Contrariamente a lo planteado por el fundamentalismo kirchnerista durante más de cuatro meses de paro agropecuario, las retenciones móviles quedaron semiderogadas y, sin embargo, su gobierno no se cayó. No fue volteado por nadie y tampoco andan por las calles los comandos a los cuales aludió Néstor Kirchner en sus fraternales apariciones públicas.
    Al final, razonar por el absurdo en esta específica y particular circunstancia terminó generando una hipótesis cierta (algo raro en el país): no podía ser que los argentinos presenciaran otra vez el final abrupto de un gobierno elegido por el pueblo, en esta ocasión debido a $ 6.000 millones de recaudación (0,6% del PBI) después que el Estado despilfarrara los $ 270.000 millones adicionales que obtuvo desde 2003. No hay dudas de que se ha perdido otra oportunidad histórica de generar las condiciones para lograr un crecimiento sostenido a tasas altas y dejar atrás la decadencia. Los Kirchner han devaluado el crédito externo tildando de delincuentes a los prestamistas, aniquilaron la inversión extranjera directa para estatizar y argentinizar las empresas privatizadas, han sembrado odio donde había tolerancia, llevaron la cultura del clientelismo (degradando la del trabajo) hasta niveles que harían sonrojar al propio general Perón; de su mano el país puede ser el hazmerreír en la Ronda de Doha cuando la Cancillería defienda las retenciones, pida que Europa y USA bajen los subsidios y al mismo tiempo sostenga el proteccionismo industrial. En materia fiscal ya se dispone del mismo déficit que en el explosivo 2002 luego de 6 años de crecimiento, con una presión impositiva récord histórica y con impuestos específicos de 35% a 45% sobre los precios brutos de producción de alimentos y petróleo, respectivamente.
    Sin embargo, ayer el ministro de Economía volvió, como todos los meses desde hace seis años, a deleitar al público con edulcoradas y etéreas conferencias de prensa mostrando una solidez a prueba de balas de las cuentas públicas. Por si todavía queda algún desinformado, es importante tener en cuenta que cuando el gobierno habla con infantil candidez del superávit fiscal, en realidad y aunque siempre se haga el distraído, relata sobre la diferencia entre ingresos y gastos sólo del Estado nacional (las provincias brillan por su ausencia) y antes del pago de intereses (como para dejar en claro que la deuda es defaulteable otra vez).


Tropelía

    El esfuerzo de Fernández consiste en mostrar un superávit (nunca aclarando que es el primario) de $ 25.000/ $ 30.000 millones por año desde 2006. ¿Cómo? De cualquier forma. En 2007 se cometió la tropelía de computar como ingresos de seguridad social $ 4.800 millones provenientes de los stocks de bonos, acciones y depósitos de los hombres mayores de 55 años y de las mujeres con más de 50 años que tuvieran menos de $ 20.000 en sus cuentas de capitalización porque de prepo eran transferidos al Estado si no optaban explícitamente a favor del sistema de AFJP. En lo que va de 2008 el BCRA ya le ha transferido utilidades por $ 3.500 millones (su balance de 2007 decía sólo $ 1.450 millones de los $ 7.800 millones que ganó). Y cuando hace falta, se ejecuta pero no se paga la obra pública para mostrar alguna desaceleración del gasto que permita mejorar la foto del resultado fiscal de algún mes en particular.
    Por su parte, la mayoría de las provincias grandes (Buenos Aires y Córdoba ya lo tienen match point) analizan planes para aumentar y generalizar el distorsivo impuesto sobre los Ingresos Brutos. En los municipios, el alumbrado, barrido y limpieza (en la Capital, a Macri se le paga para que la mantenga bien sucia y llena de baches) no para de subir y ya están a punto de cobrar tasas de abasto hasta al aire que se respira.
    Entonces, resulta esotérico que habiéndose decidido en su momento las hoy fracasadas retenciones móviles por el drama fiscal que vive el gobierno nacional, que se consume su superávit primario sin dibujos ni artimañas en $ 20.000 millones de intereses de la deuda pública y casi $ 10.000 millones de déficit en las provincias, los trascendidos indiquen que el relanzamiento del gobierno se basaría en más gasto público y menor recaudación.
    En efecto, el gobierno enviaría en breve al Congreso un proyecto de ley de movilidad en los haberes jubilatorios y decidiría una baja del Impuesto a las Ganancias personales. Luego lo complementaría con una suba de tarifas de luz y gas dirigida a los segmentos más pudientes no sólo para alejar el fantasma del colapso con el que siempre amenaza el sistema eléctrico sino también para bajar la inflación con la ridícula hipótesis de que los ricos, si tienen que pagar más por los servicios públicos, irán menos a los shopping a presionar sobre la demanda de bienes.
    Lo que el gobierno de los Kirchner parece no entender es que si la Argentina creció por seis años fue a pesar de su modelo productivo, no debido a él, y que se necesita un shock favorable de términos del intercambio creciente (hasta ahora viene a 1,5% del PBI por año desde 2003) para más que compensar el desastre de política económica que se disfruta.
    No es que el modelo esté agotado. El modelo fue siempre un lastre para crecer. Si se logró, fue porque Duhalde, en 2002, después de haber fundido a la provincia de Buenos Aires y a su banco, evitó la hiperinflación cuando congeló el gasto público y Aldo Pignanelli, el entonces presidente del Banco Central, dejó de emitir moneda por redescuentos a los bancos. Luego vino el regalo de los mejores términos del intercambio de nuestra historia durante seis años.


Vigencia

    Lo ideal sería un cambio copernicano y abandonar el fracasado modelo que se aplica desde hace ya más de medio siglo de economía cerrada, gasto público rampante, educación destruida y los peores elementos de la sociedad manejando el país. Pero la Argentina no es así. Quiere más o menos esto que tiene con los Kirchner. Aun así, el modelo necesita urgente un programa antiinflacionario de congelamiento del gasto público y de salarios y de ser necesario de endurecimiento de la política monetaria. Luego habría que bancarse un semestre de recesión para recién después aspirar a una mediocre tasa de crecimiento de largo plazo de 3% anual.
    Seguir negando la necesidad de enfriar la economía para bajar la inflación y pretender hacerlo con ajustes tarifarios a los ricos, sólo le traerá problemas al gobierno, y lo más preocupante es la frustración de expectativas que podría darse. No tiene sentido seguir prometiendo el paraíso redistributivo con una inflación de casi 30% anual, porque ésta se deglutirá el crecimiento y el gobierno quedará colgado del pincel. No hay que olvidarse que la consecuencia de la estafa que sufrió el ahorrista luego de que el Congreso sancionara la Ley de Intangibilidad de los Depósitos y Cavallo se los confiscara cuatro meses, después terminó con el 20 de diciembre de 2001.

José Luis Espert
Ámbito Financiero