudación y del gasto. Por un lado, el gobierno debe retomar el pago de la deuda con acreedores privados por un total de 52.904 millones de dólares (38.002 de capital y 14.902 de intereses) en el período 2011. Asimismo, deberá comenzar a pagar el costo político de la “supuesta” cancelación de la deuda con el FMI, que para la mayoría de la población –ajena a tecnicismos económicos- fue asumida como el pago de la deuda total del sector público nacional, siendo en realidad apenas un 10% del total en aquel momento. ¿A quién se le echará la culpa ahora?
    La economía argentina ingresa nuevamente en un ineludible período de sinceramiento de sus finanzas públicas. Los tiempos se acortan para tomar medidas de saneamiento, políticamente costosas para el gobierno pero económicamente inevitables.
    La apuesta por elevar los niveles de retenciones en lugar de contener el descontrolado gasto público nos dan una idea de la orientación de las respuestas políticas a esperar.

Martín Simonetta