En la catarata de disparates que se
escuchan en torno del affaire Aerolíneas, no existe el menor atisbo o
pensamiento conducente a poner en blanco sobre negro la real situación
patrimonial de la compañía.
Se dice sin rigor que el patrimonio neto de la empresa es
positivo o negativo sin conocer realmente como se integra el mismo, sin haber
realizado un inventario y menos aun sin conocer los pasivos ocultos.
Se afirma alegremente que hay que expropiar la empresa o
comprarla por un valor irrisorio sin tener en cuenta cual es el costo que ello
implica para el Estado y sin conocer fehacientemente si existen pasivos
contingentes. Tampoco nadie conoce cuales podrían ser los nuevos endeudamientos
habida cuenta del alto nivel de litigiosidad que enfrenta la compañía tanto aquí
como en el exterior.
Se coloca en un pie de igualdad el tratamiento de
Austral y de Aerolíneas cuando nadie puede determinar si se trata de
casos análogos, a pesar de que son sociedades diferentes, con estados contables
y patrimoniales diferentes dentro de un mismo grupo.
Nadie en el Congreso pudo establecer que la crisis de
Aerolíneas no es un hecho aislado sino que es la consecuencia de una
política aerocomercial que llevó a la quiebra a todo el sector de no ser por los
subsidios estatales. De hecho, ningún legislador inquirió al secretario de
Transporte para saber por qué razón durante su gestión seis empresas fueron a la
quiebra, en su mayoría sospechadas de operaciones irregulares.
Sin embargo, el escándalo rodea al caso Aerolíneas que
amenaza con convertirse en uno de los más perjudiciales de todos los tiempos.
Basta con recordar, que con las cifras preliminares que se manejan, el caso
Aerolíneas se lleva a pérdida más plata que la que insumió el escándalo del
Ente Autárquico Mundial '78, sólo por mencionar un emblema de la crónica
infeciencia y la corrupción en la Argentina que no hace distingos entre
democracia en emergencia y regímenes totalitarios.
Pero si el caso Aerolíneas es de una gravedad
notoria, no es menor la importancia que habría que asignarle al notable grado de
aislamiento internacional en el que se encuentra el país.
El durísimo discurso del embajador de los Estados Unidos,
Anthony Wayne, señalando la preocupación de su gobierno, por el alarmante
aumento del tráfico y consumo de alcaloides en el país, pone de manera indeleble
el calificativo de país sumamente inseguro para un ambiente de negocios. El
categórico informe del Banco Central de España colocando a la Argentina en una
situación de inseguridad y peligrosidad para las colocaciones de ultramar, pone
al descubierto la debilidad de la administración a la hora de atraer nuevas
inversiones.
Si algo le faltaba a este diagnóstico de aislamiento, lo
completó el subsecretario de Asuntos Latinoamericanos de los EE.UU., Thomas
Shannon, cuando dejó en claro que más allá del próximo cambio de gobierno, la
política exterior respecto de América Latina será la misma y la Casa Blanca
continuará con llevando adelante sus acuerdos de libre comercio y quien quiera
subirse a la locomotora de Washington que lo haga y quien no permanecerá
aislado.
El NAFTA resultó y con monumentales beneficios para México y
Ottawa. Santiago va en la misma vía. Panamá, Lima, Bogotá y San José esperan la
ratificación del congreso norteamericano. Montevideo y Asunción esbozaron la
misma intención y avanzan en ese sentido. Brasilia aguarda a negociar mano a
mano desde una posición de mayor fortaleza. La administración Kirchner lo
rechaza y se alinea con Evo Morales, Hugo Chávez, Rafael Correa y los Castro.
¿Será otra oportunidad perdida? ¿Una nueva frustración? Mientras tanto, la
inflación generada por la ineficiencia oficial sigue horadando el bolsillo de la
sociedad y aumentando los niveles de pobreza y de marginalidad, un ambiente apto
para que germine aún más el crimen.
Miguel Ángel Rouco