Javier Castrilli imaginó que su renuncia "indeclinable" a la Subsecretaría de Seguridad de Espectáculos Futbolísticos lo mostraría en la escena pública como una nueva víctima de la batalla contra la violencia en el fútbol. No es ésa la primera percepción que asoma, a horas de su partida del calor oficial.
    El ministro Aníbal Fernández, su jefe político y responsable máximo del área, que lo había avalado en público en varias oportunidades, en verdad ya venía rumiando malestares contra su subordinado. Lo irritaba, sobre todo, la forma de gestión de Castrilli, una mediática combinación de divismo y poses autoritarias que el titular de la cartera de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, juzgaba "poco eficiente y sin criterio político" en la intimidad de su despacho. La norma que obliga a los clubes a instalar butacas en todos los estadios, avalada por la FIFA hace once años, y que dio resultado en países de violencia ancestral en las canchas, como Inglaterra, fue la piedra de la discordia final.
    Los clubes de Capital Federal (Boca, River, San Lorenzo, Huracán, Vélez y Argentinos Juniors) lograron del ministro una nueva prórroga hasta 2009, argumentando cuestiones de presupuesto y de hábitos culturales, además de la necesidad de llegar a mayores consensos sobre la disposición.
    En verdad, la Legislatura de la Ciudad ya había avalado esa prórroga. La mano de Mauricio Macri no estuvo ausente en esa decisión. De hecho, Boca hizo punta en la AFA para instalar un monolítico piquete en contra de la iniciativa.
    Si hubo un punto de acuerdo en la conflictiva convivencia entre el Gobierno nacional y el porteño, fue éste. Y no resultó para nada casual: "No podíamos cederle a la Ciudad un liderazgo en estas cuestiones", dicen cerca del ministro Fernández. Y agregan: "Fue un problema político, pero de eso Castrilli entiende poco". Y agregan: "El pone la norma delante de la realidad, por eso se encaprichó y generó un conflicto donde todavía se pueden explorar más espacios para el acuerdo".
    El reproche final apunta a lo que consideran el verdadero detonante de su previsto portazo: "Se fue porque nunca pudo presentar un plan de seguridad integral para el fútbol. Y para eso no bastan las normas como la de las butacas, sino acuerdos políticos de fondo", argumentan, aunque sin enumerarlos.
    Del lado de Castrilli lo ven diferente. Creen, con convicción, que la gente sentada es un factor decisivo para domesticar los brotes violentos. Y más: "La nueva prórroga pone al desnudo la complicidad de los dirigentes con las barras. Están pidiendo protección y no otra cosa". Lo cierto es que el "Sheriff" ya hizo las valijas y se alejó de la función pública, a la que había asomado de la mano de Gustavo Beliz, a quien se había sumado en su agrupación Nueva Dirigencia, en el amanecer de la presidencia de Néstor Kirchner. Y sobrevivió a los distintos ministros que tuvo su área, Horacio Rosatti, Alberto Iribarne y hasta ayer el propio Aníbal Fernández.
    Castrilli se lleva en sus alforjas la audacia de haber hecho jugar fútbol sin hinchas visitantes, pero también cuatro muertes de hinchas selladas bajo el manto de la impunidad. Y el logro de que los jefes máximos de las barras de River y Boca conocieran durante su gestión la soledad de los calabozos.
    No puede hablarse de fracasos, pero sí de logros insuficientes. Aníbal Fernández busca un sucesor "de perfil bajo y que labure en serio".
    Castrilli se quedó, finalmente, con su esencia. El rol de un espectador justiciero, que asume ante las cámaras de un programa de cable, juzgando la actuación de los afiliados de su gremio anterior, los árbitros de fútbol. El único respaldo verdadero que supo construir al cabo de ocho años de tránsito en la política.

Pablo Arias