La última transferencia de escuelas que tuvo lugar en 1992 en el país, cuando se giraron las escuelas secundarias a las provincias y sin fondos que la acompañaran, dejó en claro que el papel de la Nación iba a ser el de "coordinar" la política educativa y, a la vez, eludir con comodidad las preguntas sobre conflictos y huelgas docentes.
    En ese sentido, los docentes también entendieron el nuevo mecanismo: tenían que dirigirse a sus respectivos gobernadores y ministros de Educación para solucionar sus históricos reclamos; los estudiantes en las calles de su jurisdicción y, al mismo tiempo, los funcionarios que en adelante tenían escuelas y maestros enfrentar el mantenimiento y sostén financiero.
    Desde hace más de una década, por lo tanto, las protestas docentes con intermitencias no cesaron, la pérdida de días de clases tampoco y, en ese marco, se confundieron los lamentos de las provincias de no contar con recursos suficientes, de estar tironeados por la Nación en la coparticipación y de hasta fijar los sueldos mínimos del magisterio.
    Los docentes, que en general como marca y remarca CTERA son "trabajadores de la educación", se conformaron tradicionalmente en el termómetro gremial del país y en el espejo en que se miraron casi siempre el resto de los estatales, en un escenario en que se conservaron como uno de los sectores con mayor independencia de los gobiernos de turno.
    Ello, a pesar de las críticas que recibieron los "ceteristas" por compartir fotos con el ministro de Educación, Daniel Filmus, en el arranque de clases del ciclo lectivo en Entre Ríos en 2003, cuando se pagó a los maestros en huelga desde hacía dos meses, con fondos tramitados al Banco Mundial durante la gestión de Roberto Lavagna y la ex titular de Educación Graciela Giannettasio. Pero este papel "rector" que quedó para la Nación, ahora huérfana de escuelas, docentes y alumnos —a excepción del nivel universitario que aún está bajo su órbita— estaría generando algunos tironeos a la hora de la discusión salarial o negociación paritaria, que tiene lugar a nivel jurisdiccional con los maestros.
    Tal es el caso de la provincia de Buenos Aires, donde se sabe que cuenta con un importante déficit y que no estaría peleando los recursos coparticipables con la Nación con el énfasis que esperan los sindicatos del Frente Gremial docente.
    El magisterio bonaerense, que rechazó hace horas la propuesta de una suma fija de un 7 por ciento no remunerativa y hará el segundo paro del año el jueves 21, tras el fracaso de la paritaria del viernes último, señalaba por lo bajo que "la Nación no quería otorgaran un nuevo aumento".
    Uno de los motivos sería el que se subirían a esa mejora el resto de los trabajadores estatales no solo del gigantesco territorio bonaerense sino también del resto de las jurisdicciones.
    Sin embargo el maestro, cuyo sueldo inicial es de 1.290 pesos, gusta por un lado ser considerado un trabajador pero a la vez defiende la pertinencia un sector social intelectual y ligado al consumo de bienes culturales, del que dicen hoy se ven impedidos por el alza de precios.
    Algunas entidades docentes prefieren poner paños fríos con los gobiernos y le enrostran el alza de precios al lock out del campo.
    En ese marco habrá que ver cómo se comporta la relación del magisterio bonaerense con los funcionarios provinciales hasta la tregua que se pidió para el 15 de octubre, teniendo en cuenta además que las anónimas "bases" consideran "insuficiente" un paro por 24 horas y estarían reclamando medidas más prolongadas y drásticas.
    También observar en qué medida se resiente la calidad del aprendizaje de los chicos y la pérdida de días lectivos, tan gravitantes en su formación, cuando en este caso se estaría discutiendo por unos tres puntos más de aumento.

Laura Hojman