Ante la crisis global, el mundo desarrollado coincidió en una serie de medidas económicas, entre las que se destacó la fabulosa inyección de fondos para salvar bancos e incentivar la actividad económica, mientras que en la Argentina el Estado, en vez de aportar dinero —teniendo en cuenta que siempre el gobierno de los Kirchner exaltó el alto nivel de reservas y el superávit— le tira la pelota al sector privado.
    Economistas locales venían advirtiendo sobre el riesgo para las cuentas del Estado que implicaban los altísimos subsidios con que se beneficiaba a algunos sectores de servicios y justo en este momento el Gobierno decide bajarlos para colocar sobre los hombros de los particulares la carga de una suba de tarifas, cuando la actividad económica cae al suelo.
    Lejos de intentar establecer algún tipo de línea de crédito para aliviar a las empresas de la carga de la crisis, y en consecuencia frenar la ola de despidos, suspensiones y vacaciones forzosas, se aumenta más el costo de las principales actividades económicas ya que se castiga a los grandes consumidores, no sólo los particulares, sino los que tienen actividades productivas.
    El Gobierno dijo en los días en que arreció un insólito calor para el mes de noviembre que la disponibilidad de energía estaba "garantizada" y que a lo sumo, habría algunos "problemitas", como lo definió el ministro de Planificación, Julio de Vido.
    Una vez más, la realidad de los Kirchner y su entorno es muy diferente a la del grueso de la gente. Los cortes de energía asolaron al país, resurgieron los cacerolazos en algunos barrios y lo que es peor, se despertó el temor sobre qué es lo que ocurrirá en el inminente verano.
    En realidad, nada está garantizado, sobre todo en materia de disponibilidad energética.
    Las autoridades nacionales finalmente reconocieron que algunos coletazos de la crisis global golpean a la Argentina, y vaya si lo saben industriales, comerciantes, productores agropecuarios y trabajadores, pero como todo plan de contingencia, idearon una gigantesca moratoria, la mayor de la historia, dicen los expertos, y la más injusta, más un enorme plan de facilidades para el blanqueo de capitales.
    No parece ser que esas dos medidas tengan alguna relación con la posibilidad de mejorar el nivel de actividad económica: más bien hablan sobre la necesidad imperiosa de un Estado de recaudar a costa de lo que sea.
    Los anuncios hechos por el jefe de gabinete, Sergio Massa, tuvieron más relación con la desesperación del Gobierno por obtener más fondos, en tanto con el blanqueo de capitales le facilita la vida a los que sostienen negocios sucios, ya que ¿quién puede imaginar que quienes tienen dinero bien habido y lo pusieron al resguardo en el exterior, tendrán algún interés en repatriarlo? Las decisiones fueron demasiado audaces como para pasar así nomás por el Parlamento, como pasó la aprobación de la ley al Cheque, otra norma para permitir recaudar al Estado nacional —como siempre, dejando de lado a las provincias ya que no lo coparticiparán— o como la emergencia económica, también contradictoria con el discurso oficial.
    ¿No era que con la asunción de Néstor Kirchner el país alcanzó los máximos niveles de bonanza conocidos? ¿por qué razón, entonces, año tras año la actual administración pide y logra que se prorrogue la emergencia económica, que otorga al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias para disponer de los dineros públicos? La moratoria y el blanqueo ya han sido tachadas de injustas y hasta de inconstitucionales, además de altamente peligrosas. Obviamente aquellos que han pagado puntualmente sus impuesto quedan en desigualdad de condiciones frente a los evasores que ahora no sólo son perdonados, sino que además podrían cancelar sus deudas con importantes quitas.
    "Para los evasores, traje a rayas", había dicho Néstor Kirchner cuando estaba en la Presidencia. El pragmatismo del matrimonio presidencial es altamente notable, así como la fluidez con que cambian de idea sin dar mayores explicaciones a la ciudadanía.
    El blanqueo, en tanto, abre sospechas sobre las intenciones ocultas de quienes están en el poder de favorecer el lavado de dinero. Justo ahora que la Argentina está sacudida por el escándalo del narcotráfico, aunque el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, siga insistiendo en que el país es sólo un lugar "de tránsito" de quienes manejan el dinero y el poder que dan las drogas ilegales.
    Muy poco claras resultan las intenciones de un gobierno que frente al fantasma de la recesión, sólo opta por beneficiar a los más ricos y a los menos transparente; una política que se da de bruces —una contradicción más— con el discurso pseudo progresista de esta administración.
    ¿Y a los pobres, y a la clase media, cuando les toca? Los asalariados no pueden acogerse a una moratoria, porque de sus sueldos se les quita directamente el porcentaje correspondiente a los impuestos. Ese dinero, su dinero, probablemente fue utilizado por sus patrones para hacer otros negocios y evadir o demorar el pago correspondiente. Ahora son ellos los que recogen los beneficios: ningún reintegro recibirán los trabajadores aunque sus empleadores hayan hecho buen negocio con su dinero.
    No aparecen incentivos para la industria, ni para el campo, ni para el comercio, y tampoco se aceptó el pedido de las centrales obreras de tomar alguna medida para que prohíba en la emergencia los despidos. Para los trabajadores, no hay leyes de emergencia que los protejan.
    Menos a los pequeños comerciantes y pequeños empresarios que sufren la caída de las ventas sin poder hacer nada por frenar la hemorragia, porque ninguna medida ha sido dictada desde el Estado para favorecerlos.
    La política estatal parece establecer líneas de discriminación entre la ciudadanía: están los habitantes de primera, que son perdonados aunque evadan, o aunque hagan negocios sucios, y son castigados los que producen y los que trabajan. El descontento social, sin embargo, ya se está haciendo sentir. Habrá que ver qué estrategia elabora el gobierno del matrimonio Kirchner para acallarlo.

Carmen Coiro