Los familiares de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez y sus abogados denunciaron hoy que los gobiernos bonaerense y nacional no tienen interés en resolver el caso y dijeron que Jesús Martínez Espinoza, sindicado como líder de una banda narcos mexicanos, no tiene el "perfil" de ser responsable del hecho pero posiblemente sí otras personas mencionadas en esa causa.
    "Evidentemente al gobernador (bonaerense, Daniel) Scioli no le interesa el esclarecimiento de este crimen", dijo el abogado Rubén Ramírez, patrocinante de las familias de las víctimas, acompañado por el otro letrado, Miguel Angel Pierri, en una conferencia de prensa.
    Estuvieron los familiares de las víctimas: Solange Bellone, esposa de Sebastián Forza; Zulema Arruti, madre de Leopoldo Bina, y Rosa Cristiano y Diego Ferrón, madre y hermano de Damián Ferrón. También apuntaron al Gobierno nacional por su presunta falta de respuesta y denunciaron una posible zona "liberada" y que la policía habría participado en el crimen.
    Ramírez dijo que "la facultad para ayudarnos a esclarecer este crimen, el Poder Ejecutivo no las ejecuta", en referencia a que no prosperaron sus reclamos de una recompensa a quien aporte datos y un programa de testigos protegidos.
    Pierri volvió a pedir a la Corte nacional que dirima la competencia y advirtió que si decide por la Justicia ordinaria porteña o la de Mercedes insistirán con que "declinen en favor de la Justicia federal" (el juez de Zárate-Campana Federico Faggionato Márquez, a cargo de la causa de los mexicanos).
    Asimismo, señaló que Martínez Espinoza —arrestado la semana pasada en Paraguay— no tiene el "perfil para ser el responsable de los homicidios", aunque sí otros mencionados en la causa, y dijo que habrían sido "por lo menos tres personas".
    "Desde el juzgado federal hay una investigación que puede orientarnos", dijo Pierri, quien negó que sea una venganza por drogas o venta de efedrina para hacer metanfetaminas como las halladas en la casaquinta de Ingeniero Maschwitz.
    "Hay personas vinculadas a la actividad de los asesinados que se relacionaron, vendieron, compraron, descontaron cheques (...) Estamos encima de la matriz investigativa. Pensar que fue un homicidio común es estar alejado de la realidad; actuó una organización criminal con roles y funciones, cuyo mandato era matar, asesinar, hacer desaparecer pruebas", sostuvo Pierri, y cuestionó la falta de avance de la fiscal porteña Ana Yacobucci.
    También denunció la "irresponsabilidad de algún funcionario público que modificó el escenario del crimen", en referencia a los cambios operados donde aparecieron los cadáveres.
    Su colega Ramírez dijo que Faggionato "tiene identificadas otras personas relacionadas con las personas asesinadas; parte de su organización sí pudo haber tenido contacto con alguno de los tres, hay personas relacionadas en las dos causas, y sería interesante que investiguen un mismo juez y un mismo fiscal".
    Los familiares de las víctimas exigieron a la presidenta Cristina Kirchner que les conceda una audiencia y aseguraron que en el crimen habrían actuado policías y hubo "zona liberada".
    Bellone señaló que "esto no tiene que ver con gente de afuera y veo una intención de tapar y eso me preocupa mucho". Y sostuvo que si bien el crimen se orientó a una causa por narcotráfico fue "para tapar la investigación". En ese sentido señaló que la falta de respuestas fue porque los responsables sienten que el caso es "la horma de sus zapatos y quieren dejarlo pasar".
    "Nos indigna porque no tenemos apoyo. Hemos tratado de comunicarnos de distintas maneras con el Gobierno. Le pido a la Presidenta como mujer que me entienda y nos ayude para que esto se esclarezca, por nosotros, por los argentinos y porque vivimos en democracia y estas cosas no tienen que pasar", dijo.
    Arruti sostuvo que los funcionarios tienen la "obligación" de recibirlas, aseveró que "no necesitamos mafia de afuera, con las de acá son suficientes" y consideró que "la misma policía" llevó a las víctimas al lugar donde las asesinaron.
    Se destacó la gravedad de haberse modificado el lugar donde hallaron a las víctimas y Ramírez dijo que la decisión habría sido del intendente de Rodríguez, Marcelo Coronel. "Habrá sido el intendente, que dijo que era un viejo reclamo de vecinos; quién le dio la orden, no sé", amplió.
    "Si tiene una acción política porque ha barrido la escena del crimen, en su momento tendrá una responsabilidad judicial por haber destrozado ese lugar", alertó.
    Asimismo, sostuvo que "mientras ya habían aparecido noticias acerca de que los tres chicos habían sido secuestrados, tuvimos comunicación de parte de (el ministro del Interior, Florencio) Randazzo pidiendo teléfonos de las familias para reunirse".
    "A partir de que el gobernador de la provincia (Scioli) y el ministro de Seguridad (Carlos Stornelli) dicen que se debió a un crimen mafioso y que por sus características estaría ligado al narcotráfico, jamás tuvimos respuesta alguna; la política oficial fue dirigida a decir que esto es una ajuste cuentas entre narcotraficantes", sostuvo.
    "A la provincia de Buenos Aires tampoco le interesa llevar esta causa; al gobernador Scioli no le interesa", enfatizó.
    En tanto, Pierri insistió en su pedido a la Corte: "Confiamos en el criterio del máximo tribunal; así como una causa federal por narcotráfico se viene moviendo con agilidad, queremos lo mismo con esta causa". y enfatizó que "si se necesita de un testigo protegido, el Ejecutivo puede disponerlo de emergencia".

Luis Tarullo
DyN