“Cuanto más siniestros son los deseos de un político, más pomposa, en general, se vuelve la nobleza de su lenguaje.” Aldous Huxley (1894-1963) Novelista, ensayista y poeta inglés.

    Mucho se ha escrito del polémico ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, un político que ha ido y venido desde las distintas corrientes del peronismo con una impresionante capacidad para perder la memoria, por lo menos de los hechos que pudieran complicar sus díscolos discursos.
    Aníbal, siempre ha tenido fascinación por el poder y no ha escatimado recurso para hacerse de este.
    No voy a entrar en esta editorial en cuestiones harto conocidas de su paso por la gestión ejecutiva en Quilmes y sus evasiones judiciales publicadas hasta el cansancio, después de todo el tiempo ha permitido la prescripción de las mismas, un beneficio del que también supo gozar su delfín el ex intendente Sergio Villordo.
    Hoy me interesa el "Aníbal ministro de Justicia", ese que tiene que coordinar políticas en pos del bien de la comunidad para con la justicia y el deber de brindar a los ciudadanos medidas serias de seguridad sin perder el respeto por los derechos humanos de todos los habitantes.
    Crease o no, el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos posee uno de los ministerios más poderosos: a él le responden las fuerzas de seguridad nacionales (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura) y el Servicio Penitenciario Federal.
    No sólo recibe de estas fuerzas estadísticas diarias e informes de Inteligencia, sino que también dependen de este ministerio los registros nacionales del Automotor, de Propiedad Inmueble, de Propiedad Intelectual, de Reincidencias y la Superintendencia Científica de la Policía Federal, única custodia de los legajos de identidad personal de todos los habitantes de la Nación y los legajos criminales.
    Además del poder que implica el tener acceso a la información de cualquier ciudadano, es un excelente mercado para los negocios, los cuales existen, existieron y existirán en la administración pública.
    Si alguien cree que sus datos están reservados, es un ingenuo, ya que muchos han encontrado en este nicho de información un buen negocio, algunos vendiendo datos a empresas, otros trabajando con auditorías laborales, informando extraoficialmente los antecedentes de una persona.
    Y otros más técnicos, realizando pericias privadas con recursos del Estado, valiéndose del archivo dactiloscópico para ello.
    Por eso, cuando se anuncian nuevas medidas, que se suelen disfrazar de beneficios para los ciudadanos, uno debe pensar a quién se estará beneficiando esta vez.
    A tal punto es un buen empleo el Ministerio de Justicia, que muchos funcionarios de la administración pública anhelan llegar a este, ya que además del sueldo oficial los empleados del ministerio tienen un plus que abona la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).
    Con estas excelentes condiciones de contratación uno debería de esperar funcionarios motivados para el trabajo, pero la realidad está distante de eso, “hiperlejísimos” para usar las palabras de Aníbal Fernández.


Seguridad

    Las estadísticas reales no acompañan a la gestión, los robos y los hechos de violencia son una constante en la Capital Federal, y no son sólo los barrios de Constitución, Monserrat, Barracas o San Telmo los que se encuentran aquejados por una especie de “tierra sin ley”.
    Basta con recorrer las calles y observar lo que allí ocurre, negar esto, además de un acto hipócrita, ronda lo imbécil.
    La capacitación de las fuerzas de seguridad sigue siendo materia pendiente, hoy muchos de los policías que podemos ver en las calles están más ocupados de sus propios celulares —enviando y recibiendo mensajes de texto— que de lo que ocurre a su alrededor.
    Si de prostitución tenemos que hacer mención, la hipocresía es mayúscula, está todo a la vista. Existen infinidad de avisos clasificados y los sitios Web dedicados al tema, pero parece que nuestra policía no lo ve, aunque es común observar a móviles arrimarse a las “chicas” y mantener amables conversaciones. Por citar un claro ejemplo, a solo 200 metros de la Cria.18ª. existe un colegio religioso ubicado en la calle Constitución entre Solís y Virrey Cevallos. Uno puede apreciar con sólo pasar por allí, cómo prostitutas y travestis ofrecen sus servicios sexuales en la esquina de Constitución y Virrey Cevallos o bien caminan frente a la escuela religiosa sin que ningún efectivo de la mencionada seccional haga cumplir el Código de Convivencia. Por si el ministro lo ignora, esa dependencia posee un móvil que debería dedicarse con prioridad a ese tema, pero al parecer sólo se dedica a pasear y “charlar” con los infractores.
    Barrios como Constitución, Once, Barracas, Palermo, San Telmo, Congreso, Abasto, Flores, Caballito, Lugano, Pompeya, Belgrano, Retiro, y el microcentro son castigados por arrebatos y robos.
    Si de narcotráfico hablamos, este es tal vez uno de los temas que más han rodeado al ministro de Justicia desde que dio sus primeros pasos en la política, y no ha dudado en querellar a más de uno por vincularlo a tan delicado tema.
    En este punto, es mi sincera opinión que el ministro, al declarar que la Argentina esta “hiperlejísimo” de ser un país de consumo, lo hizo por una cuestión de necesidad política, caso contrario estaríamos ante un hipócrita patológico.
    En primer lugar, asegurar una cosa así es ir en contra de su propio proyecto de despenalizar el consumo, ¿para qué elaborar una ley que no tiene beneficiarios?, ya que no es lógico creer que este gobierno lo hace para las minorías. Entonces, también uno debe empezar a descreer de los resonantes procedimientos que a diario realizan las fuerzas de seguridad a su mando, donde se secuestran grandes cantidades de cocaína y marihuana: muchas de estas sustancias no tenían como destino el exterior, sino específicamente la provincia de Buenos Aires.
    Y es justamente el lugar donde el ministro vive con su familia uno de los puntos donde la droga ha hecho más daño, allí en Quilmes justamente las “madres contra el paco” han realizado varias manifestaciones por el tema.
    Hasta el propio gobernador bonaerense Daniel Scioli, ha dicho en más de una oportunidad que el “paco” es el principal enemigo a combatir, o para citar un mejor ejemplo, ¿Qué sentido tuvo entonces desfederalizar las causas de drogas en la provincia de Buenos Aires?.
    Señor ministro, algo no cierra, ni siquiera con su propia propuesta legislativa, ni con sus anteriores discursos.
    La corrupción en las fuerzas de seguridad siguen siendo un verdadero problema que ninguna gestión de gobierno ha tratado de combatir, tal vez porque aunque muchos no lo sepan, “la caja negra” de recaudación financia parte de la política.
    Aún resuenan los ecos de la camioneta de la delegación de Salta de la Policía Federal con más de 120 kilos de cocaína que nunca supieron aclarar de dónde provenía y hacia dónde iba.
    La actividad policial en cuanto a la prevención y represión del narcotráfico pierde por goleada y no justamente por falta de puntos donde investigar.
    Si queremos hilar más fino debemos preguntarnos ¿para qué arriban al lugar grandes narcos, si sólo somos un país de paso? y ¿qué sentido tiene que la DEA, desde hace más de 20 años se encuentra trabajando en el país (1)?


El decreto sobre usuarios de teléfonos móviles

    En estos días, un nuevo anuncio —controvertido— tiene como vocero al incombustible ministro de Justicia: habrá un empadronamiento obligatorio de los usuarios de telefonía móvil (2).
    Para comprender un poco esto, hay que remitirse a las exigencias que hiciera en su momento Juan Carlos Blumberg, medidas que, si bien comenzaron a ponerse en práctica, no sirvieron de nada. Tampoco lo hará la nueva propuesta.
    Para ser honesto, el hecho de empadronar a los usuarios bajo pena de dar de baja la línea no es algo malo, pero tampoco una solución. En lo personal, no me reporta nada el empadronamiento, pero de ahí, a que aseguren que esto evitará el uso de teléfonos celulares por parte de los delincuentes hay un abismo.
    Esto es así por el simple hecho de que la medida es incompleta y errónea, tampoco esto evitará los robos de equipos. El mejor ejemplo lo tenemos en lo que a las armas respecta, la delincuencia continúa armada y en muchas ocasiones mejor provista que las fuerzas regulares de seguridad. Esta medida, hay que decirlo, también abre un nuevo mercado negro, la venta de "bases de datos".
    Respecto al supuesto control de los legítimos usuarios de telefonía celular, parecería que los funcionarios ignoran que muchos de esos teléfonos que no se sabe a quién pertenecen, están habilitados con chips que salen de las propias empresas de telefonía.
    Hoy, en muchos puntos de gran circulación de ciudadanos y en colectivos o trenes se pueden adquirir chips activados por solo $5 (cinco pesos).
    El resultado de la temeraria medida sólo será causar más de una molestia a los usuarios, habría que preguntarle al gobierno si no es más coherente que, junto con esta nueva medida, se regulara la utilización del servicio de telefonía móvil, ya que las empresas no se encuentran reguladas y en los casos de reclamos queda a criterio de cada empresa los pasos a seguir. Algo similar a lo que ocurre con el servicio de Internet, que no se encuentra regulado a pesar del crecimiento que este ha demostrado en los últimos años.
    Ni hablar de las “cuevas” que abundan en la Capital Federal donde se clonan líneas no sólo de teléfonos móviles sino también de los llamados Nextel, servicio preferido hoy por los delincuentes. Por lo que la medida parece llegar algo tarde.
    En una investigación periodística anterior hecha por este cronista, se pudo constatar que muchos de los equipos legales que se suelen utilizar para los movimientos políticos —y que son facilitados por funcionarios a sus bases— terminan en poder de quienes hoy están en un piquete y mañana terminan delinquiendo, sino basta mirar fotografías o videos de marchas donde se ven a piqueteros y otros “desocupados” utilizando este servicio.
    Un punto a evaluar —teniendo en cuenta la facilidad que la tecnología hoy da a los que clonan, libera o borran incluso el IMEI de un equipo— es que, si un usuario tiene la mala fortuna de que se le "clone" su teléfono, puede terminar detenido o procesado en una causa de la que sea totalmente ajeno con todo lo que ello acarrea.
    Pero también hay que recordar que esto también puede ser hecho por los servicios de Inteligencia en operaciones políticas o de persecución de opositores.
    Por si todo esto fuera poco, ¿quién tomará correctamente las impresiones dactilares?, y cómo se determinará que la huella impresa se corresponde con el del usuario y su DNI.
    Personalmente he visto manipular impresiones digitales en una fuerza de seguridad y es algo tan sencillo que sólo lleva 10 minutos absolver o inculpar a alguien.
    La seguridad debe ser tomada más en serio y no simplemente un golpe de efecto que sólo cause molestias a los ya maltratados usuarios telefónicos.
    ¿Alguien duda de que en esta medida se esconden otros intereses?


Justicia

    El Estado nacional debe ser garante de un pleno ejercicio del Estado de Derecho, es decir, fomentar políticas en coordinación con el Poder Judicial tendientes al pleno ejercicio de los derechos y garantías que nos da la Constitución Nacional.
    Dentro de la amplía gama de actividades que un ciudadano debe tener garantizados, está el acceso a la Justicia, a su seguridad personal, al respeto de sus derechos básicos como ser el derecho a la vida, la libertad, la libre expresión, a su sexualidad, a la salud, la educación, al trabajo y a una vivienda digna.
    Lejos están las políticas hoy implementadas de todo esto, y es justamente el ministro de justicia Aníbal Fernández quien no ha hecho nada por mejorar esto, sino todo lo contrario, ha generado un roce innecesario con la Justicia al dictar resoluciones que son contrarias a su función y que merecieron el reclamo de la Suprema Corte de Justicia, cuando ordenó que toda medida judicial requerida por los jueces y fiscales a las fuerzas de seguridad debía ser comunicada a él antes de su cumplimiento, arrogándose una función de superior de los magistrados, al ser él quien autorizara o no el cumplimiento de la orden judicial.
    Si bien el decreto ministerial fue revocado luego del reclamo de los magistrados, el ministro ya había tenido actitudes reñidas con su función y sin respaldo legal, donde se negó a brindar protección a testigos protegidos.
    Pero la mejor muestra de su doble discurso y a la vez la ineficiencia demostrada, tal vez sea el caso del prófugo Julián Corres de una dependencia de la Policía Federal Argentina, donde el detenido curiosamente gozaba de privilegios que lo transformaban más en un invitado que en un detenido.
    ¿Cómo se explica que un detenido por delitos tan graves no fuera debidamente resguardado?, máxime si se tiene en cuenta que es justamente este gobierno el que pregona el arresto en cárceles comunes.
    En ese caso no solamente existió negligencia, sino que hubo corrupción, sin dudas.
    Con este cúmulo de hechos, es más que evidente que no hay un interés en mejorar la seguridad o la Justicia en beneficio de todos los ciudadanos, y muchos menos la igualdad ante la Ley.
    Otro punto de suma gravedad institucional es el hecho de que existen numerosos juzgados con jueces subrogantes, esto se debe a que desde el gobierno se ha fomentado más una política de presión a los jueces utilizando al Consejo de la Magistratura, que a mejorar el funcionamiento de la apaleada justicia nacional.
    Se sigue esperando que se regulen Tratados Internacionales de suma importancia que tienen que ver con políticas de anticorrupción, control y sanción de funcionarios, pero al parecer para esto no hay tiempo.
    Y aunque cueste creerlo en el propio ministerio de seguridad, existen situaciones laborales “irregulares”, relevos hechos por los sindicatos de empleados estatales así lo demuestran.
    Tampoco se explican algunos “contratos” de asesores y funcionarios que parecen haber omitido leer lo que a incompatibilidades se refiere, pero de esto tampoco se habla.


Derechos Humanos

    La bandera del kirchnerismo —apoyados en algunos de los sectores más aggiornados de las organizaciones de Derechos Humanos— ha sido la de implementar una política de derechos humanos sectorial y totalmente discrecional. Es decir, sólo reconoce los derechos humanos de su “propia tropa”, algo realmente vergonzoso.
    La hipocresía llega a un punto tal que, como se ha visto en los medios, ni en una cárcel común los ex represores son presos comunes, tomemos como ejemplo el caso de Miguel Etchecolatz, quien fue detenido en el penal de Marcos Paz y gozaba de privilegios VIP. Vale mencionar que el penal pertenece al Servicio Penitenciario Federal, dependiente de Aníbal Fernández.
    Es decir, mientras miles de detenidos se encuentran alojados en condiciones infrahumanas, donde no hay informes positivos de parte de los organismos de control de cárceles y donde actualmente hay un cortocircuito entre el Jefe del Servicio Penitenciario Federal el Dr. Marambio y el Procurador Penitenciario el Dr. Mugnolo, que incluso tiene una investigación judicial, es la clara muestra de que algo no funciona como debería.
    Y si tomamos a las denuncias de reducción a la servidumbre de trabajadores en talleres clandestinos, la prostitución de mujeres y menores, la trata de bancas, podemos asegurar que estamos muy lejos de ser un país donde se respetan los derechos humanos.
    El derecho a la intimidad es otro de los derechos que toda persona debe tener garantizado, pero, ha sido este gobierno el que ha impulsado leyes para “espiar” y tener archivos de los ciudadanos, tales como mails, sms, faxes, conversaciones telefónicas. Y si bien no prosperó en el Congreso, hay que ser muy ingenuos para creer que no se llevan a la práctica.
    Pero esto también es un excelente negocio, el escándalo de espionaje a jueces, periodistas, empresarios, políticos y personalidades relevantes es la confirmación de que esto existe.


Conclusión

    El ministro de justicia de la Nación el abogado y contador Aníbal Fernández es, sin dudas, alguien con una gran capacidad intelectual, motivo por el cual no podemos creer que sus declaraciones son ingenuas o de alguien que desconoce la realidad.
    Es uno de los funcionarios más hábiles a la hora de defenderse públicamente, motivo por el cual en más de una oportunidad algún periodista inexperto se ha quedado petrificado ante uno de sus arranques verbales donde ciñe el cejo, endurece la mirada y apunta los pelos de su bigote en forma amenazante.
    Pero la política también es otra cosa, la política exige un mínimo de coherencia entre el discurso y la realidad, no hacerlo es subestimar al pueblo.
    Ostentar el poder no es ejercer la fuerza, la presión, la coacción al que piensa diferente.
    Nada nuevo traen las nuevas medidas, ni seguridad, ni justicia, ni derechos humanos, es más de lo mismo, donde tendremos que ver quienes se benefician a costa de más burocracia para todos.
    Lo más grave de todas estas situaciones es que la responsabilidad no recae sólo en el ministro, sino en quienes consienten tamañas acciones —léase superiores políticos— y en la Justicia ausente, que a veces actúa de oficio en “pavadas” mediáticas y falla en lo relevante.
    En definitiva la Argentina está “hiperlejísimo” de tener funcionarios serios.

Marcelo Hawrylciw
El Sindical

(1) Ver https://periodicotribuna.com.ar/articulo.asp?Articulo=3047

(2) Ver https://periodicotribuna.com.ar/Articulo.asp?Articulo=4205